Referencia a algunos tipos de obras. en Propiedad intelectual

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Wikilibro: Propiedad intelectual > Capítulo 4: Sujeto y objeto de los derechos de autor

Sección 3

Referencia a algunos tipos de obras.

Obras audiovisuales.

Los arts. 2.1 del Convenio de Berna y 10.1. letra d) de la LPI recogen expresamente como protegidas las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. Este tipo de obra cuenta con disposiciones especiales en el art. 14bis del Convenio de Berna en cuanto a la determinación de los titulares del derecho de autor y otros aspectos.

La obra audiovisual es el único supuesto en que la ley española expresamente atribuye a una categoría de obras la condición de obra en colaboración, siendo sus autores por disposición legal: el guionista, el director-realizador y el compositor de la música específicamente creada para la obra (art. 87 LPI). No todas las legislaciones reconocen a las mismas personas como autores de la obra audiovisual, habiendo incluso en la UE una diversidad de criterios al respecto que ha dado lugar a diversas actuaciones en la materia.

La obra audiovisual es la creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, siempre que cumpla la exigencia de originalidad (art. 86 LPI). Debe diferenciarse de la grabación audiovisual que es la simple fijación de imágenes en planos o secuencias: las grabaciones no siempre son obras (por ejemplo, no lo son las grabaciones de una cámara de video-vigilancia).

Sobre la obra audiovisual y cinematográfica recaen los derechos de los autores, y sobre la grabación los derechos “afines o conexos” de los productores. Ambas clases de derechos tienen distinto contenido y plazos de duración.

Las obras audiovisuales son objeto de una regulación específica en la LPI en cuanto a sus derechos de explotación, que en algunos casos se presumen cedidos al productor, configurándose derechos de remuneración correlativos a dichas presunciones. Estas presunciones intentan unificar en mano del productor las decisiones relativas a la comercialización de la obra.

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Obras musicales.

Los arts. 2.1 del Convenio de Berna y art. 101. letra b) de la LPI recogen expresamente como protegidas las composiciones musicales con o sin letra.

Una composición musical es una creación consistente en un conjunto de sonidos, con o sin letra, que se suceden conforme a ciertas reglas. Como ocurría con las obras audiovisuales, también aquí cabe distinguir entre la obra musical y el fonograma, definido en el art. 114 LPI. Los derechos de explotación de la obra corresponden a su autor, y los del fonograma al productor fonográfico, aunque no contenga una obra musical, o ésta esté en dominio público. Asimismo, deben distinguirse los derechos del compositor de la obra musical de los derechos de los artistas ejecutantes que la interpretan en directo, o que la graban en estudio, que son titulares de sus propios derechos (arts 105 y ss LPI). Sobre la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión existe la Convención Internacional de Roma de 26/10/1961 y el Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, de 20/12/1996.

Corresponden al autor los derechos de PI sobre la pieza musical, con independencia de su fijación o de su divulgación. Sin embargo, en la práctica, las obras musicales que no han sido fijadas en un soporte sólo se podrán proteger si en alguna ocasión han sido comunicadas (interpretadas) ante un tercero. Además la obra musical puede transcribirse en un lenguaje específico, mediante una partitura, que es una forma común de fijación de la obra.

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Obras del lenguaje.

El art. 2 del convenio de Berna expresamente prevé la protección de “libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza”.

En el art. 10.1 a) de la LPI se utiliza el mismo medio descriptivo a través de un listado no cerrado para referirse a este tipo de obras: libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de análoga naturaleza.

La LPI regula profusamente el contrato de edición (artículos del 58 al 73 LPI) pero tal regulación se ha quedado muy desfasada como se pone en evidencia en el Informe sobre el Libro Electrónico realizado por el Observatorio de la Lectura y del Libro en abril de 2010.

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Obras plásticas.

El art. 2 del Convenio de Berna expresamente prevé la protección de “las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía... ; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias ”.

En el art. 10.1 de la LPI se utiliza el mismo medio descriptivo a través de un listado no cerrado para referirse a este tipo de obras:

e) las esculturas y las obras de pintura, dibujo, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

f) los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería

g) los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y en general a la ciencia.

Los tipos de obra plástica más tradicionales son la pintura, escultura y dibujo, pero la lista de obras plásticas es extensísima, como se aprecia viendo la cantidad de tipos de obra cuyos derechos gestiona VEGAP.

La LPI no tiene normas específicas (salvo el art. 56) para regular este tipo de obras.

Respecto a la protección de obras arquitectónicas, en la que influyen diversos factores, tales como su destino, recomendamos la lectura de este trabajo del profesor Rodrigo Bercovitz.

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Obra fotográfica y mera fotografía.

El art. 2 del Convenio de Berna y el art. 10.1 letra h) LPI establecen la protección de “las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía” en idénticos términos.

Pero la propia LPI limita el concepto de OBRA fotográfica al diferenciarla de la MERA fotografía definida en el art. 128 LPI: “Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente ley a los autores de obras fotográficas. Este derecho tendrá una duración de 25 años desde el 1 de enero siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción.”

La regulación de una y otra difiere en que autor de la mera fotografía no goza de derechos morales ni del derecho de transformación, y el plazo de los patrimoniales es inferior.

Esta distinción, muy polémica en la doctrina, tiene su raíz en la consideración inicial de la fotografía como un mero medio de reproducción de la realidad, que se consideraba en algunas legislaciones merecedor de menor protección que otras artes. Así, Berna establece en su art. 7.4 la posibilidad de establecer plazos de protección de las fotografías más cortos que los del resto de las obras.

La distinción no se recoge en todas las legislaciones, como se reconoce en el considerando 16 de la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. Y en su artículo 6 establece que se protegen las fotografías si son creaciones originales propias de su autor, pudiendo los estados miembros establecer la protección de las demás fotografías. Nótese que su Considerando 16 se inclina claramente por la concepción subjetiva de la originalidad: “debe considerarse original si constituye una creación intelectual del autor que refleja su personalidad”.

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Programas de ordenador.

Los programas de ordenador tienen la consideración de obras originales, y gozan de la protección internacional (art. 10.1 ADPIC; art.4 Tratado OMPI sobre Derechos de Autor).

En concreto, la LPI regula los derechos sobre los programas en sus arts. 95 a 104 y, en lo no previsto en ellos, por “las disposiciones que resulten aplicables de la ley”.

En la UE la protección de los programas de ordenador está armonizada por la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, cuyo contenido deja escaso margen a los países miembros para introducir matices a la hora de su incorporación.

La LPI protege tanto el código fuente (en un lenguaje de programación) como el código objeto (en lenguaje binario), y protege asimismo toda la documentación preparatoria, la documentación de carácter técnico, y los manuales e instrucciones de uso (art. 96.1 LPI).

La protección que ofrece la Ley española es muy amplia: se protegen todos los programas, por el simple hecho de su creación, y con el único requisito de la originalidad; la protección se extiende a las sucesivas versiones del programa, y a los programas derivados; y es compatible con la tutela que corresponda, en cada caso, con base en las normas sobre Propiedad Industrial (art. 96.3 LPI).

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 22 de diciembre de 2010 considera que la interfaz gráfica de usuario no está protegida como programa de ordenador, pero podría estarlo como obra original considerada independientemente. Puede profundizarse en el estudio de esta materia consultando estos apuntes del repositorio institucional de la Universidad de Alicante.

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Colecciones y bases de datos

El art. 12 LPI se refiere a distintos tipos de obras cuyo elemento común es que su originalidad recae en la forma de seleccionar o de disponer sus contenidos, no de la forma de expresarlos o, como literalmente dice el art. 12.1 párrafo 2º, “en su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos”: se trata de las colecciones de obras ajenas, las colecciones de datos u otros elementos independientes como las antologías, y las bases de datos. Gozan de protección internacional (art. 10.2 ADPIC; art.5 Tratado OMPI sobre Derechos de Autor).

La Directiva 96/9/CE, sobre protección jurídica de las bases de datos, armoniza su protección en el ámbito de la UE, y deja escaso margen para la legislación de los países miembros en su incorporación a su propia legislación. Este margen se refiere a la posibilidad de establecer excepciones o límites a los derechos (arts. 6 y 9).

La incorporación a la LPI de esta Directiva supuso la reforma de la Ley, en la que se introdujeron nuevos artículos para regular esta materia (Título VIII del Libro II LPI, arts. 133-137). Se establece un doble régimen de protección para las bases de datos:

• Derecho de autor (A).

• Derecho “sui generis” (B).

A) Según el art. 12 LPI, las bases de datos pueden gozar de la protección del derecho de autor, siempre que sean obra original, esto es, que debido a la selección o a la disposición de sus contenidos constituyan una creación intelectual. Esta regla aparece, asimismo, en el art. 10.2 ADPIC y en el art. 3.1. de la Directiva 96/9/CE.

Esta protección se refiere, únicamente, a la estructura de la base de datos en cuanto forma de expresar la selección o disposición de sus contenidos, pero no se extiende a los contenidos en sí mismos.

B) La creación de una base de datos requiere una importante inversión económica; y la extracción ilícita de contenidos de la base, o su reutilización no autorizada, dañaría seriamente la posibilidad de recuperar dicha inversión.

Esta dimensión económica obliga a ofrecer una tutela jurídica específica a las bases de datos, al margen del derecho del autor: es el derecho “sui generis”. Este derecho protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza el fabricante de la base, ya sea mediante medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido (art. 133 LPI). El titular del derecho “sui generis” es el fabricante, la persona que asume el riesgo de la inversión.

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Obras multimedia y páginas Web.

Estas obras no están relacionadas en el art. 10 LPI entre los objetos protegidos, pero eso no es obstáculo, pues tal relación es ejemplificativa, de modo que toda creación original formalmente expresada es protegible. Pero al no establecer la ley un régimen específico para estas obras, en la que suele intervenir una pluralidad de autores y a veces intérpretes y productores, habrá de recurrirse a las normas generales (en cuanto al tipo de obra: en colaboración, colectiva, compuesta, derivada) y a los contratos para determinar su régimen jurídico.

Llamamos obra multimedia a la creación que se expresa a través de la combinación en un entorno informático de dos o más de los tipos de archivos que se utilizan en un sistema (archivos de texto, archivos de sonido, archivos de gráficos, archivos de imagen y archivos de imagen en movimiento). Entran dentro de esta categoría, en consecuencia, obras muy dispares. Pero son obras protegidas, en la medida que sean originales, de modo que será preciso el consentimiento del autor para “colgar” una obra multimedia en Internet, para reproducirla, para modificarla, o para explotarla en cualquier otro sentido. Por otra parte, para utilizar cualquier obra protegida incorporándola a una obra multimedia necesitamos el consentimiento del titular de los derechos de explotación de la obra preexistente. Un ejemplo de obra multimedia es el de los videojuegos (de su protección se trata en este texto de Andy Ramos, y en este otro de Carlos Suarez).

La página Web: Su contenido puede consistir desde un simple texto hasta un entramado de gráficos, iconos, enlaces, textos, ficheros de sonido, etc. Cuando existen varias páginas web bajo un mismo nombre de dominio se habla de «sitio web», que es en rigor una colección o una base de datos de páginas web. No cabe duda de que constituyen una creación susceptible de protección, si es original.

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