PIENSA EN VERDE, EMPRESA

El pasado 12 de diciembre, tuvimos una clase con Santiago Muñoz Cumplido que nos explicaba la huella de carbono aplicada en Correos (http://www.correos.es/ss/Satellite/site/info_corporativa-1363187742406-responsabilidad_social/detalle_empresa-sidioma=es_ES). A lo largo de la clase, hizo una referencia a una Directiva para reportar información no financiera. Esto despertó mi interés… ¿De qué trata la Directiva?

Busqué información y encontré dos temas interesantes que se impulsan desde la Unión Europea:
DIRECTIVA SOBRE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
La directiva dice que las compañías que tengan más de 500 trabajadores y superen una facturación de 40 millones de euros deberán informar de sus impactos medioambientales, sociales y en materia de anticorrupción. Por tanto, esta directiva afecta a más de 6000 empresas que deberán ampliar la información que ofrecen y publicar los aspectos medioambientales que las involucren. No obstante, será en 2016 cuando se espera que la directiva esté aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo y transpuesta a los ordenamientos jurídicos de cada país.
Se puede ampliar información en el artículo «Transferencia Obliga» de Miguel Ángel García Vega en el periódico El País (http://elpais.com/elpais/2014/04/23/planeta_futuro/1398270158_320707.html).
REAL DECRETO 163/2014
Este Real Decreto tiene su origen por la Decisión 406/2009/CE, en la que se pide esfuerzo a los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para cumplir los compromisos que tienen hasta 2020.
La Comunidad señala que no es suficiente con el esfuerzo único de los sectores afectados por el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. España debe reducir sus emisiones un 10% respecto a 2005 por lo que se enfrenta a un reto y para ello, debe contar con el esfuerzo de otros sectores de la economía.
Es importante señalar que la participación en el registro de huella de carbono es de carácter voluntario, estando dirigido a personas físicas o jurídicas públicas o privadas y trabajadores autónomos que deseen participar en el mismo. Para ello, se ha tratado de facilitar su participación a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Miriam Sánchez-Escalonilla


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