Bolivia: arbitraje y/o legislación

Bolivia es un país rico en recursos naturales que históricamente para su explotación ha necesitado de la inversión de capital proveniente del extranjero. Numerosas empresas dentro del sector de los hidrocarburos se han aprovechado de esta situación de necesidad y al amparo de la legislación existente, durante años han obtenido enormes beneficios económicos que nos se han trasladado al país.

Antes de la aprobación de la Constitución del 2009 no existía ninguna referencia al arbitraje en la Constitución, por lo que se seguía las reglas del arbitraje internacional. Sin embargo en abril de 2007 los Países miembro de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela) acordaron retirarse de la convención del CIADI. El 1 de mayo de 2007 el Gobierno del exlíder cocalero Evo Morales denunció el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, con lo que fue el primer país en dejar de formar parte del CIADI.

Hasta ese momento, dos habían sido las empresas que habían denunciado al Estado Boliviano ante el CIADI, la empresa Bechtel (Aguas del Turani), por lucro cesante producto de la famosa guerra del agua en la ciudad de Cochabamba en el año 2000 y la empresa chilena Quiborax por la anulación de una concesión minera en el año 2004. En el primer caso el proceso de arbitraje se interrumpió al llegar las partes a un acuerdo amistoso y el segundo está aún en espera de veredicto por parte del CIADI.

La salida del CIADI se hizo efectiva seis meses después de presentada la solicitud, pero unos días antes de que esto ocurriera, el 12 de Octubre de 2007, la empresa ítalo-holandesa Euro Telecom (ENTEL para Bolivia) presentó una queja contra el país que tuvo que ser procesada por haberse presentado antes de la salida efectiva del país. En el año 2010 el caso se cerró al alcanzar las partes, al igual que en el caso del agua, un acuerdo amistoso.

En el año 2009 y con el fin de protegerse de posibles demandas internacionales tras la nacionalización de los hidrocarburos llevada a cabo ese mismo año, el Gobierno de Morales aprueba unilateralmente una Constitución en la que por primera vez se hace mención al arbitraje internacional, que en su artículo 366 dice:

“Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas”.

Dentro de las curiosidades de éste gobierno y posterior a la Constitución se aprobó el Decreto supremo 224 y que en relación a los hidrocarburos dice:

“En la contratación de estos bienes, obras y servicios especializados las entidades públicas podrán adherirse a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas; asimismo, podrán someterse en lo que corresponda a la legislación extranjera o arbitraje internacional”.

A pesar de todo, en abril de 2010, la empresa petrolera Pan American Energy presentó una demanda ante el CIADI contra Bolivia por la nacionalización de su filial “Chaco SA”, decretada en enero de 2009. El caso solo ha sido registrado y es improbable que sea abordado en el CIADI dado que la demanda fue presentada después de los seis meses de plazo en los que el tratado ha dejado de tener vigencia para Bolivia.

Como vemos, cambios de dirección, contradicciones… es decir, un marco legal poco deseable para cualquier empresa internacional con ganas de invertir. Aunque el Gobierno intente mostrar ante otros países una imagen firme e independiente, en la mitad de los casos denunciados se ha llegado a un acuerdo económico con la empresa denunciante. Ahora bien, queda por ver que va a hacer el Presidente Morales en caso de que el CIADI emita un laudo en su contra en alguno de los casos pendientes. En mi opinión y aunque la Constitución le permitiría no acatarlo, llegará a un acuerdo antes de espantar la inversión extranjera que sabe imprescindible.

Un saludo a tod@s.


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