Los procedimientos relativos a derechos comunitarios de propiedad industrial: la defensa de la PI ante los Tribunales de Marcas y Diseños Comunitarios en Propiedad industrial

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Wikilibro: Propiedad industrial > Capítulo 13: La defensa de la propiedad industrial a nivel europeo

Sección 2

Los procedimientos relativos a derechos comunitarios de propiedad industrial: la defensa de la PI ante los Tribunales de Marcas y Diseños Comunitarios
En tema de marcas y diseños la solución ha llegado con el establecimiento de la Marca Comunitaria en 1994 mediante el Reglamento 40/94 sobre Marca Comunitaria, a día de hoy sustituido por el Reglamento 207/2009, y del Reglamento 6/2002 sobre Dibujos y Modelos Comunitarios.

Ambos reglamentos prevén un sistema de defensa comunitario y específico a través de la creación de unos tribunales, denominados Tribunales de Marca y Diseños comunitarios, especializados en la materia y cuyas decisiones son en muchos casos directamente vinculantes en cualquier país de la Unión Europea.

En efecto, el titular de una marca comunitaria, oportunamente registrada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de Alicante, o de un dibujo o modelo comunitario (registrado o no) que está sufriendo una infracción cometida tanto a escala comunitaria como solamente en uno de los países de la UE, puede presentar la oportuna demanda ante uno de estos tribunales de acuerdo con las reglas de competencia establecidas por los mismos Reglamentos y obtener el cese de la conducta infractora en toda la UE así como cualquier otra sanción que les permita restablecerse en su derecho de exclusiva.

La gran ventaja asociada a la existencia de estos instrumentos y de sus mecanismos de defensa “comunitarios” es la posibilidad de evitar un peregrinaje judicial en cada país donde se ha cometido la infracción así como asegurarse una cierta previsibilidad de los resultados. Asimismo, al ser las decisiones adoptadas por estos tribunales directamente eficaces en cualquier país de la Unión Europea no es necesario ejecutarlas, y por ende iniciar un nuevo procedimiento judicial, en cualquiera de ellos.

Ello no solamente conlleva un menor gasto que tiene que afrontar la empresa para proteger su innovación sino que le permite operar en el mercado único con más uniformidad, redundando en los beneficios para el mercado único caracterizado por la libre circulación de productos y servicios.

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