Diferencia entre revisiones de «Protección jurisdiccional en Propiedad intelectual»

De wiki EOI de documentación docente
Saltar a: navegación, buscar
Línea 38: Línea 38:
  
  
En el ámbito europeo la [[ http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/l26057a_es.htm|Directiva 2004/48/CE]], de 29 de abril, traspuesta por la Ley 19/2006, pretendió armonizar los mecanismos judiciales para la lucha contra la infracción de los derechos de PI, aproximando las normas legales correspondientes (a efectos de esta directiva se incluyen los derechos de propiedad industrial).
+
En el ámbito europeo la [http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/l26057a_es.htm Directiva 2004/48/CE], de 29 de abril, traspuesta por la Ley 19/2006, pretendió armonizar los mecanismos judiciales para la lucha contra la infracción de los derechos de PI, aproximando las normas legales correspondientes (a efectos de esta directiva se incluyen los derechos de propiedad industrial).
  
 
El art. 138 LPI establece que “el titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140 LPI. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor. Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el art. 141”.
 
El art. 138 LPI establece que “el titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140 LPI. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor. Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el art. 141”.

Revisión del 19:52 28 feb 2012


Estado de desarrollo de la sección: esbozo esbozo

Wikilibro: Propiedad intelectual > Capítulo 11: La protección de la propiedad intelectual

Sección 3

Protección jurisdiccional
En general, muchos titulares de derechos de PI, y las asociaciones que los agrupan, tanto nacionales como internacionales, se han quejado en los últimos años de que el nivel de protección jurídica de estos derechos en general, y específicamente en España, es deficiente o ineficaz, especialmente en el ámbito de Internet. Ejemplos de ello son el Informe 301 que cada año elabora el Gobierno de los EEUU, o la opinión de la FAP, cuya Web remite a un estudio de IDC que recoge un índice de piratería de contenidos digitales en España en 2010 y 2011 del 77%.


Pero también hay importantes corrientes de opinión que temen que el establecimiento de ciertas medidas específicas de defensa de la propiedad intelectual en Internet conlleve no sólo un obstáculo al desarrollo de nuevos modelos de negocio, sino una intromisión intolerable en los derechos a la intimidad y a las libertades de expresión y de opinión.

Esto nos sitúa en el gran debate acerca de instrumentos normativos como ACTA, Acuerdo Internacional Contra la Falsificación, o SOPA (Stop Online Piracy Act -Acta de cese a la piratería en línea- ), y PIPA ( PROTECT IP Act: Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act - Acta de Prevención a las Verdaderas Amenazas a la Creatividad Económica y al Robo de Propiedad Intelectual-), proyectos normativos de EEUU cuyos efectos pueden extenderse mas allá de sus fronteras.


En España, la protección de los derechos de PI por los tribunales puede desarrollarse en diferentes órdenes jurisdiccionales:

- civil

- penal

- contencioso-administrativo

Proteccón jurisdiccional civil

La Ley 19/2006, de 5 de junio (B.O.E. del 6 de junio) , ha venido a ampliar los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el plano jurisdiccional, estableciendo medidas y normas procesales que pretenden garantizar mejor dichos derechos en el orden jurisdiccional civil.

Los supuestos en que un titular de PI ve afectados o perjudicados sus derechos son, sobre todo, de dos tipos:

- infracciones por terceros de los derechos de PI establecidos legalmente.

- incumplimiento de contratos o pactos sobre derechos de PI.

La LPI se centra en particular en el primero de estos supuestos, el conflicto entre el titular de derechos y un tercero (infractor) sin previa relación contractual con el titular.


Ante una infracción el titular (o el cesionario del derecho perjudicado) puede acudir a los Tribunales por distintas vías, con diferentes fines. Por un lado puede pretender el cese o paralización de la actividad ilícita; por otro lado, el resarcimiento de los daños causados. La LPI regula en sus artículos 138 a 143 algunos de los recursos que tiene el perjudicado para detener la infracción y/o ver compensados los perjuicios que la misma le pueda haber producido. Estos artículos se han visto afectados, tanto por la citada Ley 19/2006, de 5 de junio, como por la Ley 23/2006, de 7 de julio, que también modifica la LPI.


En el ámbito europeo la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, traspuesta por la Ley 19/2006, pretendió armonizar los mecanismos judiciales para la lucha contra la infracción de los derechos de PI, aproximando las normas legales correspondientes (a efectos de esta directiva se incluyen los derechos de propiedad industrial).

El art. 138 LPI establece que “el titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140 LPI. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor. Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el art. 141”.

Las medidas cautelares pretenden asegurar la efectividad de los derechos de PI que podrían verse totalmente frustrados si tenemos que esperar a obtener una sentencia judicial firme. Son previas a la resolución judicial sobre el fondo del asunto, y pueden solicitarse antes, incluso, de presentar la demanda. El procedimiento sumario para su adopción está regulado, con carácter general, en los arts. 721 y ss de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La vigencia de las medidas cautelares que se acuerden, si se solicitaron antes de formularse la demanda, está vinculada a que se presente la correspondiente demanda en el plazo de veinte días desde que se adopten, en caso contrario se extinguen (art. 730 LEC). Y en cualquier caso al dictarse la sentencia, quedarán sin efecto de desestimarse la demanda, o, de estimarse, se sustituirán por medidas de carácter definitivo.

El art. 141 LPI (reformado por la Ley 23/2006) establece la posibilidad de que, a instancia de los titulares de los derechos de PI, en el caso de infracción, o temor de que ésta va a producirse de modo inminente, la autoridad judicial adopte las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos, ejemplificando varias de ellas ( intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita; La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, así como la prohibición de estas actividades si aún no se han puesto en práctica; secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado principalmente para la reproducción o comunicación pública; secuestro de los instrumentos, dispositivos y componentes , que sirven para neutralizar medidas tecnológicas de protección y de los utilizados para la alteración o supresión de la información para la gestión electrónica de los derechos referidos; suspensión de los servicios prestados por intermediarios (proveedores de servicios de la Sociedad de la Información) a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de PI).


Un ejemplo de cómo operan, en la práctica, las medidas cautelares, asegurando la efectividad de la tutela judicial sustantiva, lo encontramos en el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, de 12 noviembre 2010 (Programa de TV “Tengo una pregunta para usted”).


Una vez detectada una actividad que infringe los derechos de PI, mediante la correspondiente demanda se puede solicitar la cesación de dicha actividad, que, según el art. 139.1 LPI (reformado por la Ley 23/2006), podrá comprender:

- La suspensión de la explotación o actividad infractora, incluyendo todos los actos a que se refieren los arts. 160 y 162 LPI.

- La prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora.

- La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, ejecutada a expensas del infractor.

- La retirada de los circuitos comerciales, inutilización y destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás instrumentos y equipos destinados a la reproducción, creación o fabricación de ejemplares ilícitos, ejecutada a expensas del infractor.

- La remoción o precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada de obras o prestaciones, así como de aquéllas en que se haya suprimido, o alterado sin autorización, la información para la gestión de derechos (art. 162 LPI), o a las que se haya accedido eludiendo su protección tecnológica (art. 160).

- El comiso, inutilización y destrucción de los instrumentos cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador; y de los dispositivos o componentes para la elusión de las medidas tecnológicas (art. 160 LPI), y para suprimir o alterar la información para la gestión electrónica de derechos (art. 162).

- La remoción o precinto de los instrumentos utilizados para facilitar la supresión o neutralización de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger obras o prestaciones aunque aquéllas no fueran su único uso.

- La suspensión de los servicios prestados por intermediarios proveedores de servicios de la sociedad de la información a terceros que se valgan de ellos para infringir los derechos de PI.

Los infractores de derechos de PI podrán solicitar que la destrucción o inutilización de los mencionados ejemplares y material, cuando éstos sean susceptibles de otras utilizaciones, se efectúe solamente en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita (art. 139.2 LPI).

Los titulares de los derechos infringidos podrán pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios (art. 139.3 LPI).

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal (art. 139.4 LPI).

A tenor del art. 138 LPI, tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el art. 139.1.h) como las medidas cautelares previstas en el art. 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

El titular del derecho que ha sido infringido tiene derecho a percibir una indemnización por los daños causados, tanto de carácter moral como patrimonial. Nuestra legislación ha incorporado determinados criterios de cálculo de la indemnización, como reacción a lo discrecional, heterogéneo, e infracompensatorio de las decisiones judiciales al respecto.

En particular el art. 140.2 LPI (reformado por la Ley 19/2006) establece que el perjudicado podrá elegir, como módulo de la indemnización, entre alguno de los criterios siguientes:

- las consecuencias económicas negativas, incluyendo tanto la pérdida de beneficios sufrida por el perjudicado como los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor; y

- la cantidad que, como remuneración, hubiera cobrado el perjudicado, de haber autorizado la explotación.

En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra (art. 140.2 LPI).

La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla (art. 140.3 LPI).

El daño patrimonial en muchos casos es difícil de determinar, y mas aún de acreditar. A tal fin la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 256) regula determinadas diligencias preliminares a la demanda a solicitar por quien se proponga interponerla, entre otras causas, por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, dirigidas a obtener datos sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial.

En cuanto al daño moral las decisiones judiciales suelen reconocer una indemnización cuando la infracción afecta a la reputación o al prestigio del autor. No obstante, la variedad y heterogeneidad de las decisiones es enorme, pues van desde no reconocer cantidad alguna hasta utilizar este tipo de indemnización para corregir lo ínfimo de la indemnización por daño patrimonial.

Imágenes y recursos

< Sección anterior
El Registro de la Propiedad Intelectual

Sección siguiente >
Medidas tecnológicas de protección