PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

La propiedad intelectual, desde el punto de vista de la tradición continental europea y de los principales países latinoamericanos, supone el reconocimiento de un derecho de propiedad especial en favor de un autor u otros titulares de derechos, sobre las obras del intelecto humano. La propiedad intelectual se clasifica en dos categorías:

1- Propiedad industrial: Es el es un conjunto de derechos que otorga el Estado a una persona física o jurídica para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Esta incluye las invenciones (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), diseños industriales y signo distintivo (marca o nombre comercial).

2- Derechos de autor: es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Está reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El derecho intelectual o derecho de la propiedad intelectual es la rama del derecho público que estudia las prerrogativas de los creadores y titulares de obras protegidas bajo el régimen del derecho de autor o de los derechos de propiedad industrial.

En la República Dominicana, los derechos de propiedad intelectual son reconocidos por la Constitución como parte de los derechos individuales y sociales, y expresamente establece que “son derechos de la persona humana la propiedad exclusiva por el tiempo y la forma que determine la ley, de los inventos y descubrimientos, así como de las producciones artísticas y literarias”.

En el país se creó la ley 4994 el 26 de Abril de 1911, sobre Patentes de Invención, y la ley 1450 el 29 de Diciembre de 1937, sobre Registro de Protección de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales. Estas estuvieron vigentes hasta que en el año 2000 se aprobó una moderna legislación que constituye el estatuto vigente en materia de propiedad industrial, la Ley No. 20-00 conjuntamente con su Reglamento de Aplicación No.599-01.

Con la promulgación de la referida legislación, se unificó en un sólo cuerpo legislativo las patentes de invención, las marcas de fábrica y nombres comerciales y los lineamientos internacionales contenidos en los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Igualmente, se crea la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), institución adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, con autonomía técnica y con patrimonio propio, que administra todo lo relativo a la concesión, al mantenimiento y vigencia de los registros de las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial (patentes de invención, de modelos de utilidad, registro de diseños industriales y de signos distintivos).

Con la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, se crea toda una estructura sobre los contratos, derechos de uso, concesión de licencias, registros de signos distintivos, invenciones, diseños industriales, modelos de utilidad y comercialización de la propiedad intelectual que garantiza al autor de la obra intelectual una completa propiedad sobre dicha obra. Se otorgan dos tipos de derechos: en primer lugar el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que un tercero lo haga.

Igualmente, crea un régimen estricto de sanciones que incluye prisión correccional, que puede ir desde tres meses hasta tres años y multas de cincuenta a mil (50-1000) salarios mínimos, en el caso de violación a los derechos de autor; y de tres meses a dos años y multas de diez a cincuenta (10-50) salarios mínimos en el caso de violación a los derechos de propiedad intelectual. Además de las acciones civiles de las que puede ser objeto el demandado.

 Según la legislación, se entiende por invención “toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las condiciones de patentibilidad”.

Procedimiento de Registro de una Patente de Invención:

 A los fines de registro, las invenciones deben cumplir con algunos requisitos para considerarse patentables: deben ser susceptible de aplicación industrial (capaz de ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria), deben ser novedosas y tener nivel inventivo. Una vez cumplidos los requisitos, la misma deberá ser solicitada, mediante instancia, por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. De conformidad a la Ley 20-00, referida instancia deberá contener:

1- Los datos relativos al solicitante, al inventor y al mandatario;

2- Nombre de la invención,

3- Descripción de la invención;

4- Una o más reivindicaciones;

5- Los dibujos que correspondan,

6- El resumen

7- Comprobante de pago de la tasa de presentación.

8- Copia certificada de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título o certificado que se hubiese obtenido en otro país y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en la República Dominicana, indicando la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud.

9- Si el solicitante no es el inventor, la solicitud además deberá contener la documentación que justifique su derecho a obtener la patente.

Luego de efectuado el depósito de esta documentación, la Oficina Nacional del Propiedad Industrial (ONAPI) realizará un examen de forma de la patente solicitada dentro de un plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de solicitud. En caso de observarse alguna omisión o deficiencias, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de dos meses, a reservas de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no cumple con efectuar la corrección en el plazo indicado, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hará efectivo el abandono mediante comunicación motivada. Si se subsana la omisión dentro del plazo previsto, se asignará como fecha de solicitud aquella en que se subsana la omisión.

Si el expediente se encuentra completo, al cumplirse el plazo de 18 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, la ONAPI notificará al titular a los fines de que este proceda al pago de su publicación en el órgano oficial de la misma. El solicitante podrá requerir que la publicación se haga antes del vencimiento del plazo antes indicado.

Dentro del plazo de los 12 meses, contados a partir de la publicación, el titular deberá realizar el pago del Examen de Fondo a pena de ser declarada abandonada la patente. Tal y como establece el artículo 23 de referida Ley, si el examen de fondo realizado es favorable, se concederá la patente. En caso de que fuera parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente a las reivindicaciones aceptadas. Mientras que si fuera totalmente desfavorable se denegará la patente.

Resuelta la concesión de la patente, el registro de propiedad industrial:

a) Inscribirá la patente en el registro correspondiente;

b) Entregará al solicitante un certificado de concesión y un ejemplar del documento de patente;

c) Expedirá a quien lo solicite un ejemplar del documento de patente, previo pago de la tasa establecida.

El anuncio de la concesión de la patente se publicará a costa del interesado en el boletín oficial que editará la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. De igual manera, la Ley 20-00 establece que la patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana y dispone el pago de tasas de mantenimiento anuales a pena de caducidad de pleno derecho de la patente.

Se considera como modelo de utilidad, cualquier nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Estos modelos de utilidad también se protegen mediante la concesión de patentes, pero no pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad:

–  Los procedimientos;

–  Las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole; y

–  La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con esta ley.

La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo puede referirse a un objeto, sin perjuicio de que dicho objeto pueda comprender dos o más partes que funcionan como un conjunto unitario. Pueden reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

A diferencia de la patente de invención que tiene una vigencia de veinte años, la patente de modelos de utilidad vence a los quince años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente en la República Dominicana.

Con relación a las tasas de mantenimiento, también existe diferencia entre ambas patentes. La patente de invención estará sujeta a pagos anuales para su mantenimiento, en cambio la patente para modelos de utilidad estará sujeta a tasas de mantenimiento pagaderas al quinto año y al décimo año, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, aunque su pago se sujetará a las tasas anuales establecidas para las patentes de invención.

Para mayor información:

Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI)

http://onapi.gob.do/go/qui-nes-somos/legislaci-n/legislaci-n

LEY 20-00 sobre Propiedad Industrial

http://onapi.gob.do/pdf/ley20-00.pdf


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