La OEPM publica la norma que regula las Indicaciones Geográficas de Productos Artesanales e Industriales a nivel nacional
El 30 de diciembre de 2025, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 1190/2025, de 26 de diciembre, por el que se regulan los procedimientos nacionales relativos a la inscripción, modificación y anulación de las Indicaciones Geográficas de Productos Artesanales e Industriales (IGAI) de ámbito territorial supraautonómico en el Registro de la Unión, en aplicación de la normativa comunitaria.
La Unión Europea ha ampliado recientemente la protección de las Indicaciones Geográficas —tradicionalmente reservadas a los productos agroalimentarios— a los productos artesanales e industriales. Esta figura reconoce derechos de Propiedad Industrial a aquellos productos cuya calidad, reputación o características están estrechamente vinculadas a un territorio concreto y a su tradición productiva.
El nuevo sistema de protección está regulado por el Reglamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre, que establece un procedimiento de registro en dos fases: una nacional y otra a nivel de la Unión Europea.
En este contexto, el Real Decreto designa a la OEPM como autoridad nacional competente durante la fase nacional del procedimiento para las IGAI cuyo ámbito territorial supere el de una comunidad autónoma. La norma completa y detalla el procedimiento nacional, regulando aspectos clave como el trámite de oposición y el papel de la OEPM como oficina de enlace entre las autoridades autonómicas y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Asimismo, incluye disposiciones aplicables a las indicaciones geográficas de ámbito exclusivamente autonómico.
El Decreto también subraya la importancia de la cooperación entre administraciones públicas para el correcto funcionamiento del sistema. Con este objetivo, se prevé la creación de una mesa de coordinación de las IGAI como órgano de colaboración entre la OEPM y las comunidades autónomas.
Por último, el Real Decreto establece el régimen de control oficial de las indicaciones geográficas supraautonómicas y designa a la OEPM como la autoridad responsable de verificar el cumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los productores amparados por una Indicación Geográfica.
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