El déficit tarifario es sin duda un tema de actualidad y que conlleva una gran controversia. El objetivo del siguiente texto es tratar de explicar y analizar que entendemos por déficit tarifario, los agentes involucrados así como las causas y las soluciones propuestas por la actual administración. El déficit de tarifa es la diferencia entre el monto total recaudado por las tarifas integrales y tarifas de acceso (que fija la Administración y que pagan los consumidores por sus suministros regulados y competitivos, respectivamente) y los costes reales asociados a dichas tarifas (costes de adquisición de la energía para las tarifas integrales, de transportar, distribuir, subvencionar, etc).

Hay un amplio consenso en que el precio de adquisición de la energía está muy próximo al coste de generación del pool. Por consiguiente, la diferencia se encuentra entre el precio de acceso a la red que pagamos los usuarios y el valor de los costes regulados siente este último mucho mas alto. Por costes regulados entendemos los siguientes:

El déficit tarifario surgió por primera vez el año 2000 -como resultado de un ligero desajuste entre la previsión inicial de ingresos y costes y las liquidaciones efectivas- y, tras alcanzar un valor significativo en 2002, volvió prácticamente a desaparecer durante los dos ejercicios siguientes. Sin embargo es a partir de 2005 cuando el déficit empieza a tomar valores significativos.

Hay un importante consenso que una causa importante del déficit es la poca adecuación del precio de total de acceso a la energía de último recurso (TUR) con el aumento de las partidas en los costes de los últimos años. Una razón podría ser el elevado precio político que conlleva fijar al alza el precio de la electricidad por parte del regulador, es decir, el gobierno. Este consenso pierde fuerza cuando se trata de explicar que factores han contribuido en mayor medida en el aumento de los costes regulados. El elevado precio de los combustibles fósiles, la entrada del régimen especial con sus generosas subvenciones, los elevados costes en el transporte sometidos monopolio o la controvertida partida en amortizaciones de las centrales antiguas (principalmente hidráulicas y nucleares) son los factores que suenan con mayor fuerza para explicar dicho aumento.  De hecho, estos factores sirven como argumentos en la batalla que enfrenta a las grandes eléctricas con los productores de energía renovable para atribuirse el déficit mutuamente.

El actual gobierno central pretende impulsar una reforma energética para paliar el déficit que se estima que podría aumentar en otros 70000 millones más en el periodo entre 2012 y 2020. Dicha reforma contiene iniciativas como un impuesto del 6% en cualquier tipo de generación de electricidad, la introducción del céntimo verde sobre los combustibles fósiles en generación, un impuesto sobre la gestión de los residuos nucleares o el nuevo canon sobre la generación hidroeléctrica. A esto hay que añadir la prórroga en las primas al régimen especial que deja en una situación de extrema vulnerabilidad e incertidumbre las inversiones en el sector de las renovables.

La conclusión es que nos encontramos ante una situación delicada puesto que el déficit eléctrico ya es indudablemente un asunto de estado. Es necesaria una reforma integral que alineelos precios de la electricidad con el coste real de producción, transporte y  distribución. Sin embargo, considero que es igual de  necesaria una planificación y un proyecto coherente que tenga en cuenta no solo el corto plazo si no el medio y largo plazo. No se debe desaprovechar la situación ventajosa que tiene España en cuanto al sector de las renovables y perder una oportunidad de por fin liderar a nivel mundial un área de negocio. Por último, no podemos olvidar los compromisos adquiridos con Europa y el Mundo en materia de políticas medio ambientales para combatir el cambio climático.

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