Pymes, empleo y propuestas electorales
Según datos de Eurostat, en España hay más de 2,4 millones de pequeñas y medianas empresas (Pymes), que emplean a unos 9,3 millones de personas, un 76 % del total de los trabajos del sector privado. Sin embargo, la Comisión Europea (CE) advirtió, el pasado 4 de Octubre, que las pymes españolas seguirán reduciéndose, destruyendo así más puestos de trabajo. Bruselas recuerda en su informe que los pronósticos apuntan a que la economía española no comenzará a recuperarse significativamente hasta pasado 2011 y advierte de que “probablemente” el sector de las pymes tardará aún más en recuperar la situación previa a la crisis.
Tras ojear los programas electorales de los partidos políticos mayoritarios, publicados estos días previos a las elecciones generales me ha sorprendido que dos partidos con ideales que básicamente se podrían calificar como “diametralmente opuestos” presenten una propuesta que, aunque difiere de manera significativa en las cantidades, está orientada en la misma dirección con respecto a las pymes y el empleo.
En el primero de los programas consultados se promete la aprobación de un apoyo fiscal por importe de 3000 euros por la contratación del primer trabajador no socio de una empresa de nueva creación.
El segundo partido propone una subvención durante dos años del primer contrato indefinido por parte de una empresa o autónomo actualmente sin trabajadores, que se descontará de la liquidación del Impuesto de Sociedades, IVA o IRPF. Esta subvención tendría un valor de hasta 6000€ el primer año y hasta 4000€ el segundo.
Cualquiera de las dos propuestas constituye una medida de apoyo a los emprendedores, que permitiría y/o facilitaría que las pequeñas empresas generaran puestos de trabajo. Del mismo modo, colaboraría en costear los procesos de arranque de una empresa, que suelen requerir un importante desembolso por parte del emprendedor.
Entiendo que ambos partidos pretenden compensar la inversión en estas subvenciones o bonificaciones con las cotizaciones del nuevo empleado junto con el ahorro en las prestaciones, dado que el trabajador contratado dejará de recibir la prestación por desempleo. Teniendo en cuenta la propuesta del primer partido, el gasto por parte del gobierno en la bonificación de 3000 euros será compensado en pocos meses con el ahorro en la prestación; en el caso de aplicarse la del segundo partido, la compensación podría alargarse más en el tiempo, pero se conseguiría incentivar el mantenimiento del puesto de trabajo durante los dos años que duraría la bonificación.
Por ello, desde mi punto de vista, es una medida muy sencilla y en principio sin ningún coste real, que podría resultar exitosa y permitir una reducción de la tasa de paro.
Parafraseando al líder de uno de los partidos: “si cada pyme o autónomo contratara a una sola persona en España, este país daría un paso adelante de incalculables dimensiones”.



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