Internacionalización en la construcción: el peligro de la falta de Seguridad Jurídica
Proceso de Internacionalización
Para cualquier empresa relacionada con el sector español de la construcción, si quiere continuar trabajando en lo que sabe hacer, hoy en día internacionalizarse resulta casi imprescindible para conseguir sobrevivir a la falta de negocio en nuestro país.
A la hora de intentar llevar a cabo este cada vez más necesario trámite, existen distintas alternativas. Dependiendo del tamaño y recursos de la empresa, así como de su voluntad de abrir mercado en el país en el que se vaya a ejecutar la obra, las constructoras e ingenierías están optando por alguno de los siguientes métodos para conseguir salir al exterior:
- Acudir para la realización de una obra puntual como subcontrata, a las órdenes del contratista principal y para realizar una determinada parte de la obra. Este sistema permite que empresas de menor tamaño, pero especializadas en un determinado trabajo, puedan tener entrada en ese mercado.
- El acuerdo joint venture, aliándose temporalmente con otras empresas para la realización de un proyecto concreto, basado normalmente en la suma de capacidades tecnológica o financiera de los distintos aliados.
- Creando una sucursal o filial en el país de destino, cuando se pretende tener allí una implantación permanente y tener representación en el mismo, ya sea por posicionamiento estratégico o por el potencial del país en cuestión.
- Comprando una empresa local, que facilita la concurrencia a concursos públicos, ya que se hace con el curriculum, la experiencia y el capital humano de la empresa local, pero que tiene la desventaja de la dificultad de integrar la empresa en la estructura y el funcionamiento de la matriz. Por ejemplo, lo hizo OHL en 2008 para desembarcar en Perú, al comprar la empresa TPSAC en el país andino, que contaba con cincuenta años de historia, y vistos los resultados fue una estrategia acertada.
- Presentarse directamente a una licitación en otro país para optar a la adjudicación de un contrato; normalmente se trata de obras emblemáticas de gran envergadura que se sacan a concurso internacional. En este caso hay que ser capaz de ofrecer algo que las empresas locales no posean, como gran experiencia en el tipo de obra licitada, ser una empresa de reconocido prestigio internacional, etc, por lo que prácticamente está reservado a las grandes empresas.
- Mediante un consorcio internacional, normalmente para optar a concesiones, formado por una alianza de distintas empresas a más largo plazo que una joint venture, y donde unen sus intereses constructoras, ingenierías, entidades financieras, e incluso empresas públicas con experiencia en el proyecto en cuestión: como Aena y OHL en la puja de aeropuertos privatizados en Brasil, o el consorcio adjudicatario del proyecto de alta velocidad de Medina a la Meca,liderado por Adif, Renfe y Talgo y que cuenta con OHL y otra decena de empresas constructoras y de ingeniería.
Seguridad Jurídica del país
Para la elección de uno de los métodos indicados, a parte de la estrategia que se quiera seguir, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta será el de la seguridad jurídica del país donde se tenga pensado invertir. Ya que, si la experiencia va a ser dura, como en todo proceso complejo y desconocido en el que nos embarquemos, si no contamos con unas mínimas garantías legales de que podremos desarrollar nuestro negocio con cierta tranquilidad, las consecuencias de la aventura pueden resultar desastrosas para nuestros intereses.
Antes de realizar una inversión en un país, es necesario comprobar la seguridad jurídica que nos ofrece. Es aconsejable que conocer si ese país suscribe los convenios internacionales sobre ejecución de laudos arbitrales extranjeros (Uncitral, CIADI), y si dicho país los ejecuta fácilmente o no. Si además existe algún tratado bilateral o APPRI (Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones) vigente entre España y dicho país, tendremos más instrumentos a la hora de reaccionar eficazmente ante cualquier acción que podamos considerar como lesiva -una expropiación o nacionalización sin la adecuada compensación o, en general, cualquier trato injusto, arbitrario o discriminatorio- por parte de otro país.
Malas experiencia españolas
Y es que la historia reciente está plagada de malas experiencias de empresas españolas que han sufrido varapalos gordos al afrontar proyectos fuera de nuestras fronteras, durante sus procesos de internacionalización, bien sea por haber elegido destinos demasiado inestables políticamente, o con poca tradición democrática, o por haberse decidido por países en vías de desarrollo con reglas del juego poco claras a ojos de la justicia internacional.
Como ejemplo, podemos recordar el episodio que durante la década de los noventa llevó a las constructoras españolas a establecerse en Marruecos y posteriormente retirarse, por varios problemas con su justicia.
Las constructoras españolas desembarcaron masivamente en Marruecos tras la firma en 1991 de un tratado de amistad y cooperación entre estados, pero los problemas con el Estado marroquí comenzaron pronto (tardanza con expropiaciones, cambios unilaterales de especificaciones en contratos, etc.). En 1996 la Dirección de Puertos marroquí adjudicó a FCC la construcción de un muelle por importe de 20 millones de euros, y dos años después, cuando el 80% del contrato estaba ejecutado, el Ministerio de Obras Públicas marroquí paralizó la obra al poner en duda la estabilidad de las dársenas, y le confiscó todo el material. La empresa española demandó a la Dirección de Puertos por incumplimiento de contrato ante las autoridades locales, y en 2.001 la empresa fue multada con 11 millones de euros.
A raíz de ese episodio las constructoras españolas huyeron del territorio marroquí, ausencia que ha durado hasta hace poco, cuando las gestiones del Gobierno español y la Casa Real consiguieron un mínimo compromiso por parte del gobierno marroquí de solucionar los contenciosos y reclamaciones que varias constructoras tenían pendientes (a pesar de que la inseguridad jurídica no haya cambiado aún a día de hoy), y así lograr las condiciones mínimas para que se arriesgasen a volver a trabajar allí.
Tampoco les ha ido bien a empresas presentes en países musulmanes que han sufrido las recientes revueltas, como en Libia, donde Bruesa puso casi todas sus esperanzas y los graves incidentes precipitaron su salida y agravaron su ya mala situación económica, desembocando en su concurso de acreedores.
Pero tampoco hay que irse a destinos tan exóticos para encontrar problemas de constructoras con administraciones extranjeras, que les han supuesto pérdidas de cientos de millones de euros en sus cuentas y pérdida de cotización en los mercados de valores:
- Muchas veces, el poder económico que la empresa adquiere en el país de destino es percibido como una amenaza por el Gobierno de dicho país, y éste intenta recuperar parte de la soberanía que considera que le han quitado. Así vemos que hay gobiernos intervencionistas, que se sienten colonizados y que intentan, con mayor o menor éxito, nacionalizar las empresas extranjeras, como Venezuela, o como está pasando actualmente en Argentina con Repsol, que con la aprobación de la ley de Emergencia Económica le permite al Gobierno regular el sector exterior a su conveniencia, con la inseguridad jurídica que provoca en los mercados.
- En otras ocasiones, como con Ferrovial y su gran participación en aeropuertos del Reino Unido, su presencia se percibe como una amenaza a la competencia; recientemente se ha conocido la resolución del Tribunal de Apelación de la Competencia del Reino Unido, que tras un largo contencioso obliga a BAA, el gestor aeroportuario participado por Ferrovial, a deshacerse definitivamente y de acuerdo con un calendario, de varios aeropuertos por entender que iba en detrimento de la competencia, con la pérdida de negocio y el impacto negativo en sus cuentas consolidadas que ello conlleva.
- Y en otros casos, la incertidumbre sobre el cobro es tan grande, que ha llevado a las constructoras a renunciar a adjudicaciones millonarias. Ferrovial se llevó un varapalo en Polonia, donde está completamente asentada desde hace años, al decidir romper el acuerdo adquirido con la Administración del país tras ser adjudicatario de la construcción y explotación durante 30 años de una autopista de peaje (proyecto valorado en unos 1.800 millones de euros) al no llegar a un acuerdo “en las condiciones comerciales para hacer el proyecto económica y financieramente viable para todas las partes”, por la incertidumbre sobre la el cobro de las tarifas previstas. El sólo anuncio del desacuerdo que impedía llegar a la firma del contrato, hizo que Ferrovial cayese un 2% en bolsa ese día, por el impacto que genera un descenso de la cartera de ese calibre, a parte de exponerse a las penalizaciones que contemple el procedimiento de adjudicación.
Por todo ello es imprescindible contar con un buen asesoramiento jurídico a la hora de intentar hacer negocio fuera de nuestras fronteras, donde los procedimientos y la legislación nos son totalmente ajenos, y donde, si no contamos con la garantía de alguno de los instrumentos internacionales comentados que protejan nuestros intereses, estaremos a merced de la diplomacia, que aún puede ser más peligrosa e imprevisible que los tribunales…
Suerte y Salud!