Transmision de derechos en la industria musical y el teatro en Propiedad intelectual

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Wikilibro: Propiedad intelectual > Capítulo 9: Transmisión de los derechos

Sección 5

Transmision de derechos en la industria musical y el teatro
La LPI se limita a regular dos contratos típicos en la explotación tradicional de las obras musicales y teatrales: el contrato de ejecución musical y el contrato representación teatral. Vamos a continuación a examinar dicha regulación, y posteriormente abordaremos otros modelos de negocio en la industria musical.

Contratos de ejecución musical y de representación teatral

Mediante el contrato de EJECUCIÓN MUSICAL un compositor (o el titular derivativo que haya adquirido de él el derecho) autoriza a un tercero a ejecutar públicamente una obra musical de su autoría mediando compensación económica.

Mediante el contrato de REPRESENTACIÓN TEATRAL un autor autoriza a un tercero a interpretar públicamente una obra literaria, dramática, pantomímica o coreográfica de su autoría mediando compensación económica.

Vamos a examinar en qué ámbito opera la autonomía de la voluntad en estos contratos, y las consecuencias de determinadas omisiones.

Contenido necesario:

Es importante hacer constar en el contrato (además de lo expuesto en la parte general):

1. Si se contrata la obra para cierto número de comunicaciones, o para un plazo determinado. En ambos casos, también ha de hacerse constar la duración de la cesión, que en exclusiva no podrá exceder de 5 años (art. 75.1 LPI). Si no se establece, el plazo de la cesión se entiende de 5 años (art. 43.2 LPI).

2. El plazo dentro del cual debe llevarse a efecto la comunicación única o primera de la obra. Dicho plazo no podrá ser superior a 2 años, y si no fuese fijado, se entenderá otorgado por un año. En el caso de que tuviera por objeto la representación escénica de la obra, el plazo será el de duración de la temporada (art. 75.2 LPI).

3. La concreta modalidad de explotación de la obra autorizada: si no se concreta, se entenderá limitada a la recitación y representación en salas con pago de entrada (Art. 76 LPI).

4. La remuneración del autor. En los espectáculos públicos comerciales, esta remuneración es normalmente proporcional a los ingresos de la explotación, pero las remuneraciones a tanto alzado están permitidas, al menos como excepción a la regla general (y desde luego, para los supuestos en que el uso autorizado no genere ingresos).

5. Si se autoriza, o no, la radiodifusión de la actuación, y la extensión temporal, geográfica y técnica de tal autorización, toda vez que opera de nuevo una interpretación restrictiva: Salvo pacto en contrario, se entenderá que dicha cesión queda limitada a la emisión de la obra por una sola vez, realizada por medios inalámbricos y centros emisores de la entidad de radiodifusión autorizada, dentro del ámbito territorial determinado en el contrato (art. 84.2 LPI).

6. Quién elige a los intérpretes principales y al director de orquesta: si no se prevé en el contrato, será de mutuo acuerdo entre autor y cesionario (art. 80.2ª LPI).

7. A cargo de quién corren los gastos de copias (de las partituras y del libreto, que deberán ser visadas por el autor) necesarias para la comunicación. En otro caso, correrán a cargo del cesionario (art. 80.1ª LPI).

8. También la redacción de la publicidad de las actuaciones: si no se pactó nada, tal redacción ha de convenirse con el autor (art. 80.3ª LPI).

El contrato de ejecución musical responde a un modelo de explotación decimonónico, en el que la ausencia de tecnologías de reproducción sonora limitaban el mercado musical a la interpretación musical a partir de partituras, que eran proporcionadas por el compositor o su editor a la orquesta o grupo de intérpretes.


El contrato de edición musical y la distribución de la música

La aparición, y generalización como bien de consumo a lo largo del Siglo XX, de tecnologías de reproducción sonora (discos de pizarra, vinilos, cassettes, CDs) así como de la radiodifusión han generado una industria cuyas prácticas rebasan por completo las reguladas por el contrato de ejecución musical. Sin embargo ésta industria del Siglo XX está escasamente regulada en la LPI. En concreto, se regulan fundamentalmente los siguientes aspectos:

a) El contrato de edición musical en el que se ceden además al editor derechos de comunicación pública: El art. 71 de la LPI relaja para esta modalidad de contrato las rígida normativa que regula el contrato de edición general. Así, este contrato:

-No ha de expresar necesariamente el número de ejemplares de la edición, bastando que este numero atienda a “las necesidades normales de la explotación de acuerdo a los usos habituales en el sector”.

- El límite para poner la primera o única edición de las obras sinfónicas y dramático musicales en el mercado se eleva de 2 a 5 años.

- No puede resolverse por el autor por la destrucción o venta como saldo por el editor, ni por la venta de la totalidad de los ejemplares, ni por el transcurso de 10 años cuando la remuneración ha sido a tanto alzado en los casos en que ésta es autorizada, ( Art. 46.2.d.), ni se considera resuelto en todo caso con el transcurso de 15 años.

La LPI parece limitarse a reconocer que la edición musical no responde ya al parámetro “reproducción y distribución de partituras”, sino que los editores musicales asumen un papel activo en la comunicación pública de las obras, y a respetar las prácticas contractuales en la industria musical que en absoluto “caben” en los márgenes del contrato de edición. Estas prácticas con frecuencia son abusivas para los autores (que ceden sus derechos de por vida a la industria musical), si bien determinados derechos de remuneración tratan de mantener cierto equilibrio.

b) Los derechos de los autores, intérpretes y productores respecto a las grabaciones fonográficas (fonogramas). Aquí nos encontramos con:

- Un derecho de remuneración por alquiler de fonogramas para autores y artistas que han cedido su derecho de alquiler al productor fonográfico, cesión que se presume en el caso de los intérpretes del fonograma (Art. 90.2. LPI, y 109.3, 1) y 2) LPI), quedando el derecho exclusivo a autorizar el alquiler en manos del productor. Es notorio que en España los productores fonográficos no autorizan el alquiler de fonogramas, por lo que no existe mercado de alquiler.

- Un derecho de remuneración por puesta a disposición interactiva de los intérpretes en fonogramas, derecho que se presume cedido (Art. 108, 2 y 3 LPI), quedando el derecho exclusivo a autorizar la puesta a disposición en manos del productor.

- Un derecho de remuneración compartido por intérpretes y productores de fonogramas por la comunicación pública en cualquier modalidad (excluida la puesta a disposición interactiva) a pagar por el usuario (generalmente el radiodifusor), que sin embargo no ha de recabar autorización del productor ni del intérprete, sino solamente del autor o su editor. Esta autorización que no es de gestión colectiva obligatoria, pero suele gestionarse colectivamente. Nótese que el productor fonográfico no tiene reconocido el derecho a autorizar la comunicación pública de sus grabaciones mas allá de su puesta a disposición interactiva, que puede ejercer individualmente, y la retransmisión por cable, de gestión colectiva obligatoria (Art. 116.1 LPI). Así, cualquier usuario puede comunicar públicamente la obra a partir de un fonograma si tiene licencia del autor, su editor o su entidad de gestión, pero habrá de remunerar a productores e intérpretes fonográficos a través de sus entidades de gestión.


Nuevas tendencias y modelos de negocio

Este esquema, válido en general para el modelo industrial de la música consolidado durante el S. XX, actualmente convive con otros modelos de negocios propiciados por las tecnologías digitales e Internet, que se encuentran en fase de desarrollo y experimentación, por lo que todavía no hay modelos consolidados.

Así, en la puesta a disposición interactiva de obras musicales han cobrado importancia los agregadores: equivalen a los distribuidores musicales en el mercado digital: aglutinan música, la dotan de una misma estructura y formato tecnológico, y distribuyen digitalmente su catálogo a través de las numerosas tiendas online. Contratan con las compañías discográficas la distribución digital on line, en exclusiva o no. Su tipología es variada, y pueden citarse entre las importantes IODA, CD Baby, The Orchard, Zebralution, y en España, Altafonte, la Central Digital, etc.

Igualmente intervienen ahora en el mercado musical otros proveedores de servicios (Spotify, Pandora, MelOn), operadores de telefonía (Vodafone) y fabricantes de dispositivos (Nokia, Sony Ericson), que se asocian a proveedores de contenidos en variadas fórmulas de negocio.

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