Los derechos de remuneración en Propiedad intelectual

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Wikilibro: Propiedad intelectual > Capítulo 5: Los derechos del autor

Sección 3

Los derechos de remuneración
Ninguna norma nacional o internacional define los derechos de remuneración, que tampoco tienen una configuración uniforme ni reciben un tratamiento sistemático. Pero todos tienen dos características comunes:

-Constituyen derechos del autor o titular de derechos conexos a cobrar dinero por determinados usos, ciertos o al menos previsibles, de sus obras o prestaciones.

- Obedecen a alguna intervención legal de carácter limitativo de la facultad exclusiva de autorizar o prohibir un uso: se trata de los límites a los derechos de PI, y de las presunciones de cesión de sus derechos exclusivos.

El Convenio de Berna contiene ya algunas referencias directas a derechos de remuneración (por ejemplo, el Derecho a obtener una participación en las reventas de las obras de arte originales y manuscritos de obras literarias o musicales, regulado en el art. 14.ter), y algunas de sus disposiciones constituyen el origen de otros derechos de remuneración:

- Al establecer “la regla de los tres pasos” como requisito a los estados para fijar los límites al derecho de reproducción, exigiendo que no atenten a la explotación normal de la obra ni perjudiquen al autor (Art. 9.2).

- Al posibilitar el establecimiento de licencias obligatorias para la radiodifusión, comunicación pública por medios inalámbricos y retransmisión de obras radiodifundidas (art. 11 bis), o la grabación sonora de obras musicales (art. 13), se condiciona a la obtención de una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.

Con frecuencia, los derechos de remuneración se configuran como de gestión colectiva obligatoria.

El derecho de remuneración por copia privada

El derecho de remuneración por copia privada es consecuencia jurídica del límite regulado en el art. 31. 2 LPI.

En algunos países la ley no permite reproducir las obras para uso privado sin autorización del titular del derecho de reproducción: no existe el límite de copia privada y por lo tanto no existe este derecho de remuneración.

En la Comunidad Europea este derecho no está armonizado, pues la Directiva 2001/29/CE del Parlamento y el Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información autoriza a los estados, pero no les obliga, a establecer un límite a favor de la copia privada, “siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa…” (art. 5.2.b).

Anualmente Thuiskopie (entidad de gestión holandesa) publica el informe “International Survey in Private Copying. Law and Practice”, cuya edición del 2010 ofrece el panorama actual de la copia privada en el mundo.

Mediante Real Decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre (BOE 31-12-2011) de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, se suprime el procedimiento vigente regulado en el art. 25 LPI para el pago de la compensación equitativa por copia privada y se prevé su sustitución por otro a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (Disposición Adicional Décima).

Por tanto a fecha de enero 2012 mientras que el derecho de remuneración subsiste el procedimiento para su efectividad se encuentra pendiente de regulación legal.


ANTECEDENTES

El derecho de remuneración por copia privada se introdujo en España en la LPI de 1987, cuyo art. 25 (modificado en varias ocasiones) hasta el Rea Decreto-ley mencionado, regulaba las líneas fundamentales del sistema de pago y distribución entre las entidades de gestión de la recaudación.

Las modalidades de reproducción para uso privado que hasta ahora daban derecho a la compensación son: reproducción de obras en soporte libro u otras publicaciones asimiladas reglamentariamente (tales como revistas), reproducción de obras divulgadas en fonogramas, y reproducción de obras divulgadas en videogramas u otros soportes visuales o audiovisuales.

Los acreedores (Art. 25.3.b) LPI) son respectivamente en las modalidades citadas, los autores de las obras reproducidas, conjuntamente con:

a) Editores: en libros y publicaciones asimiladas

b) Artistas intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas.

c) Artistas intérpretes y ejecutantes y productores de videogramas.

Los obligados al pago (Art. 25.4.a) LPI): son los fabricantes en España que actúen como distribuidores comerciales, y los adquirentes fuera de España (importadores) para su distribución comercial dentro de España.

Y, con ellos, son responsables solidarios del pago los sucesivos adquirentes de los bienes gravados (distribuidores, mayoristas y minoristas), salvo que acrediten haber realizado el pago los deudores.

Los deudores están obligados a presentar a las entidades de gestión de derechos autoliquidaciones detalladas trimestralmente, y a realizar los pagos correspondientes (art. 25.13, 14 y 15 LPI).

Bienes gravados: Equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para realizar la reproducción.

La Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificó el sistema para el ámbito digital, estableciendo un procedimiento para la determinación cada dos años de los aparatos y soportes sujetos y fijación de la remuneración por cada uno de ellos, mediante orden de los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, previo intento de acuerdo entre deudores y acreedores. Tanto el acuerdo como la resolución administrativa deberían atender, entre otros posibles, a los criterios que se señalan en el art. 25.4.LPI Iniciado el nuevo procedimiento mediante su convocatoria en el BOE de 24 de Agosto de 2006, y trascurridos los plazos sin que se llegara al acuerdo entre los representantes de los acreedores y deudores, el Ministerio de Presidencia del Gobierno dictó la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción.

La necesidad de cambiar el sistema de cobro de la remuneración derivaba de dos hechos fundamentalmente: la anulación de la Orden por la sentencia dictada el 22/3/2011 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y, sobre todo del contenido de la sentencia del caso Padawan dictada el 21 de Octubre de 2010 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Barcelona, que concluye que el sistema no resultaba conforme con la Directiva 2001/29 por la aplicación indiscriminada del llamado canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas.


El derecho de remuneración por reventa de obras plásticas

Concepto y titulares.

Si la obra de arte es revendida, su autor tiene el derecho –irrenunciable e intransmisible “inter vivos” - a participar en un porcentaje del precio de reventa de la obra, siempre que intervenga un profesional del mercado del arte como comprador, vendedor o intermediario.

Es titular de este derecho el autor de obras de arte originales gráficas o plásticas, realizadas por el propio autor o bajo su autoridad. Siendo este derecho transmisible “mortis-causa”, los herederos del autor serán titulares del derecho durante el plazo de protección de la obra.

Regulación Internacional: Convenio de Berna

Como se ha apuntado arriba, este derecho está enunciado en el art. 14.3 del Convenio de Berna: su establecimiento es potestativo para los estados y sometido al principio de reciprocidad. En Berna, el derecho se extiende también a manuscritos literarios y partituras originales. Regulación Comunitaria.

En la Unión Europea, dadas las diferencias entre las normativas , se armonizó la normativa a través de la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-9-2001 relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. La armonización no se aplica a manuscritos de escritores o compositores.

Regulación en España.

España introdujo este derecho con la Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, y estuvo regulado por el art. 24 de la LPI hasta su derogación por la actual regulación, contenida en la vigente Ley 3/2008 que adapta la regulación de este derecho de participación a lo dispuesto por la Directiva 2001/84/CE antes citada.

En lo que la Directiva 2001/84/CE deja margen a la legislación interna de los estados miembros, la Ley 3/2008 fija el precio de activación del derecho en 1.200 euros, (art.4), y se excluyen las reventas por importe inferior a 10.000 € realizadas por galerías de obras adquiridas directamente al autor en los tres años anteriores a la reventa (art.3.3). reconoce el derecho a los autores extracomunitarios residentes en España (Art.1.2.), establece la gestión colectiva de este derecho es voluntaria, y establece la responsabilidad del intermediario profesional del arte (art. 8.4. y art. 10).


Derechos de remuneración de autores de obras musicales y audiovisuales

Regulación internacional

En general, El art. 11 (y el 11 bis y 11 ter) del Convenio de Berna reconoce a los autores el derecho a autorizar la comunicación pública de sus obras en cualquier modalidad. Pero el 11.bis.2 establece la posibilidad de que los estados modulen la forma de ejercicio de este derecho cuando la comunicación se hace mediante radiodifusión o mediante otros dispositivos que permitan la transmisión de la obra radiodifundida, siempre que se respeten los derechos morales del autor y el derecho a obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo, por la autoridad competente. En el mismo sentido, el art. 13 .1 de Berna faculta a los estados a establecer la forma de ejercicio de los autores de la música y letra de composiciones musicales cuya grabación ya han autorizado para autorizar una nueva grabación de dicha composición siempre que se respete su derecho a obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo, por la autoridad competente.

Respecto al derecho de alquiler, ADPIC, en su artículo 11 (leer), se limita a determinar que los estados han de reconocer a los titulares del derecho de autor el de autorizar el alquiler de obras cinematográficas y programas de ordenador, pudiendo excluir ese derecho respecto a las obras cinematográficas si el alquiler no ha dado lugar a una copia masiva de esas obras que menoscabe significativamente el derecho de reproducción del titular, y el art. 14.4 contiene disposiciones semejantes respecto a los fonogramas, pero no obliga a establecer derechos de remuneración, sino que simplemente los tolera. En idéntico sentido se pronuncia el art. 7 del Tratado OMPI sobre Derechos de Autor de 1996.

Regulación comunitaria

A nivel de la UE, la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, (y anteriormente, la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, de igual título y derogada por aquélla) establece la posibilidad de que los estados apliquen respecto a la distribución mediante alquiler de obras audiovisuales y fonogramas mecanismos de transferencia al productor de estos derechos mediante presunciones, pero el autor (y los artistas intérpretes y ejecutantes) ha de conservar el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa. (Art.3.4, 3.5, y art..5). El art. 6 de la misma directiva establece la posibilidad de limitar el derecho de distribución mediante préstamo, siempre que los autores obtengan una remuneración. El derecho de remuneración por préstamo no se limita a los autores audiovisuales y musicales.

No hay otros derechos de remuneración armonizados en la UE que los ya mencionados, y como se ha expuesto, la presunción de cesión al productor del derecho de alquiler y la limitación del derecho a autorizar el préstamo, y correlativos derechos de remuneración, no son obligatorios. En definitiva, ni siquiera en el ámbito europeo los derechos de remuneración son los mismos, por lo que hay que acudir a cada legislación nacional para conocer con detalle la situación en ese país.


España: Derechos de remuneración de los autores por comunicación pública de obras audiovisuales y por alquiler de éstas y de fonogramas

Para posibilitar la explotación de las obras audiovisuales y los fonogramas la LPI establece un complejo entramado de cesiones de derechos y licencias legales que dan lugar a los llamados derechos de remuneración respecto a las obras audiovisuales y fonográficas.

Centrándonos en los derechos de remuneración de los autores de obras audiovisuales, se trata de que la organización de la explotación de la obra recaiga en el empresario que financia y organiza la producción, simplificando la transmisión de derechos precisa para explotar la obra en diferentes “ventanas”, (cine, TV abierta o de pago, comercialización en soportes como DVs, Internet). El usuario que realiza estos actos de explotación no tiene que pedir autorización a todos los titulares de derechos sobre la obra o prestaciones conexas (interpretaciones, grabaciones sonoras o audiovisuales, etc.) sino sólo al productor, pero tiene que abonar de acuerdo con las tarifas de las entidades de gestión los correspondientes derechos de remuneración a los autores y a otros titulares de derechos de PI.

Así, el art. 88 LPI presume la cesión por el autor de los derechos de comunicación pública, reproducción y distribución al productor audiovisual una vez que se firma el contrato de producción, que es aquél mediante el que comprometen a participar en la creación de la obra audiovisual. También se presumen cedidos al productor los derechos del subtitulado y doblaje de la obra (que se integran dentro del derecho de transformación).Esta presunción tiene determinadas limitaciones para la obra cinematográfica. El art. 89 establece presunciones equivalentes para los autores de obras preexistentes que se incorporarán, mediante su transformación, a la obra audiovisual (tales como novelistas en que se base la obra audiovisual, compositores de músicas preexistentes que se incorporen a la banda sonora, etc…).

En el mismo sentido, el art. 90.2 LPI establece la presunción de cesión del derecho de alquiler no sólo para los autores de obras audiovisuales respecto a éstas, sino también de los autores que hayan suscrito con el productor de fonogramas contratos relativos a su producción, por lo que esta última presunción afecta fundamentalmente a autores musicales.

En compensación a tales cesiones presuntas (frente a las que cabe pacto en contrario, pacto que raramente se produce, pues supondría una cortapisa a la comercialización de la obra), se establecen a favor de los autores los siguientes derechos de remuneración:

- Para los autores de obras audiovisuales y de obras incorporadas a fonogramas (música), derecho irrenunciable a una remuneración equitativa remuneración por el alquiler de obras audiovisuales y fonogramas (art. 90.2).

El derecho a autorizar la distribución por alquiler lo ejercen los productores audiovisuales y fonográficos, pero los autores cobran por dicho alquiler. Es notorio que mientras existe un mercado de alquiler de obras audiovisuales (“videoclubs”), no existe en España un mercado de alquiler de fonogramas: ello obedece, simplemente, a que los productores fonográficos ejercen su derecho a prohibir el alquiler de los fonogramas, mientras que los productores audiovisuales autorizan dicho alquiler, pues es una ventana de explotación habitual de las obras cinematográficas.

- Para los autores de obras audiovisuales, derechos de remuneración por comunicación pública: Cuando la obra audiovisual sea proyectada en lugares públicos mediante el pago de un precio de entrada (obras cinematográficas, básicamente): derecho a percibir de los exhibidores un porcentaje de los ingresos (Art. 90.3).

La proyección o exhibición sin exigir precio de entrada, la transmisión al público por cualquier medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico, incluido, entre otros, la puesta a disposición en la forma establecida en el art. 20.2.i), da derecho a recibir la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la entidad de gestión (art. 90.4).

Todos estos derechos son irrenunciables y de gestión colectiva obligatoria (Art. 90.7).


Derecho de remuneración por préstamo

La Ley 10/2007 del la Lectura, el Libro y las Bibliotecas modificó la redacción del art. 37.2 LPI, estableciendo el derecho irrenunciable a percibir una compensación económica a regular por Real Decreto para disminuir la perdida de ingresos de los autores derivada de la excepción que permite el préstamo de obras a museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, e instituciones similares (art. 37.2).

Son lo acreedores del derecho los autores de las obras prestadas, y los deudores, los titulares de los establecimientos que realizan el préstamo. Se trata de un derecho de gestión colectiva obligatoria.

La disposición transitoria vigésima de la LPI (introducida por la citada Ley del Libro) establece que el Real Decreto regulador de este derecho debería publicarse en el plazo de una año, y que mientras ocurría, la remuneración sería de 0,2 euros por cada ejemplar adquirido por los establecimientos destinado al préstamo, situación vigente, a pesar de haber transcurrido un plazo superior al previsto.


Otros derechos de remuneración

De forma asistemática, la LPI se refiere a otros derechos de remuneración relacionados con distintos límites a la PI:

- Remuneración por recopilaciones de artículos con fines comerciales (art. 32.2 LPI). Los Tribunales han determinado que tanto el derecho de oposición a esta práctica (aquí, ejemplo de oposición) como la remuneración corresponden al editor, al ser las publicaciones de prensa obras colectivas (“La Propiedad Intelectual y el press clipping”).

- Remuneración por uso de trabajos sobre temas de actualidad difundidos por medios de comunicación social (art. 33.1 LPI).

- Remuneración por consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos (art. 37.3 LPI).

En los tres casos de trata de derechos de remuneración que no son de gestión colectiva obligatoria, por lo que, en defecto de acuerdo entre los titulares y los usuarios que se amparen en el límite, habrán de ser los tribunales los que señalen la remuneración a percibir.

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