Potencial de la Energía Solar Térmica de Concentración en España

La energía solar térmica de concentración (ESTC) posee un enorme potencial técnico y económico y existe para ella un mercado potencial muy importante en toda el área del Mediterráneo (MENA), especialmente para exportar a Europa.

Esta región goza de una intensa radiación solar, siendo con diferencia, el recurso energético de la zona más importante. Las centrales basadas en ESTC podrían abastecer casi toda la electricidad en la mayoría de estos países, ya que pueden generar grandes cantidades de electricidad y de potencia firme a demanda a cualquier hora, tanto para carga base, carga intermedia y/o  carga pico, además de poder proporcionar almacenamiento de energía térmica y operación híbrida solar/combustible fósil para un suministro fiable y estable, lográndose una mayor seguridad energética.

Una combinación bien equilibrada de energía renovable nacional e importada reduciría la dependencia de importación de energía en Europa – y por ende en España – y proporcionaría una base para su desarrollo económico. Por ello la Unión Europea (UE) debe apoyar las energías renovables a todos los niveles, hasta el punto de que con toda probabilidad la ESTC se convertiría en el recurso futuro más importante de suministro eléctrico en los Estados miembros del sur de la UE y sus vecinos mediterráneos.

Los gobiernos nacionales y la política internacional deben fomentar la organización de un programa de financiación justo y adecuado para las energías
renovables en la región para evitar así los riesgos de las políticas energéticas actuales, incluyendo los conflictos internacionales, y reducir los enormes costes económicos y medioambientales del cambio climático.

El escenario para la región muestra una manera de equilibrar de forma sostenible recursos y demanda en el marco de las restricciones técnicas, económicas, ecológicas y sociales de cada país. Y dentro del panorama descrito hasta ahora España destaca sobre manera por ser líder mundial en el sector de ESTC.

En primer lugar, porque presentaba a finales del año 2010, 531,5 MW de potencia solar termoeléctrica instalada en España, habiendo experimentado un crecimiento con respecto al año anterior de 299,8 MW, teniendo además en cuenta que es una tecnología sobre la cual ya se venía experimentando en los años ochenta, aunque los primeros MW comerciales que entraron en funcionamiento en nuestro país fueron los que aportó la operación de la central PS10 en Sanlúcar la Mayor, de 11 MW de potencia, en febrero de 2007.

Es importante señalar que en 2011 han entrado en funcionamiento hasta finales de septiembre 420 MW más, aumentando la capacidad instalada hasta llevarla cerca de los 1 000 MW. Adicionalmente, se encuentran en construcción aproximadamente unos 1 200 MW, esperando que a finales de 2013 se encuentren instalados los 2 525 MW que han sido inscritos en el Registro de Preasignación de Retribución. En la actualidad dicho registro de potencia al que está sujeta la ESTC en España se encuentra cerrado.

La práctica totalidad de las centrales nacionales utiliza la tecnología de concentradores cilíndricos parabólicos (CCP), existiendo solamente tres centrales de  torre o sistema de receptor central y una basada en concentradores lineales de Fresnel de 1,4 MW. Aproximadamente dos tercios de las centrales cuentan con un almacenamiento de 7,5 horas, por lo que la central tipo que se encuentra en construcción u operación en España es una central de CCP de 50 MW con una capacidad de almacenamiento de 7,5 horas.

Este predominio de las centrales de tecnología CCP ha sido en parte debido al marco regulatorio vigente en España en los últimos años, que ha contribuido de manera eficaz a su desarrollo comercial facilitando su desarrollo por encima del resto de tecnologías pese a que éstas también presentan un gran potencial.

Se ha caracterizado por ser un marco rígido que no permitía flexibilizar el diseño y ejecución de las centrales, impidiendo la optimización técnica y/o  económica de algunos de sus componentes, especialmente en los sistemas híbridos.

A día de hoy la cobertura de la demanda mediante el empleo de ESTC no es todavía significativa en comparación con el resto de tecnologías que componen el mix energético, aunque su peso se ha visto incrementado notablemente en 2010 y 2011, habiendo alcanzado en el verano de 2011 valores cercanos al 1,5%. En 2020, si se cumplen las previsiones del Plan de Energías Renovables (PER), la electricidad generada por la centrales termosolares representaría un 3%  del total en España.

En segundo lugar, España ha sido el primer país del sur de Europa en introducir un sistema de financiación de ‘tarifas o primas’. Sin embargo en España, una barrera importante para el desarrollo de esta industria inicialmente era el derecho del gobierno de cambiar las primas cada año, lo que privó de una seguridad al inversor a largo plazo.

Esta barrera fue eliminada y sustituida por una nueva versión de las tarifas o primas mínimas que fijaban hasta ahora las primas de la energía solar durante 25 años. Actualmente dichas primas han quedado congeladas para nuevas iniciativas de plantas de energía renovable debido a la crisis económica, lo que supondrá un cierto parón del desarrollo del sector de las energías renovables en el ámbito nacional, y en particular de la ESTC.

Las plantas de ESTC son mucho más grandes que las realizadas con energía fotovoltaica, y se es muy reacio en el sector a construir plantas pequeñas, dado que es una tecnología cara (entre 200 y 400 millones de euros para una central tipo de 50 MW), aunque valiosa y muy prometedora como hemos señalado hasta el momento.

Pese a ello, lo que podríamos definir como el boom de la ESTC no acaba de producirse en España, entre otras razones por el precedente vivido por la energía fotovoltaica en 2009 como consecuencia de un crecimiento desmedido (500% en potencia instalada) y  una posterior modificación de su marco legislativo, acrecentado por la situación de crisis económica atravesada por España en los últimos años, que introdujo severos mecanismos de control y limitación a la expansión de esta energía.

Esto ha traído consigo la cautela en los posibles promotores, entre otras razones por la falta de capital inversor, ante la dificultad de convencer a un sector financiero reacio para que invierta 400 millones de euros en una tecnología con aún escasos ejemplos en funcionamiento, al menos a escala comercial que permitan valorar de manera lo más realista posible su potencial de retorno con independencia de su madurez tecnológica.

Por esa razón, los fabricantes especializados de componentes para plantas de ESTC, de por sí escasos a nivel mundial, ante el temor de posibles recortes en el mercado y de una futura competencia de China, mantienen niveles de producción controlados, llegando a convertirse en auténticos cuellos de botella en la gestión de estos proyectos por su negativa a incrementar su producción en un claro ejemplo de competitividad poco óptima, lo que plantea plazos de entrega que en ocasiones llegan a superar incluso los 18 meses, todo ello entre otras razones a la espera de ver cual es la situación de España en los  próximos meses.

A este marco de incertidumbre, se une la tardanza administrativa en la gestión de las licencias de construcción en nuestro país para este tipo de proyectos, del orden de 18 meses, periodo al que posteriormente deben añadirse otros 24 meses hasta completar la construcción de la planta.

Esto es debido a un procedimiento complejo y heterogéneo en las diferentes comunidades autónomas, además de por el echo de tener que intervenir en él todos los niveles de la Administración mediante procedimientos largos y poco ágiles.

Estas circunstancias han provocado que el sector sea muy cauto y plantee su futuro principalmente en el exterior a la espera de mejores tiempos a nivel doméstico, entre otras razones, ante la posibilidad de que el consumo de recursos naturales en las diferentes zonas rurales (suelo o agua) puede llegar a  generar un potencial rechazo por parte de las autoridades locales.

En tercer lugar, España es líder en la instalación de centrales con esta tecnología y cuenta con empresas nacionales capaces de suministrar bienes y servicios prácticamente en toda la cadena de valor. Este dato es especialmente relevante si se tienen en consideración las expectativas de crecimiento de esta tecnología a nivel mundial en el corto y medio plazo.

En este sentido, los promotores y constructores españoles ya desempeñan un importante papel tanto como exportadores de tecnología como a través de la
inversión directa; dicho papel podría perderse si no se continúa el esfuerzo en nuestro territorio asegurando la ventaja competitiva que supone estar a la vanguardia tecnológica.

A nivel internacional se prevé una aceleración de la instalación de potencia renovable en general y de ESTC en particular dadas sus especiales cualidades de almacenamiento e hibridación, que garantizan su gestionabilidad. Esta tecnología ha experimentado un fuerte impulso en 2011 gracias entre otras razones a su relanzamiento en los EEUU tras sus inicios en los años ochenta, y a los planes de desarrollo previstos por países como China y la India a corto/medio  plazo que vienen a reforzar esta perspectiva.

En el futuro se espera una reducción bastante pronunciada en sus costes de inversión a medida que se avanza sobre la curva de aprendizaje y se investiga sobre nuevas tipologías de centrales, materiales, equipos y procesos. España puede jugar un papel muy relevante en este sentido, ya que cuenta con infraestructura de I+D+i de vanguardia y profesionales altamente cualificados para ella, pese a que un aspecto clave de cara a su desarrollo futuro sea aumentar los esfuerzos en formación y capacitación de personal.

En los próximos años, el desarrollo de la tecnología dependerá de los resultados que produzcan estos avances, pero también de las señales económicas que reciban los promotores de esta clase de instalaciones.  En este sentido, es fundamental que el próximo marco retributivo, definido para las centrales que se construyan a partir de 2014, incentive a realizar las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos de potencia establecidos en el  PER 2011-2020.

A corto plazo, el principal reto de la ESTC es la consecución de un coste de generación razonable comparable con otras tecnologías basadas o no en fuentes de energía renovable. La incertidumbre tecnológica asociada se ve incrementada por las constantes innovaciones y mejoras que tienen lugar y a la gran  variedad de tecnologías disponibles. A esto se une las limitaciones impuestas por la actual red de transporte y distribución eléctrica para su adaptación a las energías renovables, así como unos mecanismos de gestión insuficientes de la misma.

En un futuro debe tenerse en cuenta una configuración del sistema eléctrico en la cual la generación sea más distribuida y con una diversidad mayor de energías renovables, adoptando medidas en el presenta actual que garanticen la mejor adaptación y el éxito futuro de la ESTC.

En cuarto lugar, los estudios de impacto macroeconómico del sector ESTC en España ponen de manifiesto que el nacimiento de esta industria en nuestro país ha supuesto un importante empuje a la economía en términos de contribución al PIB y al empleo, principalmente en los últimos tres años.

Los efectos positivos que ha producido el interés por esta tecnología son especialmente visibles en sectores muy golpeados por la crisis económica como la construcción y la fabricación de equipos, así como el importante impacto positivo que ha tenido en numerosos municipios y comarcas no favorecidas  previamente por el desarrollo industrial.

La utilización de un recurso renovable tan abundante en España como es el sol supone al mismo tiempo un ahorro para nuestro país al sustituir importaciones de combustibles fósiles y una mitigación del riesgo que se deriva de esta situación, favoreciendo el desarrollo de una industria nacional. Asimismo, la ESTC contribuye y contribuirá significativamente a la reducción de emisiones de CO2 y al cumplimiento de los objetivos medioambientales adquiridos por España.


La energía fotovoltaica: A la búsqueda de la paridad de red

Un consumidor cualquiera se puede preguntar qué es más interesante, si seguir comprando la electricidad a una compañía distribuidora como hasta la fecha venimos haciendo o si es más beneficioso para él la electricidad que puede generar por sus propios medios.

Ahora mismo el coste de generación eléctrica basado en combustibles fósiles sigue una línea ascendente, al contrario que el coste de la electricidad fotovoltaica, fruto de la mejora tecnológica y economías de escala que permiten ganar en competitividad.

En algún momento ambos costes se igualarán alcanzándose la denominada paridad de red (Grid Parity). La paridad de red equivale por tanto al momento en que una instalación de generación fotovoltaica empieza a ser rentable si consumimos toda la electricidad que vamos a generar.

Por el contrario la paridad de generación representa el momento en el que la tecnología fotovoltaica empieza a ser rentable si inyectamos a la red toda la producción de nuestra instalación fotovoltaica. Lógicamente no vamos a encontrarnos
generalmente ni con auto-consumidores puros ni con vendedores puros de electricidad.

La paridad para una instalación concreta – el momento a partir del cual la tecnología fotovoltaica empieza a ser interesante- se va a encontrar entre la paridad de red y la paridad de generación y va a depender del porcentaje del auto-consumo. Cuanto mayor sea el auto-consumo más cerca nos vamos a situar de la paridad de red y cuánto menor el auto-consumo más cerca de la paridad de generación.

Hasta alcanzar esa situación precisamos de un régimen de tarifas que ayude a estimular al usuario haciendo rentable dicha inversión. Desde luego no debe producirse un ajuste inapropiado en ningún sentido de dichas tarifas que contribuyan a un déficit tarifario inabordable por parte de la administración ni que contribuya a un movimiento especulativo alejado de una óptima gestión energética de los recursos (España sufrió el estancamiento del sector en el año 2009).

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que por las características de producción de las instalaciones fotovoltaicas, una parte importante de su generación no puede emplearse en autoconsumo si tomamos como referencia una instalación doméstica tipo por ejemplo. A esto debe unirse un hecho importante como es que la máxima producción de este tipo de energía coincide con los momentos de máxima demanda de consumo.

En el caso ideal existe un sistema que nos permite auto-consumir la energía que necesitamos e inyectar a red la electricidad restante, y comprar electricidad de la red cuando no se pueda cubrir la demanda con la instalación fotovoltaica, en lo que se denomina Net Metering. Sin embargo en España este sistema todavía no existe pero es necesario que se desarrolle para que la paridad de red tenga un impacto importante en el mercado.

El debate se centra en qué parte se tiene que situar el beneficio económico que debe recibir la electricidad inyectada a red por parte de una instalación fotovoltaica, esto es, el precio justo que tenemos que recibir por esta electricidad generada de forma distribuida.

No hay una única respuesta para esta pregunta, siendo crucial ya que va a definir la rentabilidad de las instalaciones porque en la mayoría de los casos gran parte de la electricidad generada se va inyectar a la red.

Si tenemos una tarifa que no se adapta a la evolución real de los costes de generación de la producción fotovoltaica (muy elevada o demasiado baja) tendrá una influencia negativa en la evolución del sector. Si es elevada se detiene el sector, y si es demasiado baja no se invierte, no se realizan mejoras tecnológicas ni se alcanzan economías de escala.

Si en cambio contamos con una tarifa adaptada a la evolución real de los costes de la tecnología fotovoltaica se invertirá en la tecnología, disminuirá el coste de generación con tecnología fotovoltaica, y llegará un momento después de la paridad que será más interesante auto-consumir que recibir la tarifa, dejando de ser necesario recibir ésta. Por lo tanto esto va a significar que disminuirán paulatinamente los gastos para el sistema eléctrico nacional.

Por lo tanto estamos hablando de un mercado regulado que depende de los incentivos y que ofrece una rentabilidad razonable a los inversores. Para ello las tarifas deben ajustarse a la evolución real del coste de generación, facilitando la disponibilidad de financiación de este tipo de proyectos.

Una vez que hayamos alcanzado la paridad de generación las primas o tarifas, tanto para electricidad auto-consumida como para electricidad vendida van a dejar de ser necesarias (no se dependería de un régimen especial), pasando a ser rentable por sí misma y dejando de ser un mercado dependiente exclusivamente de los incentivos.

Cuánto mayor sea el precio de electricidad y menor el precio de generar electricidad con la tecnología fotovoltaica mayor será dicha rentabilidad, y por lo tanto es previsible que haya un aumento notable de la demanda en el sector residencial.

Desde un punto de vista regulatorio debe fomentarse las bases que aligeren los trámites de conexión a red de las instalaciones que no superen cierta potencia e instaladas cerca de los puntos de consumo siempre que se cumpla con unos mínimos requisitos técnicos, minimizando además los trámites de autorización administrativa y favoreciendo la implantación del sistema de Net-metering, el cual precisará de una regulación específica a la hora de gestionar las facturas
con las empresas distribuidoras.

Como ocurre con todas las energías renovables se precisa que todo ello venga acompañado de mensajes de sensibilización de la sociedad hacia lo que significa la paridad de red, una adaptación de la red eléctrica a este sistema de generación
distribuida así como reforzar la formación de los instaladores profesionales para cualificarlos en las continuas mejoras tecnológicas experimentadas en el sector.

Pese a ello corren tiempos difíciles para las renovables y en particular para el sector fotovoltaico, que ha visto como en apenas 4 años, los diferentes cambios del marco legislativo han sido una tónica constante, que han terminado por
cercenar el desarrollo de una fuente de energía, autóctona, social, sostenible y con una serie de ventajas estratégicas, que hacen disminuir la dependencia energética del exterior.

Dentro de la Directiva Europea de Energías Renovables (2009/28/CE), se establece que se deberá incrementar la eficiencia energética en un 20% y se deberá producir un 20% del total de la energía primaria a partir de fuentes renovables. Este será el marco legal que reafirmará el grado de importancia que las renovables tendrán en el conjunto del mix energético.

En la pasada década se ha vivido el desarrollo de una gran industria fotovoltaica internacional, en la que España se encontraba entre los más importantes, pero la situación a día de hoy es una quimera de aquel estratosférico crecimiento de
2007. España está perdiendo el tren fotovoltaico, pues mientras la regulación y la incertidumbre paralizan el mercado nacional, los países de nuestro entorno directo apuestan con fuerza por sus mercados interiores.


El futuro de la energía fotovoltaica en el mix energético

El modelo actual de cobertura energética basado en fuentes de origen fósil sabemos que no es sostenible, ya que a medio y largo plazo implicaría unas emisiones de gases de efecto invernadero muy por encima de las comprometidas a nivel internacional y un aumento de la ya elevada dependencia energética de muchos países – entre ellos España – lo que conduce a pensar en la necesidad de que la energía solar fotovoltaica juegue un papel significativo en la cobertura de la
demanda eléctrica dentro del mix energético.

Así por ejemplo, la energía solar fotovoltaica, con un potencial de desarrollo casi ilimitado en nuestro país y un fuerte apoyo social para su despliegue, debería contribuir de manera significativa a la cobertura de la creciente demanda eléctrica, que en 2020 podría llegar a requerir de unos 20 GW de potencia con este origen, lo que debería ser por tanto fuente de impulso para el sector en estos momentos. Fruto de todo ello, la industria fotovoltaica se ha marcado poder alcanzar lo antes posible la considerada como importante “barrera” de 1 dólar por vatio (aprox. 0,70 euros), para los módulos cristalinos durante el primer trimestre de 2012, situación de la que se espera sea un estímulo importante para la demanda internacional de instalaciones de energía solar.

La gran pregunta a resolver es ver cuanto de esta reducción de costes tendrá un efecto directo en una mayor demanda de paneles fotovoltaicos durante los próximos trimestres. La rápida reducción de los precios será un “factor clave” en el restablecimiento de la demanda a nivel mundial, y de esta manera revertir la débil demanda del último año, debido fundamentalmente a los cambios sobre los sistemas de incentivos en los principales mercados europeos (Italia, España, Alemania…) y a la sobreproducción que ha generado récords en los niveles de stocks de módulos fotovoltaicos (aproximadamente unos 10 GW). Esta situación ha provocado una rápida reducción de los precios durante los últimos meses, situación similar a la ocurrida en el año 2008, principalmente por el parón del mercado fotovoltaico en España. Las expectativas sobre mayores reducciones en los precios de los módulos fotovoltaicos durante los próximos meses ha provocado el posponer el inicio de proyectos, con claro efecto sobre la demanda.

Los menores precios actuales (módulos de marcas reconocidas se ofrecen por menos de $ 1.45/W ~ € 1,02), y un menor riesgo de futuros cambios en los sistemas de tarifa (FIT), deberían predisponer al impulso de una mayor demanda durante los próximos años. Dicho crecimiento de la demanda pasa por los impulsos procedentes de países dotados de políticas de fomento de la tecnología (Alemania, EEUU, Japón y Corea del Sur) pero sobre todo de nuevos mercados emergentes de rápido crecimiento como podrían ser Brasil, China, India, Australia y Canadá, países que a priori cuentan con anuncios de planes ambiciosos para la presente década, pero que a la hora de la verdad no terminan de arrancar, lo que contribuye a alimentar la atmósfera de incertidumbre actual.

Es necesario que un impulso de la demanda ayude a estabilizar el precio de los paneles a corto plazo, evitando que los proyectos se sigan demorando a la espera de mejores oportunidades de compra (una situación similar a la parálisis que vive el sector inmobiliario español). El objetivo debe ser lograr reducir los niveles excesivamente altos de inventarios y volver a niveles más razonables que faciliten el normal desarrollo del sector.

Dentro de todo este panorama las diferentes Administraciones deben mantener el apoyo al desarrollo de la solar fotovoltaica en el corto plazo a pesar de que sus costes explícitos son hoy en día muy superiores a otras alternativas, pues la
rápida mejora tecnológica permitirá una reducción significativa de los mismos en los próximos años tal y como hemos señalado, si bien este progreso tecnológico tendrá lugar independientemente de las políticas energéticas seguidas en un momento dado. Son fundamentales las propuestas de impulso a la I+D+i, al desarrollo de almacenamiento eléctrico, así como la simplificación de procedimientos y fomento del autoconsumo (balance neto).

Una interrupción del apoyo como se ha venido produciendo en los últimos años fruto de la crisis económica impediría a las empresas acometer las inversiones necesarias para ser competitivas en un mercado cada vez más global,  comprometiendo por tanto su supervivencia. Al igual que muchos otros sectores, se precisa de campañas de concienciación y formación, sobre todo a nivel de instituciones financieras, al objeto de lograr financiación con la que abordar los proyectos.

Si bien un incremento de la capacidad de generación solar fotovoltaica tendría un coste explícito significativo para el sistema eléctrico, el coste final resultante a medio plazo en un modelo de cobertura sostenible estaría en línea con el coste actual en países que han apostado claramente por esta línea de trabajo, tal y como viene sucediendo en Alemania o Japón.

Este coste incremental se vería compensado por la reducción de importaciones de combustibles fósiles, aliviando así la dependencia energética de muchos países. Además se producirán ahorros debidos a reducciones incrementales en las
emisiones de CO2, y menores necesidades de inversión en infraestructuras y en pérdidas eléctricas, al acercar el punto de generación eléctrica al de consumo, sobre todo en los momentos de mayor demanda, en los cuales la aportación de la
energía solar fotovoltaica es óptima.

Es fundamental que el descenso del coste de producción de energía solar fotovoltaica permita lograr alcanzar el punto de paridad de red lo antes posible (punto de competitividad del kWh solar sin ningún tipo de ayudas) de manera que el sector industrial y de grandes consumidores puedan acceder al autoconsumo de manera beneficiosa, con independencia de que se disponga de un modelo de primas adecuado o no. Para potenciar este objetivo y lograrlo lo antes posible, a corto plazo es conveniente poder definir un marco regulatorio estable que garantice mediante sus primas la amortización y rentabilidad de las instalaciones hasta alcanzar dicha paridad., momento a partir del cual la política energética podría evolucionar desde un sistema basado en tarifas reguladas a la concesión de beneficios fiscales que justificaran y alentaran las inversiones en nuevas instalaciones.

Debe evitarse que llegado el momento se plantee el desmontaje de las instalaciones por falta de incentivos en su tarifa, de manera que esta energía solar fotovoltaica se retribuya de igual manera que cualquier otra dentro del pool,  abandonándose por tanto la figura del régimen especial, pero a cambio como se ha indicado de la concesión de beneficios fiscales en la tributación de sus beneficios fruto del autoconsumo y de la venta de sus excedentes.

Esta disminución aparente de ingresos por parte de los Estados se compensarían con la disminución en la compra de combustibles de origen fósil y la emisión de gases de efecto invernadero ya mencionadas. Como consecuencia inmediata de ello mejoraría su necesidad de financiación en los mercados internacionales de capital mediante la emisión de deuda soberana, lo que redundaría a su vez en una disminución del gasto nacional al disminuir el pago de los intereses asociados a dicha deuda.

Por tanto una apuesta decidida en los próximos años por la promoción de la energía solar fotovoltaica a nivel internacional como un integrante cualificado dentro del mix de generación energética, superando barreras no económicas que permitan su integración a gran escala en el sistema eléctrico, permitiría un desarrollo sostenible del sector dentro de un panorama de continua mejora tecnológica y con unos niveles de precios en claro descenso que facilitarían alcanzar la paridad de red y el autoconsumo en el mercado de los grandes consumidores dentro de la presente década.

La industria fotovoltaica, lejos de estar siendo gravosa para los países como comúnmente se sostiene desde algunos sectores, tiene previsto devolver a corto plazo, todas las tarifas subvencionadas que ha ido recibiendo a lo largo de su
desarrollo, en primer lugar mediante aportaciones directas e indirectas (costes de personal, tasas a las distintas Administraciones, disminución de la utilización de otras fuentes contaminantes, disminución de la dependencia energética del exterior, menor consumo de CO2, etc.).

Y en segundo lugar cuando se consiga la paridad de red y sea competitiva con respecto a la tarifa doméstica pudiendo llegar a utilizar el concepto de Net-Metering (la energía eléctrica generada por un consumidor podrá utilizarse para compensar la energía eléctrica que le proporcione la empresa eléctrica durante el período de facturación aplicable) además de ser competitiva con respecto al mix de generación.


Una apuesta nacional decidida por el biogás

Debemos preguntarnos porqué el biogás de digestor, al contrario de lo que ocurre en los países de nuestro entorno, es una energía renovable por desarrollar en España. Y esto no podemos sino achacarlo al desconocimiento del potencial que del mismo se tenía en el momento en que se redactó el PER 2005 – 2010.
En dicho plan se consideraba al biogás como una solución medioambiental y un subproducto, y no una fuente generadora de energía renovable, transmitiendo esta opinión a gran parte de lo legislado, desde aquel momento, en relación con el biogás de digestor. Actualmente, la red eléctrica española incluye la electricidad generada como biogás en el apartado de biomasa, pero su representación es aún muy pequeña.
En su momento sufrió el mayor agravio comparativo entre todas las energías renovables al no disponer de Ayuda Pública, tener la menor prima de todas las
renovables y no otorgársele ningún incentivo fiscal.
Sin embargo, analizando el PER 2011 – 2020 se advierten las siguientes deficiencias para alcanzar este propósito:

España tiene la materia prima suficiente para suplir con biogás limpio el 12% del consumo anual de gas natural. En un mundo que exige cada vez más la incursión de las fuentes renovables en el mercado energético, nuestro país se sitúa en una posición privilegiada en materia de biogás debido a su intensa actividad agroalimentaria, que genera unos residuos que son potencialmente reconvertibles en un gas limpio y sin emisiones de gases de efecto invernadero.

La Resolución del Parlamento Europeo (Marzo 2008) lo considera un recurso energético vital que contribuye al desarrollo económico, agrícola y rural
sostenible (ofreciendo a la agricultura nuevas perspectivas de ingresos) así como a la protección del medio ambiente (reducción de emisión de gases de
efecto invernadero, metano, CO2, partículas y monóxidos de nitrógeno, menos olores, higienización de purines, etc), destacando la contribución que puede
aportar a la reducción de la dependencia energética del exterior de la Unión Europea. La producción de electricidad y calor a partir del biogás, podrá
contribuir significativamente al objetivo de que a partir del año 2020, el 20 % de la energía consumida en la UE proceda de fuentes renovables.
Es imprescindible por tanto una apuesta pública de la Administración para que este nuevo enfoque del biogás de digestor sea suficientemente conocido, y como consecuencia de ello, suficientemente apoyado por todos los estamentos de la propia Administración.
Las barreras que han imposibilitado el desarrollo del biogás de digestor en España han sido de diverso origen (tarifas, punto de conexión a la red y administrativas). Su eliminación es indispensable para que el biogás pueda desarrollarse en España y alcanzar la totalidad de su potencial existente. En
esa línea se enmarcan las propuestas realizadas para alcanzar dicho objetivo:

Otras posibles medidas a considerar en la promoción del biogás en España son:

El biogás no solo puede utilizarse para la producción de energía eléctrica. Otros usos del mismo son: energía térmica (calor-frío), generación de vapor, inyección en la red de gas natural, combustible para vehículos a motor, pilas de combustible y productos químicos. Debe crearse un espacio que permita el desarrollo de la normativa que regule esta potencialidad, que elevaría, aun más, la condición de energía renovable del biogás de digestor.
Consumidores potenciales de biogás somos todos: como usuarios de electricidad, de gas, de transportes públicos y, en un futuro próximo, como conductores de nuestros propios vehículos. Ya se utilizan en España vehículos dedicados al transporte público en varias localidades. Pero la pregunta es cuándo podrá utilizarse como combustible en vehículos privados, como ya sucede en Suecia. En este país se incentiva el uso del biogás con una subvención en la compra del automóvil, denominado “eco-car”, y se proporciona aparcamiento gratuito en las ciudades.
Por todo ello las expectativas son muy altas, y los ejemplos de Alemania, Suecia, Dinamarca o Italia, que aprovechan el biogás de forma excelente, son modelos a imitar.

¿Cómo potenciar la producción y uso de la biomasa en España?

En España, el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 preveía que, en 2010, la biomasa en su conjunto iba a suponer un 57% dentro de una aportación global de las energías renovables del 12.6% sobre el consumo de energía primaria. Pese a ello, lo cierto es que la biomasa sólo ha conseguido unos 500 MW, frente a los 1.317 MW previstos para dicho periodo.

La poca ambición del PER 2005-2010 queda reflejada que ya se hubieran sobrepasado los objetivos en biomasa térmica en 2006. Esto da idea de las posibilidades de desarrollo si se contara con las medidas de apoyo adecuadas y generalizadas. Resulta un tanto paradójico que el objetivo del 12,6% estuviera basado, en un 50%, en los kW provenientes de la bioenergía y que, sin embargo, sea ésta la tecnología renovable que menos se ha desarrollado en los últimos años, lo que lleva a señalar las barreras, tanto desde el aspecto de su producción como del de su transporte, que han dificultado y limitado su desarrollo:

Como medidas para superar y/o erradicar estas barreras se creó una comisión interministerial para el aprovechamiento energético de la biomasa, se trabajó en la mejora y ayudas para la mecanización de la recogida de la biomasa, se estableció el desarrollo normativo y reglamentario de instalaciones de biomasa térmica doméstica así como se modificó la Ley 54/1997 y el RD 436/2004 para dar una retribución adecuada a la producción eléctrica con biomasa y a la promoción de la tecnología de co-combustión en las centrales térmicas de carbón.

En cuanto al desarrollo del recurso, uno de los mayores retos debía ser y sigue siendo la creación de empresas de logística que lleven a cabo la recogida de la biomasa y realicen sus pretratamientos para habilitarla como biocombustible, y que la distribuyan de manera adecuada y rentable, junto con la normalización de contratos tipo para la compra de biomasa.

Es de importante utilidad el impulso al desarrollo de la disposición de la Ley 43/2003 de Montes que favorecería el aprovechamiento de cantidades  concretas, evaluadas y localizadas de residuos forestales de biomasa y disponer de los sistemas de explotación y logística adecuados para su uso energético.

Cada vez se extiende más el mercado de recogida de determinados residuos agrícolas, agroindustriales y forestales, siendo conveniente que la población rural esté informada sobre la mejor y más respetuosa manera de gestionarlos en lugar de deshacerse de ellos. Es necesario conocer el potencial energético de la paja del cereal, los sarmientos o las cáscaras de los frutos secos y otros residuos para que sean aprovechados adecuadamente y no se desperdicien con su quema al aire libre.

Debe tenerse en cuenta que la biomasa es uno de los pocos sectores, dentro de las energías renovables, donde existe o puede existir competencia entre los diversos agentes, energéticos o no, por conseguir el recurso. Los proyectos de biomasa necesitan un suministro asegurado del recurso y para algunas de las materias primas utilizadas existen mercados alternativos que influyen en el desarrollo de sus aplicaciones energéticas. Se necesita, por tanto, desarrollar el mercado de la oferta de biomasa de manera que se pueda asegurar el suministro y el precio de la misma.

Dada la heterogeneidad de las fuentes de biomasa y de los distintos orígenes de la misma, el número de administraciones implicadas en su regulación y control es muy elevado, lo que en muchas ocasiones contribuye a entorpecer su adecuado desarrollo e implantación, más si cabe por cuestiones que en muchas ocasiones sólo atienden a cuestiones o planteamientos meramente de calado político o ideológico que no tecnológico.

En España el desarrollo de la biomasa en aplicación eléctrica se ha visto frenado por un escaso apoyo de las administraciones, al ofrecer primas eléctricas poco atractivas en el régimen especial a las centrales de biomasa. La rentabilidad de estas plantas ha sido claramente insuficiente en el marco actual para compensar el riesgo tecnológico y de suministro que tienen. Muestra de ello es el recorte existente en el PER 2011 –2020 con respecto a los 1317 MW que debían lograrse en 2010, dejando el nuevo objetivo en 1187 MW al final de la presente década.

Junto a los avances en el campo de la producción y manipulación de la biomasa, el establecimiento de estándares de calidad y la caracterización de los biocombustibles, se hace imprescindible la optimización de los procesos de transformación de la biomasa en energía. Las principales líneas de investigación se centran en los sistemas de manipulación y alimentación de la biomasa en planta, el diseño de equipos más eficientes para uso doméstico y el desarrollo de tecnologías de lecho fluido y gasificación para la producción de energía eléctrica de manera eficiente y competitiva. A corto plazo es importante afianzar la aplicación de la tecnología de la co-combustión de biomasa y carbón en centrales térmicas convencionales, además de avanzarse en la fabricación de pequeñas plantas móviles (módulos de 1 a 6 MW) que permitan ubicarlas en el punto de producción, lo que las convierte en idóneas para pequeños y medianos productores de biomasa y para una producción local que favorezca el desarrollo de la zona.

Las modificaciones propuestas en el Reglamento de Instalaciones Técnicas de los Edificios para las instalaciones de biomasa han supuesto un importante impulso, aunque las líneas de subvención para la instalación son importantes en la dotación unitaria -entre el 25% y el 40%-, pero cuentan con muy poco volumen de dinero. El resultado es que cada año son muy pocas las instalaciones que se benefician.

El empleo de la biomasa en el sector doméstico es la aplicación más competitiva y donde se obtienen los mayores ahorros de gases de efecto invernadero (GEI) y las mayores eficiencias energéticas (más del 90%). Pero su desarrollo se ha frenado por la falta de incentivos que cubran los riesgos iniciales de la implantación relacionados con los altos costos de inversión de los equipos, incertidumbre en el suministro y mantenimiento de las instalaciones.

La Directiva Europea de Energías Renovables, aprobada en diciembre de 2008 como parte fundamental del llamado “paquete de energía y clima”, ontempla objetivos obligatorios para la Unión Europea y para cada uno de los Estados miembros en el año 2020, así como la elaboración de planes de acción nacionales (Paner). La directiva recoge para nuestro país, en 2020, el objetivo del 20% de consumo de energía final procedente de fuentes renovables, el mismo asignado como media a la UE. El Plan Europeo de Acción de la Biomasa trata de corregir la tendencia al estancamiento que se venía identificando en el desarrollo de esta fuente de energía a la hora de alcanzar los objetivos fijados en el PER 2005-2010. En él se reflejaron una serie de puntos clave:

Tanto el PER como el Plan Europeo de Acción de la Biomasa constituyen herramientas idóneas para alcanzar en España los niveles necesarios de desarrollo, acorde con los recursos forestales y agrícolas disponibles en el país, y para facilitar la promoción del uso de la biomasa como fuente de suministro energético:

Dentro del nuevo Paner, hay que destacar positivamente la mejora de la cualificación, formación y homologación de instaladores de calderas (certificación y sistemas de calificación de instaladores de calderas y estufas de biomasa), el impulso a las redes de distribución de calor y frío y el esfuerzo para potenciar el apoyo financiero de las instalaciones. En estas últimas se propone un cambio desde la instalación de calderas individuales (lo más habitual en la actualidad) a instalaciones colectivas más eficientes. Además se destaca la labor que hace el Gobierno y las agencias regionales de la energía en la difusión y  justificación de esta solución entre los responsables municipales, incluyendo un modelo de ordenanza municipal que recoge el régimen jurídico y de relaciones entre administración local y promotores del sistema y de edificaciones.

Desde un punto de vista empresarial, el desarrollo del sector de la biomasa supone una importante actividad económica, con una industria asociada de alto valor tecnológico y unos servicios auxiliares que, en conjunto, suponen una importante fuente de generación de empleo y de actividades empresariales que impulsan la economía local y regional, particularmente en el entorno rural, (por cada TWh producido se generan 400 puestos de trabajo extra sobre los que generarían los combustibles fósiles, según la Asociación Sueca de la Bioenergía), con el impacto económico y social que ello lleva aparejado, pues no hay que olvidar que la tendencia desde finales del sigo pasado ha sido una fuerte deslocalización de población del mundo rural hacia las grandes urbes metropolitanas con el consiguiente efecto de abandono y retroceso de dichas regiones.

Del aprovechamiento de la biomasa pueden beneficiarse un amplio conjunto de participantes, desde el propietario del territorio (generador del recurso) hasta el usuario final, pasando en este proceso por quienes trabajan el campo, el operador logístico y el transformador, tanto para aplicaciones eléctricas como para usos térmicos. Es precisamente en el uso térmico de la biomasa donde a priori puede existir un gran desarrollo a futuro y un enorme yacimiento de nueva actividad, más si cabe en los momentos de crisis económica que atraviesa Europa y España en particular.

Analizando los diversos estudios publicados y las tecnologías existentes en el sector de la biomasa se puede inferir que deben y pueden surgir con relativa facilidad oportunidades diversas, sobre todo para empresas de pequeño tamaño (PYMES) en áreas de actividad como los servicios agroforestales, pero sin olvidar el campo de acción que se abre igualmente a empresas grandes y medianas del sector energético nacional en el desarrollo de nuevas tecnologías de producción eléctrica, lo que también lleva aparejado un impulso a otros sectores como es el de la construcción, necesitado como se sabe en estos momentos de carga de trabajo no asociada al sector residencial.

Además, este desarrollo puede suponer una oportunidad para las administraciones locales de poner en valor su patrimonio y ayudar a conservar sus recursos económicos al evitar tener que emplear importantes partidas presupuestarias en la compra de combustibles convencionales, siendo esta situación más sensible en poblaciones rurales con poblaciones poco densas y de bajo poder adquisitivo, muy dependientes de la recepción de fondos de procedencia autonómica y/o estatal.

Los residuos forestales, la fracción biodegradable de los RSU y el biogás a partir de residuos ganaderos, representan un volumen considerable de biomasa escasamente valorizado. Las propuestas de ayudas y el montante asignado por la Política Agraria Comunitaria (PAC), que ya están empezando a moverse en algunas comunidades autónomas, podrían colaborar a la implantación de cultivos de uso energético a gran escala como elemento clave en términos de sostenibilidad.

Frente a los combustibles convencionales para usos térmicos que utilizan tecnologías plenamente asentadas y aceptadas industrial y socialmente, la elección de un nuevo sistema, como es la biomasa, puede generar reticencias en los clientes potenciales, más aún cuando se trata de usos domésticos donde todavía no existe suficiente información ni formación en el uso de esta energía renovable.

El desconocimiento de estas tecnologías es una de las principales barreras ya que impide que sean consideradas por los posibles usuarios como una opción más a tener en cuenta en su toma de decisiones. Por ese desconocimiento, gran parte de las administraciones y usuarios a nivel general no evalúan las posibilidades de la biomasa a pesar de su alto grado de desarrollo para aplicaciones térmicas en edificios (edificios o redes de calefacción, sin o con cogeneración). De igual forma, el desconocimiento de los usuarios industriales es lo que les hace optar por soluciones menos rentables y más contaminantes en lugar de elegir sistemas de biomasa para uso térmico, con o sin cogeneración. Añadir que ese desconocimiento se extiende a las entidades financieras que ven con recelo su apoyo a una tecnología que no conocen suficientemente, tanto para grandes proyectos como para pequeñas instalaciones, problema este que se ve aún más enquistado en la situación actual de falta de crédito financiero.

Mientras en otros países europeos el uso de biomasa térmica para calefacción y producción de agua corriente sanitaria (ACS) es una aplicación conocida y utilizada comúnmente, en España estos usos han quedado relegados a chimeneas y estufas durante muchos años. En un amplio espectro social plantearse la aplicación térmica de combustibles no convencionales presenta escasa relevancia frente a problemas más inmediatos. Además, la inexistencia de redes de calefacción en España como fórmula habitual de obtener este servicio, unido al déficit cultural a nivel de administraciones, promotores y usuarios, hace que los planteamientos de este tipo de proyectos sean difíciles de introducir entre los diferentes responsables locales, regionales y nacionales.

Respecto a las aplicaciones industriales, ese desconocimiento de las posibilidades de la biomasa térmica para procesos y cogeneración genera también desconfianza sobre las prestaciones reales de su aplicación. Está claro que la rentabilidad económica de una inversión está íntimamente relacionada con el riesgo que percibe el inversor de acuerdo con la información que dispone sobre el proyecto. Por un lado, cuanto mayor es el proyecto más biomasa necesita y mayor es la inseguridad de suministro, en cantidad, calidad y precio, parámetros básicos para el desarrollo del mismo. Por otro lado, la falta de información de las entidades financieras respecto a los procesos asociados con la producción, suministro y uso de la biomasa para generación eléctrica, o térmica, genera una percepción de inseguridad y por tanto de aumento del riesgo.

Esta sensación en los inversores hace que en muchos casos no se encuentre la financiación necesaria para el desarrollo de plantas; en otros da lugar a la petición de unas garantías (avales, etc.) no asumibles por el proyecto; y en los demás implica unas exigencias de rentabilidad muy altas que, dadas las actuales retribuciones de la energía eléctrica generada con biomasa, no pueden alcanzarse.

Por otro lado, están los trámites para la construcción y operación de plantas, especialmente en el caso de energías renovables: son múltiples, largos y complejos. El desarrollo de una planta de biomasa, una vez que se ha tomado la decisión de construirla puede demorarse un mínimo de 2 años y las razones se explican principalmente en el tiempo necesario para la promoción de la instalación que es significativamente superior a lo necesario en otras tecnologías renovables. El proceso lo constituye la solicitud del punto de conexión y la dificultad de obtención de los permisos.

Adicionalmente hay que señalar que para los proyectos de producción eléctrica el acceso a la red eléctrica en las condiciones actuales supone un serio problema para la viabilidad de determinados proyectos, especialmente de aquellos que están más aislados y/o son de menor potencia, como son los desarrollados con biomasa.

Para que el sector de la biomasa se desarrolle en todas sus posibilidades deben implicarse suficientemente empresas de suministro de combustible, empresas de servicios energéticos, industriales de los diversos sectores, administraciones, particulares, etc.


De Kioto a Durban , pasando por Copenhague

Ya en la reunión de Copenhague hubo un indudable sabor a fracaso por el bajo nivel de reducción de emisiones o la poca garantía jurídica alcanzada, aunque al menos se logró embarcar a todos los países participantes.

En aquel momento el texto acordado quedó como una mera declaración de intenciones, sin carácter vinculante y carente de fuerza política tal y como se había solicitado en la hoja de ruta de Bali (2007). No se logró no siquiera que fuera un documento político. En él los países ricos se “comprometían” a reducir las emisiones de CO2, pero cada uno de ellos se encargó de elegir la cifra que le correspondía, dando con ello una imagen de falta de una verdadera voluntad común (ejemplo de ello fue la negativa de la Unión Europea ha subir del 20% al 30% como tenía previsto inicialmente al no ver  un gesto en los demás participantes). Además, las cifras eran provisionales y sólo hasta el 31 de enero de 2010. Los países en desarrollo, por su parte, podrían reducir el “crecimiento de sus emisiones” pero de forma voluntaria, mientras Chinalograba que ni siquiera se asegurara que habría una revisión externa exhaustiva del grado de cumplimiento.

En aquelo momento lo que se pretendía dejar claro que en torno al año 2017 se debía llegar al máximo de emisiones planetarias y a partir de ahí ir bajando. Ahora se dice que será “tan pronto como sea posible”. Además, el texto afirmaba que los paísesparticipantes “están de acuerdo” en que “se requiere” que el aumento no superara los 2ºC. Ese es el umbral de seguridad climática de los científicos, pero que no es viable a fecha de hoy con los objetivos de reducción comprometidos.

El Protocolo de Kioto no incluyó en su momento a los países en vías de desarrollo. También EEUU se quedó fuera por decisión propia. En Copenhague ya estaban todos, salvo Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Sudán. La mera entrada de EEUU en escena era ya una noticia y también que la Casa Blanca hubiera llegado a un acuerdo, aunque fuera de mínimos, con Pekín.

Respecto a la financiación y las ayudas a países pobres se conformaba un fondo inmediato de 30.000 millones de dólares hasta 2012 para ayudar a los países menos desarrollados y los más amenazados por el cambio climático a adaptarse y conseguir mejoras tecnológicas en energía. Con el mismo objetivo se creaba otro fondo que, a la altura de 2020, ya debería tener 100.000 millones de dólares anuales provenientes de vías privadas y públicas.

Como mecanismos novedosos resultantes de aquella cumbre surgió el que se pagara a los países por no cortar bosques (mecanismo REDD – Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación), lo que suponía un hito de importantes consecuencias no sólo para el clima sino para evitar la pérdida de biodiversidad planetaria, sobre todo en el trópico, siendo este el modo más sencillo de evitar el aumento de las emisiones de CO2.

Ayer en Durban, dos años después, y con un día y medio de retraso, la conferencia ha terminado con, una vez más, acuerdos de mínimos. El acuerdo no solo era urgente en Durban, ¡era urgente en Copenhague hace dos años! EEUU, junto con otros países como Canada, Australia o Japón, han conseguido dinamitar cualquier acuerdo que limitara las emisiones a partir del año que viene. Se pospone (una vez más) el acuerdo a 2020, pese a que los científicos no paran de afirmar que se nos acaba el tiempo y que incluso 2017 podría ser ya tarde.

La Unión Europea (y Suiza, Noruega, Australia y Nueva Zelanda), junto con los países más pobres, se ha mostrado partidaria a continuar Kioto (el año que viene se analizará si hasta el año 2017 o hasta el 2020), pero se ha quedado sola dentro del grupo de los grandes contaminantes, los llamados a liderar este movimiento y que una vez más anteponen sus intereses particulares al bien común (de nada sirve el impulso europeo si no se ve reforzado por el de EEUU, China, Canadá, Japón Rusia, India o Sudáfrica).  Los Estados que se han adherido de nuevo a este Protocolo apenas representan un 15% de las emisiones globales de gases contaminantes, lo que da una idea de la debilidad de los resultados alcanzados en Durban.

Como aspecto positivo señalar la puesta en marcha de una hoja de ruta, a propuesta de la Unión Europea,  para la adopción de un nuevo acuerdo global vinculante de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aplicable a todos los países, al contrario que Kioto, que sólo incluye a los Estados desarrollados. Tras un pacto entre la India, reticente a asumir compromisos vinculantes, y la Unión Europea, el documento final acuerda empezar las negociaciones para adoptar, en 2015, un “resultado con fuerza legal” para todos los países.

La ambigüedad del término traslada a posteriores cumbres la verdadera negociación, que consistirá en establecer exactamente el marco legal y las obligaciones a las que se someterán los países que lo ratifiquen. Las potencias no han consensuado si lo que se busca finalmente es un acuerdo o un protocolo (una fórmula con mucha más fuerza) y habrá que ver cómo se reparten las emisiones. El nuevo acuerdo global deberá estar listo antes de 2020, periodo en que finalizan los compromisos voluntarios de recortes efectuados por los Estados en la cumbre de la ciudad mexicana de Cancún (COP17) de 2010.

Finalmente el Fondo Verde para el Clima cuyo objeto es facilitar la adaptación al cambio climático de los países en desarrollo también se ha quedado en aguas de borraja. Se ha acordado  (nuevamente, pues ya se hizo en Cancún) toda su burocracia operativa (funciones, estructura, …), pero a la hora de fijarse el modo de financiarlo nada, de nada, ni un solo elemento de aportación al mismo acordado (tras desestimarse el inicialmente acordado impuesto a los transportes marítimos, que incluso contaba con el apoyo de la industria naviera, cuestión ésta nada baladí). Se pondrá a disposición de los países en desarrollo 100.000 millones de dólares anuales (74.000 millones de euros), al tiempo que los delegados pactaron un programa de trabajo para 2012 con el fin de hacer factible el fondo, entre otros, contratando personal.

No se ha avanzado significativamente en los acuerdos para la protección de los bosques. Tampoco hay previsto dinero para ello en el Fondo Verde. Así, cobra fuerza la posibilidad de que la financiación para la protección de las selvas venga de centrales eléctricas e industrias, que entonces no tendrían que reducir tan drásticamente sus emisiones. Como el bosque absorbe mucho dióxido de carbono, podría abaratar los derechos de contaminación.

Como se ha recogido en multitud de blogs que se pueden leer estos días la sensación general es de indignación, decepción y desmotivación. Una vez más se ve escapar la posibilidad de poder poner solución a un problema global que puede acabar en un desastre, como cuando “correcaminos” acaba siempre escapando de las garras del coyote, con la diferencia de que aquí es el problema, el “malo”, el que siempre acaba encontrando una escapatoria mientras quedan todos los efuerzos de muchos aplastados por la enorme y pesada roca (la que representa las necesidades de miles de Africanos y en especial de mujeres campesinas).

“El futuro no es lo que va a pasar, el futuro es lo que vamos a hacer”. Pero el tiempo discurre y no acabamos de hacer nada globalmente. Quizás la solución deba inducirse desde un ámbito más individual o social, como elemento de presión hacia unas autoridades que en muchos momentos y en muchas cuestiones parecen estar jugando en otro tablero con multitud de intereses mezclados e incluso contrapuestos, lo que dificulta poder avanzar de un modo correcto, aunque no sea en el más sencillo o recto, todo ello aderezado con un lenguaje excesivamente burocrático y acristalado.

Una semana llena de palabras y ausente de compromisos:

Lunes. La comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard muestra la frustración europea por tener que negociar otra hoja de ruta, algo que se consiguió en Bali en 2007: “Es frustrante estar así, pero este es el escenario en el que nos movemos, no el que nos gustaría”. El negociador chino Xie Zhenhua aceptaría un acuerdo vinculante de emisiones en 2020 si se dan una serie de condiciones. Hedegaard apunta después que no era más que una maniobra.

Martes. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, admite: “Debemos ser realistas. Un acuerdo vinculante puede estar fuera de nuestro alcance ahora”. El enviado de Obama, Todd Stern, tiene el mandato de no comprometerse a negociar un tratado: “Estaríamos abiertos a un proceso para una negociación con resultados después de 2020 y puede acabar siendo un acuerdo legalmente vinculante”. La UE pide una hoja de ruta, pero Stern prefiere dejarlo en “proceso”.

Miércoles. Canadá no firmará un segundo periodo de Kioto: “Eso es el pasado”.

Jueves. Stern, que aparece en público como el que bloquea le negociación, da signos de flexibilidad: “La UE ha pedido una hoja de ruta y nosotros lo apoyamos”. Posteriormente, el departamento de Estado matiza: “No dijo que EE UU apoye un acuerdo legalmente vinculante como resultado del proceso negociador”. Jo Leinen, del Parlamento Europeo, replica: “Me frustra que esta conferencia está secuestrada por el juego de ping-pong de EE UU y China”.

Viernes. La presidenta de la conferencia, la sudafricana Maite Nkoana-Mashabane, se enoja cuando la prensa pregunta por los escasos avances: “Envidio su profesión. Pueden ver a gente trabajando duro 12 meses, o 17 años, y decir que no hemos conseguido nada”.

Fuentes de información: El Mundo, El País.


XVII Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático (COP17) en Durban (Sudáfrica)

Hoy he podido leer varias noticias sobre el desarrollo de la cumbre. La primera que me ha llamado la atención es la que afirma: “El futuro del clima, en manos de EEUU, India y China”. Lo primero que he pensado ha sido ¡menuda responsabilidad!, para inmediatamente cuestionarme hasta que punto alguien o algo puede hacerse dueño del clima.

Los destinatarios son los grandes emisores de gases de efecto invernadero fuera de la Unión Europea (UE). El ministro de Medio Ambiente alemán Norbert Röttgen ha afirmado que “No lo llamaría una llamada de socorro, sino un claro llamamiento, viendo señales esperanzadoras en el multimillonario fondo del clima que se está proyectando.

Por lo que se ve, la solución es un nuevo multimillonario fondo económico, uno más en estos tiempos de crisis que asolan a la economía mundial. Disponemos de acuerdos para crear fondos de protección para el sistema financiero, para los países acuciados por la deuda soberana, para atajar el problema del desempleo, para combatir el hambre en los países más desfavorecidos, …

Y la pregunta que uno se hace al final, al fondo de tanto fondo, ¿quién debe poner el dinero para los mismos? Será China, será EEUU, … ¿de dónde saldrá ese dinero? ¿A quién dejamos de dárselo? Están hablando de 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020, aunque los hay que piensan ya antes de comenzar que serán insuficientes.

Por lo que se ve, parte del debate es más prosaico y menos trascendente en lo que se refiere al objetivo loable de salvar al clima y por ende a nuestro planeta. ¿Dónde tendrá su sede el Fondo Verde para el Clima (FVC), que llevará a la creación de varios cientos de puestos de trabajo? México y Alemania porfían por el mismo, de modo que sí, si parece que el clima tiene propietario o al menos quiere tenerlo.

Y por lo que se habla estos días a China no le falta buena voluntad, pero no fija suficientes prioridades de protección del clima y además enfrenta resistencia en su propio país en la implementación de los objetivos climáticos.  Es imprescindible conseguir alcanzar una hoja de ruta que permita lograr un acuerdo legalmente vinculante a partir de 2012 (el protocolo de Kioto expira a finales de dicho año).

Ya lo ha afirmado hoy en Durban Ban Ki-moon, secretario general de la ONU:  “Sin exagerar, podemos decir: el futuro de nuestro planeta está en juego”


Inicio del Master

Hola a todos.

Estos primeros días del Master están siendo una mezcla de todo. Uno siente un gusanillo en el estómago cuando está ante el comienzo de un nuevo desafío y experimenta un conjunto de sensaciones muy diversas, pasando de la seguridad a la inseguridad dependiendo de lo familiarizado o no que se encuentre con los temas.

En concreto el tener que introducirte en una plataforma nueva y en muchos casos en elementos que no son del uso diario habitual generan en ocasiones un cierto grado de agobio al iniciarse en ellos, pero que van quedando atrás en la medida que te vas familiarizando en su manejo. A esto hay que unir la abundante documentación y links de referencia facilitados, lo que no deja tiempo para el aburrimiento.

Un saludo a todos.



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