Evaluación de Impacto Ambiental en España en Ecoinnovación en procesos industriales

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Wikilibro: Ecoinnovación en procesos industriales > Capítulo 7: Evaluación Ambiental

Sección 6

Evaluación de Impacto Ambiental en España
La aparición de sucesivas directivas ambientales procedentes de la Unión Europea obligó a España a trasponer en su normativa la legislación del impacto ambiental. Inicialmente hubo reticencias a la evaluación de impacto ambiental ya que se pensaba que el cumplimiento de esta normativa haría menos competitivas a las empresas, pero posteriormente se concluyó que es imprescindible el considerar los aspectos medioambientales en el estudio de cualquier proyecto, y evitar así llegar a situaciones irreversibles para todas las partes.

El proceso de transposición de la directiva se ha realizado de la siguiente forma:

  • Directiva europea 85/337/CEE que se traspondría el 28 de julio de 1986 en Real Decreto legislativo 1302/1986 (aprobado en el RD 1131/88) obligando a realizar evaluación de impacto ambiental a industrias extractivas a cielo abierto, explotaciones agrícolas, y grandes presas; además de las obligadas por la Unión Europea como son aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, eliminación de residuos peligrosos o radiactivos, cementeras, acerías, centrales térmicas, e industrias químicas (incluyendo refinerías de petróleo).
  • Directiva europea 97/11/CEE que completa la anterior, y que se traspone en la ley9/2006.
  • Reglamento
  • Ley 6/2001 de Impacto Ambiental, que en su anexo I obliga a la realización de evaluación de impacto ambiental en 9 grupos de proyectos que son:
  • Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería
  • Industria extractiva
  • Industria energética
  • Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales
  • Industria química, petroquímica, textil y papelera
  • Proyectos de infraestructuras
  • Proyectos de ingeniería hidráulica y gestión del agua
  • Proyectos de tratamiento y gestión de residuos
  • Otros proyectos

En su anexo II hay otros proyectos que pueden o no ser incluidos según la valoración de la autoridad competente en base a sus características, ubicación, e impactos potenciales. En el anexo III aparece un procedimiento para aplicar a cada caso y determinar así si es o no objeto de evaluación.

  • Ley 9/2006 sobre Evaluación Ambiental de planes y programas en la que se obliga a que los planes y los programas se evalúen desde el punto de vista ambiental. Muchos proyectos se desarrollaban en base a unos planes realizados por el Estado competente sin que su aspecto ambiental estuviera contemplado, pudiendo crearse un grave problema medioambiental. Asimismo, en esta ley se obligó a que el plan fuera expuesto al público, y que éste recogiera todas las alegaciones planteadas para reflejarse en la Memoria Ambiental. Este documento, junto con el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), son los dos documentos que se necesitan para decidir la aprobación o no del plan propuesto.
  • Ley 1/2008 del 11 de enero, que es la ley de Evaluación del Impacto Ambiental vigente en la actualidad.
  • Ley 26/2007 sobre Responsabilidad Ambiental (Directiva 2004/35/CE) que se basa en el principio “quien contamina paga”.

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