La obra audiovisual y el contrato de producción en Propiedad intelectual

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Wikilibro: Propiedad intelectual > Capítulo 9: Transmisión de los derechos

Sección 6

La obra audiovisual y el contrato de producción
La LPI regula la obra audiovisual en el Título VI de su Libro I, si bien no regula detalladamente, como en los supuestos anteriores, los contratos relativos a la misma, denominados genéricamente contratos de producción. La LPI limita aquí a definir la obra audiovisual, a establecer quienes son sus autores, y a regular determinadas presunciones de cesión de derechos de explotación a favor de los productores y correlativos derechos de remuneración para los autores. En el libro II de la LPI, se regulan los derechos de los productores sobre sus grabaciones audiovisuales, sean obras protegibles o no, así como presunciones de cesión de derechos de derechos de explotación y consecuentes derechos de remuneración de los artistas que participan en las mismas como actores o ejecutantes de su música.

La obra audiovisual

Son obras audiovisuales las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonido, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas por cualquier medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales en que estén incorporadas dichas obras (Art. 86 LPI). Frecuentemente, la obra audiovisual comercial es de producción compleja (intervienen muchos profesionales) y exige una fuerte inversión, siendo el productor el que organiza y financia la producción, y el que organiza la explotación.

Desde el punto de vista de su autoría la obra audiovisual es, en España, y en general en el sistema continental, una “obra en colaboración” (Art. 87 LPI), y lo es por definición legal y en beneficio de sus coautores, pues significa que son titulares de la totalidad de sus derechos de explotación, luego tal calificación legal es irrenunciable (Art. 55 LPI). En el ámbito del “copyright” por el contrario suele considerarse que el productor es el único titular de todos sus derechos, por tratarse generalmente de una obra hecha por encargo (“work made for hire”).

La producción de una obra audiovisual comercial (para cine y televisión, fundamentalmente, aunque también se van produciendo obras únicas o seriadas específicamente destinadas a Internet, y obras “multiplataforma” ) supone con frecuencia, desde un punto de vista jurídico, una compleja y muy variable cadena de transmisiones de derechos de propiedad intelectual que puede iniciarse en el autor de obras preexistentes que no estén en dominio público (novela, obra de teatro, cómic, otra obra audiovisual…), y ha de confluir necesariamente en el productor, que organiza y financia la producción, y organiza la su explotación de la obra. Si la obra audiovisual no se basa en obras preexistentes, la cadena se inicia en los autores de su guión original. Si está basada en obras preexistentes, el productor tras adquirir en derecho de adaptación audiovisual de las mismas, ha de encargar a un guionista la adaptación y adquirir también los derechos sobre el guión adaptado. Con los derechos sobre el guión, ha de contratar a un variable (y con frecuencia elevado) número de actores y de técnicos, alguno de los cuales serán autores de la obra audiovisual (el director, y según la normativa de cada país, posiblemente alguno mas), otras personas tendrán derechos conexos sobre sus interpretaciones y ejecuciones (los actores e intérpretes de la música de la banda sonora). Otras aunque no sean autoras de la obra audiovisual, son autoras de sus propias contribuciones (figurinistas, directores de arte, compositores de música no compuesta específicamente para la obra audiovisual …). Nótese que en esta cadena pueden participar también editores de obras literarias (que pueden haber adquirido los derechos de transformación audiovisual del autor), productores de fonogramas (si preexisten a la obra audiovisual, p.ej.), editores musicales, productores audiovisuales ( si se trata, por ejemplo, de un “remake”…)

De modo que el productor, para comercializar la obra en la modalidad o modalidades de explotación a que esté destinada la obra, ha de constituir el eslabón central de la cadena de transmisiones (“cadena de títulos”), para así poder ordenar en el tiempo y en el espacio la explotación en diversas “ventanas”: autorizando a su vez a los distribuidores la explotación en salas de cine, distribuidores que siguen la cadena para autorizar al exhibidor, (explotador de la sala), que es quien organiza efectivamente la comunicación pública en salas; autorizando la venta en soportes tangibles (DVDs) a distribuidores de video que los hacen llegar a los puntos de venta; autorizando a las cadenas de televisión x número de emisiones de la obra a televisiones abiertas, y/o a televisiones de pago; autorizando el alquiler en videoclubs; autorizando la puesta a disposición en Internet de la obra, etc.


El contrato de producción

Como se ha expuesto, es el productor el que organiza y financia la producción y la explotación de la obra audiovisual. En sentido amplio, contrato de producción es cualquiera de los que regulan la relación entre el productor y otra persona física o jurídica que participe en la producción, como por ejemplo, un coproductor: contrato de coproducción. No obstante, la LPI se refiere con dicha denominación estrictamente a los contratos de cesión de derechos de los autores al productor (Art. 88 LPI).

A la vista de que la explotación es compleja y la ejerce el productor, el tráfico jurídico de la obra audiovisual está mediatizado por un sistema compuesto por:

a) Presunciones de cesión de derechos de autores y artistas intérpretes o ejecutantes al productor, que buscan garantizar al productor los derechos suficientes para explotar la obra en su “mercado natural”.

b) Derechos de remuneración de gestión colectiva obligatoria para autores y artistas intérpretes o ejecutantes, con el fin de garantizarles unos ingresos irrenunciables mientras la obra esté en explotación, y proporcionales a ésta.

De este modo ningún titular de derechos de autor o conexos que haya convenido con el productor y materializado su intervención en la obra puede oponerse a su comercialización ni quedarse sin participar en sus beneficios económicos. Este sistema de presunciones y derechos condiciona notablemente el contenido del contrato de producción.

A. Presunciones de cesión

Dispone el art. 88 LPI que “por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la obra”. Esta presunción también opera para el autor de la obra preexistente que haya convenido su incorporación a la audiovisual (por ejemplo, un novelista o un compositor): Así, dispone el art. 89 LPI: “Mediante el contrato de transformación de una obra preexistente que no esté en el dominio público, se presumirá que el autor de la misma cede al productor de la obra audiovisual los derechos de explotación sobre ella en los términos previstos en el art. 88”.

Y el art. 90.2 LPI dispone que cuando tales autores suscriban con el productor un contrato relativo a la producción de una obra audiovisual, se presumirá que ha transferido su derecho de alquiler. También respecto al artista intérprete o ejecutante que celebre individual o colectivamente con un productor de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producción de las mismas, se presumirá, salvo pacto en contrario, que ha transferido sus derechos de alquiler (art. 109.3 LPI).

Estas presunciones admiten pacto en contra por lo que su alcance es que el productor puede comercializar la obra audiovisual si el contrato con el autor correspondiente no dice lo contrario. Pero la LPI establece un límite adicional que antes hemos denominado el “mercado natural”: la presunción opera en el sector comercial al que esté destinada la obra, por su naturaleza. Así, el propio art. 88 dispone que “en las obras cinematográficas será siempre necesaria la autorización expresa de los autores para su explotación, mediante la puesta a disposición del público de copias en cualquier sistema o formato, para su utilización en el ámbito doméstico, o mediante su comunicación pública a través de la radiodifusión”. Pero el derecho de alquiler sobre la obra cinematográfica se considera transferido aun sin esta autorización expresa (Arts. 90.2 y 109.3.1º LPI).

Estas presunciones dan lugar a determinados derechos de remuneración por comunicación pública y alquiler que hemos visto en los capítulos 5 y 6.

B. La remuneración pactada

Principio general: la remuneración de los autores de la obra audiovisual y la de los autores de las obras preexistentes, por la cesión de los derechos, deberán determinarse para cada una de las modalidades de explotación (Art. 90.1 LPI): esto no es sino un recordatorio de la obligada participación de los autores en los ingresos de toda la explotación de la obra. Su omisión no tiene prevista una sanción concreta.

A tal fin, dispone el art. 90.5 LPI que “con el objeto de facilitar al autor el ejercicio de los derechos que le correspondan por la explotación de la obra audiovisual, el productor, al menos una vez al año, deberá facilitar a instancia del autor la documentación necesaria”.

C. Otras cuestiones específicas del contrato de producción

El hecho de la pluralidad de autores y de intérpretes en la obra audiovisual obliga a atender, a la hora de redactar un contrato de producción, no sólo a las cuestiones generales ya estudiadas, que también son esenciales aquí (plazo y territorio para el ejercicio de derechos, cesión en exclusiva o no, etc.) sino a algunas adicionales que derivan de dicha especificidad:

a) Utilización aislada, o para otra obra audiovisual, de las diferentes aportaciones.

Algunas de las aportaciones de varios autores de la obra audiovisual pueden ser utilizadas por éstos además de para su incorporación a la obra, transformada o no, para otros usos, incluida su incorporación a otra obra audiovisual.

La posibilidad de incorporación a otra obra audiovisual vendrá determinada por el carácter exclusivo o no de la cesión: si se cedió el derecho a incorporar su obra a la obra audiovisual en exclusiva, por definición no puede incorporarse a otra obra audiovisual mientras el plazo de la primera cesión esté vigente. Pero también esta regla tiene su excepción: dispone el art. 89.2 LPI que el autor de la obra preexistente en todo caso (luego no cabe pacto en contra), podrá disponer de ella para otra obra audiovisual a los 15 años de haber puesto su aportación a disposición del productor. Este es el caso, por ejemplo, de un novelista o autor dramático cuya obra es transformada en una película cinematográfica.

Respecto a la utilización para otros usos, establece el art. 88.2. LPI que “salvo estipulación en contrario, los autores podrán disponer de su aportación en forma aislada, siempre que no se perjudique la normal explotación de la obra audiovisual”, lo que autoriza al guionista a transformar su guión en novela, por ejemplo, pero no le autorizaría para estrenarlo como obra de teatro simultáneamente a la exhibición en cines de la audiovisual, pues podría perjudicar su explotación.

En el mismo sentido, dispone el art. 89.2. LPI que el autor de la obra preexistente, salvo pacto en contrario, conservará sus derechos a explotarla en forma de edición gráfica y de representación escénica.

b) Aportación insuficiente de un autor.

Dispone el art. 91 LPI que “cuando la aportación de un autor no se completase por negativa injustificada del mismo o por causa de fuerza mayor, el productor podrá utilizar la parte ya realizada, respetando los derechos de aquél sobre la misma, sin perjuicio, en su caso, de la indemnización que proceda”. Dicha indemnización es para el productor, y procederá precisamente cuando la negativa sea injustificada, y no cuando obedezca la insuficiencia de la aportación a fuerza mayor (P.ej., enfermedad grave del director durante el rodaje). En definitiva, se permite excepcionalmente aquí, por encima del derecho moral a la integridad de la obra, que un autor audiovisual finalice el trabajo que otro se niega o no puede acabar, y ello en defensa de la inversión del productor. El supuesto típico es el director que enferma durante el rodaje, o se niega a acabarlo por cualquier razón.


c) Versión definitiva y sus modificaciones.

La versión definitiva de la obra audiovisual se establece de acuerdo con lo pactado en el contrato entre el director-realizador y el productor (art. 92 LPI), así pues es importante en el contrato de producción del director resolver esta cuestión, sin que ello pueda implicar la modificación sustancial del guión ni de otras aportaciones sin consentimiento de su autor. En consecuencia, es conveniente regular en el contrato del guionista, la posibilidad de que terceros guionistas, por orden del productor, puedan modificar, o no, el guión que se va a rodar, o que el mismo sea modificado, y en qué medida, durante el rodaje.

Ello es especialmente relevante si consideramos que cualquier modificación de la versión definitiva de la obra audiovisual mediante añadido, supresión o cambio de cualquier elemento de la misma, necesitará la autorización previa de quienes hayan acordado dicha versión definitiva.

d) Derecho moral y versión definitiva:

Dispone el art. 93 que el derecho moral de los autores ha de ejercerse sobre la versión definitiva de la obra audiovisual. Y ello es así porque dispone el art. 92 LPI que la obra audiovisual se considerará terminada cuando haya sido establecida la versión definitiva, y carecería de sentido ejercer derechos sobre una obra sin acabar, entre otras cosas, porque no será estrenada y por lo tanto no perjudicará materialmente los derechos morales de nadie (P. ej. que en una versión intermedia no figuren títulos de crédito).

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