Una de las primeras medidas adoptadas por la UE como consecuencia de la crisis de la COVID-19 fue la suspensión de sus reglas fiscales, que obligan a los países a mantener un déficit público por debajo del 3% y a reducir su deuda pública cuando supera el 60% de su PIB. Como consecuencia de la amenaza que supone la guerra en Ucrania sobre la recuperación económica tras la pandemia, los ministros de finanzas de la UE (ECOFIN) acaban de prorrogar un año más esta suspensión, de manera que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento estará al menos cuatro años sin aplicarse, de 2020 a 2023. Si antes de la pandemia, la experiencia de las reglas fiscales en Europa en un entorno de bajos tipos de interés ya había abierto el debate sobre su rediseño, el elevado aumento de la deuda pública como resultado de la crisis y de una recuperación más lenta de lo previsto ha reavivado la discusión sobre cuál debe ser la mejor manera de regresar a la senda de estabilidad presupuestaria y asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, en un entorno de mayor incertidumbre sobre los tipos de interés de equilibrio. A este debate han contribuido instituciones europeas, como el Consejo Fiscal Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad o el Banco Central Europeo, nacionales (AIReF o Banco de España) o propuestas conjuntas como la de los gobiernos de España y Holanda.   

Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y miembro del Consejo Consultivo de AIReF, y Carlos Cuerpo, Secretario General del Tesoro, debatirán sobre estos temas y con todos los asistentes en la próxima sesión del Observatorio de Economía Global de la EOI, cuyo desarrollo estará dirigido por Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca.