El caso Scarlet V. Sabam

En un solo día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto dos asuntos de gran interés y directamente relacionados con las materias que tratamos en el Master de Economía Digital.

El primero de ellos, que se refiere por cierto a unas cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo español, no va ser el objeto de nuestro post. En esta resolución el TJUE señala que la Directiva 95/46, sobre protección de datos personales, es de aplicación directa, y se opone a que se exija, como requisito adicional para el tratamiento de datos personales, sin consentimiento del interesado, que estos datos figuren en fuentes accesibles al público, como exigía la normativa española.

La segunda resolución del TJUE, que vamos a comentar aquí, ya ha sido saludada en algunos foros como “una victoria vital para las libertades en internet”, y llega en un momento crítico a la vista que los debates que se están desarrollando, en Europa y en América, sobre las obligaciones y las responsabilidades de los proveedores de servicios de internet (ISP). Por ejemplo, la BBC informó de la noticia planteando su posible repercusión en el Reino Unido, donde también se ha iniciado un proceso legal contra la Digital Economy Act.

La historia de este caso se remonta a 2004, cuando SABAM, una entidad belga de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (PI), en concreto de autores y editores musicales, demandó a Scarlet, un ISP que presta servicios de acceso como operador de red. SABAM pudo comprobar que muchos clientes de Scarlet reproducían y ponían a disposición de otros usuarios, mediante redes P2P (“peer to peer”), obras protegidas por los derechos de PI sin autorización de sus titulares. SABAM solicitó, primero, que el tribunal belga declarase la existencia de infracciones a los derechos de PI como consecuencia de estos intercambios no autorizados de archivos; y segundo, que se condenara a SABAM a poner fin a dichas infracciones, bloqueando cualquier forma de envío/recepción por sus clientes, sin autorización, de archivos conteniendo obras musicales protegidas.

En junio de 2007 un tribunal de primera instancia de Bruselas condenó al ISP a poner fin a estas infracciones a los derechos de PI, impidiendo cualquier forma de envío o de recepción de obras del repertorio de SABAM mediante el intercambio de archivos a través de redes P2P, utilizando a tal fin los medios tecnológicos disponibles para identificar y filtrar dichas operaciones.

Scarlet recurrió dicha resolución, y en febrero de 2010 un Tribunal de Apelación belga decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE dos cuestiones prejudiciales, de cara a verificar si las obligaciones impuestas a Scarlet eran compatibles con el Derecho de la Unión Europea.

La primera cuestión prejudicial, que es la que tiene más relevancia a nuestros efectos, giraba en torno a la legalidad (o ilegalidad), conforme al Derecho europeo, de un requerimiento judicial por el que se ordena a un ISP establecer un sistema de vigilancia y filtrado de todas las comunicaciones electrónicas que circulen a través de sus servicios usando programas P2P, con respecto a todos sus clientes, con carácter preventivo, sin limitación temporal y totalmente a expensas del ISP, con el fin de bloquear la transmisión de archivos cuyo intercambio vulnere los derechos de autor.

En abril de 2011 el Abogado General Pedro Cruz Villalón presentó sus Conclusiones sobre el caso. La figura del Abogado General es bastante peculiar: su misión es presentar dictámenes no vinculantes, neutrales e independientes, sobre los asuntos planteados ante el TJUE.

En este caso, Pedro Cruz Villalón defendió con vigor los argumentos esgrimidos por Scarlet. Para este catedrático sevillano, de 65 años de edad, Presidente de nuestro Tribunal Constitucional entre 1998 y 2001, un requerimiento como el establecido por el tribunal de primera instancia de Bruselas es incompatible con el Derecho comunitario. En una de las notas a sus Conclusiones, Cruz Villalón apuntaba que “no es necesario insistir en las considerables ventajas que, para los titulares de derechos o sus causahabientes y, en particular, para las sociedades de gestión colectiva de derechos que luchan contra las descargas ilegales, representaría la generalización de sistemas de filtrado y de bloqueo (suponiendo que, efectivamente, tales sistemas puedan ser eficaces, antes de nada en los planos procedimental y patrimonial), en comparación con una estrategia consistente en requerir por vía judicial la colaboración de los proveedores de acceso a Internet con vistas a detectar a los autores de infracciones y a confeccionar una lista de los mismos, para ejercitar contra ellos acciones judiciales en un momento posterior”. La propuesta de Cruz Villalón coincide sustancialmente con la resolución final del Tribunal.

La sentencia del TJUE contiene las siguientes consideraciones:

– según el art. 15.1 de la Directiva 2000/31, de 8 de junio, ningún Estado de la UE puede obligar a un prestador de servicios de intermediación en internet a proceder a una supervisión activa del conjunto de datos de cada uno de sus clientes, con el fin de evitar futuras lesiones de los derechos de PI. El TJUE cita en este punto la sentencia en el caso L’Oreal, pero ahora para hacer hincapié en la exención de responsabilidad del ISP que se limita a hacer de intermediario en las comunicaciones en cuestión, y no juega un papel activo en su tratamiento.

– si bien los derechos de PI se encuentran garantizados por el art. 17.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en modo alguno esos derecho son intangibles ni su protección debe garantizarse en términos absolutos. Por el contrario, su protección debe ponderarse con respecto a la protección de otros derechos fundamentales. El TJUE cita en este punto la sentencia en el caso Promusicae, sobradamente conocido.

Por ello, el TJUE (Sala Tercera) declara que las Directivas 2000/31/CE de 8 de junio, 2001/29/CE de 22 de mayo, 2004/48/CE de 29 de abril, 1995/46/CE de 24 de octubre, y 2002/58/CE de 12 de julio, leídas conjuntamente e interpretadas a la luz de los requisitos derivados de la protección de los derechos fundamentales aplicables, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un requerimiento judicial por el que se ordena a un proveedor de acceso a Internet establecer un sistema de filtrado:

–      de todas las comunicaciones electrónicas que circulen a través de sus servicios, en particular mediante la utilización de programas «peer-to peer»;

–        que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela;

–        con carácter preventivo;

–        exclusivamente a sus expensas y

–        sin limitación en el tiempo,

capaz de identificar en la red de dicho proveedor la circulación de archivos electrónicos que contengan una obra musical, cinematográfica o audiovisual sobre la que el solicitante del requerimiento alegue ser titular de derechos de propiedad intelectual, con el fin de bloquear la transmisión de archivos cuyo intercambio vulnere los derechos de autor.

Monica Horten ha escrito un post sobre el caso en Iptegrity. Jeremy Philips ha señalado que la resolución del TJUE podría dejar abierta a puerta para requerimientos de filtrado y control más equilibrados y menos drásticos que el del tribunal de Bruselas. Un resumen del caso y de la sentencia pueden encontrarse también en Out-law y en este enlace de la SCL.

Rafael Herranz Castillo, profesor del Master en Economía Digital e Industrias Creativas (Madrid)

 


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