Innovación y Legislación: las dos velocidades de un país

El martes por la tarde mantuvimos una conversación muy interesante con el nuevo gerente de Biótica, Bioquímica Analítica, S.L., Carlos Ferrer. Biótica es una empresa innovadora de base tecnológica (EIBT) nacida en Castellón de la mano de un grupo de investigadores y socios inversores que lanzó al mercado un kit revolucionario que permite en apenas una hora detectar la presencia de Legionella pneumophilla en el agua (Kit Legipid® Bioalarm Legionella). Esta bacteria es la responsable de un elevado porcentaje de casos fatales de neumonía. No sólo han conseguido desarrollar este producto que rompe con la barrera de los 12-15 días que tardaba el método tradicional de análisis, sino además de lo hacen de un modo muy competitivo; por si no fuera suficiente, el producto ha recibido una de las certificaciones más prestigiosas a nivel internacional en su ámbito (AOAC-RI 111101). Y hasta aquí estaríamos ante una historia de éxito, ¿no?

Más allá de la realidad, Biótica ha tenido que ampliar capital recientemente para poder mantenerse en el mercado, integrando como socio a IPROMA, la empresa del Grupo Gimeno especializada en el análisis, inspección y diagnóstico medioambiental. Mediante este movimiento, la empresa incorpora un socio industrial.

El RD865/2003 de 04 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis establece que la determinación de presencia de Legionella pneumophilla se realizará mediante el empleo de la técnica de cultivo en placa.

La no adaptación de este Real Decreto a las nuevas tecnologías, extensamente validadas por organismos nacionales e internacionales, suponen un importante escollo en el proceso de retorno de las inversiones público-privadas en I+D a la sociedad.

Biótica está centrando sus esfuerzos en la internacionalización, dado que a pesar de las ventajas de su producto, el tratarse de un método no oficial, no tiene la penetración adecuada en el mercado Español.

Este es un caso en el que la propia legislación española y el desfase tecnológico de la misma, impide poner en valor un desarrollo español financiado por fondos públicos, mediante el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CDTI, hoy dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.


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