La responsabilidad penal ambiental es, junto con las responsabilidades administrativa y civil, uno de los instrumentos jurídicos existentes en nuestro Ordenamiento para defender el entorno natural de las agresiones humanas. Por su parte, la tutela penal es el mecanismo más contundente del que dispone el Estado para proteger cualquier derecho, incluido la protección del entorno. Por esto mismo, la vía penal debe responder siempre al Principio de intervención mínima, que protege los bienes más importantes sólo en las ocasiones más necesarias. Según este principio, el Derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito).