Historia de la propiedad intelectual en Propiedad intelectual

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Wikilibro: Propiedad intelectual > Capítulo 2: Historia y panorámica general de la propiedad intelectual

Sección 1

Historia de la propiedad intelectual

En el Mundo Clásico (Grecia, Roma) no se conocía nada parecido a la PI ni a los derechos de autor. Existe una incipiente industria editorial, apoyada en las copias manuales que los esclavos hacían de los textos más destacados. Pero los autores carecían de cualquier derecho sobre su obra intelectual. Como señala Fernando Miró Llinares pueden encontrarse textos donde se refleja un sentido de respeto hacia la obra intelectual, pero desde una perspectiva más moral que jurídica). En la Antigüedad no existían normas contra el plagio, ni fórmulas legales de retribución para el autor.

En la Alta Edad Media la producción editorial se redujo notablemente, y los monasterios fueron las únicas instituciones que continuaron manufacturando libros. Monjes y frailes copian obras clásicas, estas copias son manuales y muy escasas, la difusión de las obras muy limitada. A partir del siglo XII, con el desarrollo de las Universidades, la demanda de textos crece, el número de copias se multiplica, y los textos circulan con mayor fluidez....

En la Edad Moderna, la invención de la imprenta de tipos móviles, hacia 1450, por Johann Gutenberg, supone una revolución en la producción y distribución de obras literarias. Dos son los cambios fundamentales que trae aparejados: facilitar la reproducción masiva, de miles de copias, en breve tiempo y a un coste reducido generalizar el acceso del público a las obras literarias.

El primer aspecto supone que, por primera vez, se distingue entre la obra, entendida como el contenido ideal de un texto literario, y los múltiples ejemplares que de ella se hacen de forma mecánica y repetitiva.

Con la imprenta la producción cultural comienza por primera vez a generar riqueza. El impresor o editor se responsabiliza de una inversión inicial en infraestructura, que luego rentabilizará imprimiendo obras y vendiéndolas al público. Pero era preciso articular un mecanismo legal para asegurar al impresor un beneficio empresarial a cambo de su inversión (talleres, rotativas…). Este mecanismo consistía en un Privilegio, por el cual solamente el impresor, y nadie más, podía editar y distribuir las obras de un cierto catálogo.

Los primeros privilegios de impresión, para el ejercicio exclusivo de esta actividad en una ciudad o villa, se dan hacia 1470-1480. Se facilita la introducción de la industria editorial mediante concesión real, impidiendo en un principio la competencia. Después los privilegios se multiplican por Europa. Hacia el año 1500, por ejemplo, Venecia contaba ya con cuatrocientas imprentas.

Los privilegios de impresión: Se concedían al editor, no al autor Eran de duración temporal y ámbito territorial A menudo para obras no publicadas Su infracción era duramente castigada (incluyendo la confiscación de las obras y de la imprenta).

Este marco legal tenía la finalidad de incentivar la actividad editorial mediante monopolios temporales. Pero el sistema acabó generando una dinámica de tipo monopolista, sin apertura a nuevos empresarios, y privilegiando a los anteriores.

En Inglaterra, a lo largo del siglo XVII se fue desarrollando una tensión entre los impresores, que contaban con la exclusiva de edición de las obras, y quienes abogaban por la libertad de imprenta sin restricciones. Un privilegio de 1557 a favor de la Stationer’s Company (el gremio de editores) había sido renovado en diferentes ocasiones, pero llegó a su término finalmente en 1694. Entre 1695 y 1710 no existió marco legal regulador del privilegio de impresión. Los editores promovieron la adopción de un nuevo privilegio, a través de un proyecto de ley, pero el trámite parlamentario resultaría distinto al previsto por ellos. Y en 1710 se aprueba el Statute of Anne (Estatuto de la Reina Ana), la primera ley conocida sobre derechos de autor.

La consecuencia más significativa de la aprobación del Statute of Anne fue la introducción de un plazo de duración del copyright, mientras que antes los privilegios podían ser indefinidos. Los derechos atribuidos por esta ley no beneficiaban sólo a los editores, sino en primer lugar a los escritores. Se plasma con fuerza de ley la exigencia de imprimir con permiso del autor. El título de la Ley es “Una ley para el fomento del saber mediante la concesión de derechos sobre las copias de libros impresos a sus autores, o sus adquirentes, durante los plazos aquí mencionados”.

Los argumentos subyacentes al debate inglés (y europeo) del siglo XVIII pueden agruparse en dos grandes grupos:

por un lado, los proporcionados por las teorías del Derecho Natural, que ponían el acento en que las obras protegidas son el resultado del esfuerzo y del talento creativo de sus autores, que tienen un derecho natural sobre ellas, fundado en la razón;

por otro, argumentos de tipo instrumental, utilitarista, que insistían en la utilidad del copyright para incentivar la creación artística y literaria, en paralelo con la utilidad de las patentes para incentivar los descubrimientos técnicos. El Statute of Anne se situaba en esta segunda línea.

Quienes defendían un derecho natural del autor sobre sus creaciones proponían un copyright perpetuo, pues dicho derecho natural era difícilmente compatible con un término limitado. Quienes rechazaban dicha postura se inclinaban por dotar al copyright de un fundamento puramente legal y estatutario, negando que las ideas pudieran ser objeto de propiedad como las cosas materiales. Un documento de gran interés, porque aborda el tema del copyright con algunos argumentos muy actuales, es el Discurso del político inglés T. B. Macaulay en el año 1841.

En Francia los ilustrados defendieron que los derechos de autor debían ser protegidos con más fuerza que otros, porque pertenecen al ámbito esencial y personalísimo del sujeto: el talento o ingenio. Por ello se trata de una propiedad más personal y más fundamental que la que existe sobre los bienes materiales. Tras la Revolución Francesa de 1789 se aprueban el Decreto de la Asamblea Nacional de enero de 1791 y el Decreto de la Convención de julio 1793: en ellos se reconoce la PI sobre las obras dramáticas y musicales, sus representaciones, y sobre todas las obras impresas. En Francia el argumento del “derecho natural” de los autores sobre sus obras, como una propiedad especial, caló muy hondo, y se ha reflejado en la legislación desde 1789. El modelo se extendió durante el s. XIX por la mayor parte de Europa Continental.

En los EE.UU. los derechos de autor (como los derechos de patente) tienen rango constitucional. La Constitución de 1787 incluye la copyright clause – se trata de una norma federal, que limita los poderes del Congreso (sólo puede conceder derechos de copyright con ciertos fines y por tiempo limitado). El Congreso puede “promover el progreso de las ciencias y de las artes útiles”, y para conseguir este objetivo cuenta con un medio específico: garantizar un derecho exclusivo sobre las obras de creación. El interés público prima sobre el interés particular de los autores.

Una de las líneas inspiradoras de la copyright clause de la Constitución era el rechazo a los monopolios. Esta postura era sostenida por Thomas Jefferson. Para él, el libre intercambio de ideas y de expresiones no podía ni debía ser restringido, y la simple noción de “propiedad intelectual” le resultaba un contrasentido: las ideas no son susceptibles de apropiación exclusiva ni pueden ser objeto de propiedad como las cosas materiales.

Durante el siglo XIX EEUU permanece fuera del sistema internacional de derechos de autor, no concediendo protección a las obras e invenciones extranjeras (hasta 1861 en materia de patentes, hasta 1891 en copyright). Los EE.UU. renunciaron, durante muchos años, a adherirse al Convenio de Berna (el más importante en materia de derechos de autor), por lo que no ofrecían, en suelo americano, ninguna protección a los autores europeos, y las obras de éstos circulaban en los EE.UU. sin generar derechos a sus creadores. La razón fundamental es que los EE.UU. (y otros países en desarrollo) fueron durante el siglo XIX un deudor neto en derechos de PI; esto es, que para su desarrollo se apoyaron en invenciones y obras protegidas originadas en otros países, y lo hicieron sin abonar contraprestación alguna.

El caso de EE.UU. no es excepcional. Durante la primera mitad del s. XIX Bruselas fue la capital de la piratería de libros en lengua francesa. Suiza tardó mucho en adoptar medidas de protección para las patentes y derechos de autor de titulares extranjeros, como Japón, Taiwán, Corea del Sur, y China, que también han aprovechado la copia de las invenciones de otros como recurso para impulsar su crecimiento económico.

Esta situación cambia cuando, a partir de los primeros años del siglo XX, los EEUU pasan a ser un país exportador de productos de creación, y éstos forman ya parte de una potente industria cultural. Una vez que la balanza comercial se inclinó a favor de los EE.UU., este país tenía poderosas razones para aprobar leyes estrictas con el fin de proteger a sus autores, y a otros titulares de derechos de PI (artistas, productores…).

En este proceso, a menudo las innovaciones técnicas, industriales y comerciales han tenido que abrirse paso contra las estructuras establecidas en distintos sectores de la industria cultural. Esto ha supuesto, a menudo, actuar al margen de la normativa legal que en cada momento regulaba la propiedad intelectual. Las normas han tenido que irse adaptando a los desarrollos tecnológicos, económicos y sociales. Hay diferentes casos que ejemplifican bien este proceso, y que cita Lawrence Lessig en su libro Cultura Libre, págs. 73-81:

  • Cine
  • Música grabada
  • Televisión por cable

En el siglo XIX comenzaron a crearse sociedades que agrupaban a los autores para la defensa de sus intereses. La primera de ellas está ligada al nombre de Beaumarchais. Este escritor se enfrentó a diversos teatros que se resistían a reconocer los derechos de los autores de obras dramáticas. Ello dio origen a la fundación en 1777 del Bureau de législation dramatique, transformado más tarde en la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) que aún existe.

A la SACD siguió la Société des gens de lettres (SGDL) fundada por Víctor Hugo, Balzac, Dumas y otros en 1838, como organismo “de reflexión, de iniciativa y de vigilancia al servicio de la creación intelectual”. Esta sociedad ha sido protagonista principal de un caso judicial muy reciente en Francia, referido a los derechos morales de Victor Hugo sobre su obra cumbre “Les Misérables”, donde la SGDL solicitó que se le reconociera legitimación procesal, esto es, un interés a accionar como parte en dicho juicio en defensa del interés colectivo de sus miembros.

En el año 1850 unos doscientos autores crearon en Francia la SACEM, la primera entidad de gestión colectiva de derechos de autor en sentido moderno. Gestiona básicamente derechos musicales. En la actualidad tiene más de cien mil socios en todo el mundo.

Con la internacionalización comienza a plantearse un importante problema jurídico: ¿cómo proteger a los autores cuyas obras son traducidas, publicadas y distribuidas, no sólo en su país, sino en países extranjeros? Algunos países, como Francia, optaron por medidas unilaterales, otorgando por ley la misma protección a las obras extranjeras que a las francesas. En 1878 se creó la ALAI (Asociación Literaria y Artística Internacional), concebida como un foro abierto para debatir la defensa jurídica de los derechos de autor y proponer reformas legales.

En ESPAÑA la primera norma que tuteló los derechos de autor fue la Real Orden de marzo de 1763: el privilegio de impresión se concedía al autor de la obra literaria, y se negaba a cualquier comunidad o empresa. Sigue la Real Orden de 1764: este privilegio puede transmitirse a los herederos del autor que, por petición expresa, podían obtener la prórroga. Estas normas pertenecían todavía al modelo tradicional de protección gubernativa y privilegios reales. Un cambio sustancial no llega hasta el Decreto de libertad de prensa e imprenta de noviembre de 1810, y el Decreto regulador del derecho de autor de junio de 1813, que en el contexto de la Constitución de Cádiz declara el derecho de los autores al goce exclusivo de sus obras, y a la transmisión de este derecho, durante su vida y otros 10 años. Ambos decretos fueron derogados por Fernando VII.

La Ley Calatrava de 1823 declaró la propiedad del autor sobre las producciones de su ingenio; equipara la usurpación y el plagio al delito de hurto; no establece límites temporales. Fue asimismo derogada por Fernando VII.

La Ley de Propiedad Literaria de 10 de junio de 1847 fue la primera que en España reguló de forma sistemática los derechos de los autores: escritores, compositores, pintores… Protegía el derecho de reproducción durante la vida del autor más 50 años, y el de representación escénica durante la vida del autor más 25 años. Su texto íntegro se publicó en la revista pe.i. nº 2 (mayo/agosto 1999).

La siguiente es la Ley de PI de 10 enero 1879 (con Reglamento de 1880), que ha permanecido vigente hasta 1987. Bastante avanzada en su momento, con un concepto amplio y flexible de obra. No reconocía los derechos morales de los autores, y obligaba a inscribir las obras en el Registro de la PI, dentro de determinados plazos, para otorgarles protección legal. La Ley de 1879 estableció un plazo amplísimo de protección para los derechos de autor: hasta los 80 años después de su muerte. Esta Ley exigía el registro de la obra en el plazo de un año desde su publicación, transcurrido el cual la obra pasaba a una especie de “dominio público provisional”, durante 10 años, transcurridos los cuales podía inscribirse de nuevo la obra durante un año y recuperar el autor sus derechos.

Este sistema fue sustituido en 1987 por una nueva Ley de Propiedad Intelectual, la Ley 22/1987, de 11 de noviembre: desde entonces, no es exigible el registro ni ninguna otra formalidad para la eficacia de la protección. Otras normas complementarias, posteriores a la LPI 1879, son:

  • Ley de 24 julio 1941: regula la SGAE como entidad única y exclusiva de gestión colectiva de derechos (Franco disolvió las entidades de gestión en que se habían agrupado los autores de distintas artes a lo largo del primer tercio del siglo XX).
  • Orden de 10 julio 1942: protege los fonogramas
  • Ley de 31 mayo 1966: obras cinematográficas
  • Ley de 12 marzo 1975: del Libro

El texto refundido LPI, actualmente vigente, y las reformas más recientes, se estudiarán en el Capítulo 3 “MARCO JURÍDICO”.

Una gran cantidad de documentos históricos relevantes pueden encontrarse en este portal de la Universidad de Cambridge, que permite buscarlos por fecha, por país, por lengua, etc.

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