Diferencia entre revisiones de «Criterios generales de reconocimiento de los activos intangibles en Propiedad industrial»

Para la contabilidad empresarial, la propiedad industrial constituye un activo intangible. Y precisamente un activo intangible es un caso particular de activos no corrientes, es decir, de activos destinados a servir de forma duradera en las actividades de la empresa. Como se dice en términos técnico-contables, son activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica.

En el entorno económico actual, los recursos y actividades intangibles se han convertido en la principal fuente de generación de beneficios económicos futuros. Sin embargo, las dificultades que entraña en muchos casos la medición fiable de su valor y las restricciones existentes para una delimitación clara de su control o propiedad por parte de la empresa, limitan la posibilidad de su reconocimiento como parte del patrimonio de la sociedad, con motivo de la prudencia y conservadurismo que caracteriza el tratamiento de los activos intangibles en la mayor parte de los ordenamientos contables actuales.

El que no tengan existencia física no debe confundirse con que no exista una documentación justificativa de su titularidad por una compañía. Para ello, tienen que cumplir el criterio de identificabilidad, que para su calificación como activo se establece conceptualmente en la contabilidad de una empresa y tener una vida útil superior a un año. Vida útil para los activos del inmovilizado intangible significa que sean capaces (como tales activos inmateriales) de generar ingresos para la compañía; que tengan una vida legal determinada o sean susceptibles de atribuírseles su propio valor actual de mercado.

El citado criterio de identificabilidad implica que los inmovilizados intangibles, como la propiedad industrial, deben cumplir alguno de los dos requisitos siguientes:

a) ser separables, es decir, susceptibles de ser segregados de la empresa y vendidos, cedidos, entregados para su explotación a terceros, arrendados o intercambiados;

b) tener su origen en derechos legales o contractuales, pero en todo caso reconocidos y tutelados por los poderes públicos.

Una compañía es titular de derechos de propiedad industrial o bien porque los ha adquirido a título oneroso o gratuito, o bien porque los ha producido a través de la investigación y el desarrollo.

En propiedad industrial, según la normativa contable, se deben contabilizar los gastos de desarrollo capitalizados cuando se obtenga el correspondiente título justificativo del derecho, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.