¿Cómo estimular las prácticas empresariales responsables en América Latina?

Los principales obstáculos a la responsabilidad empresarial en casi todos los países de América Latina son la indiferencia, la apatía y a veces la ignorancia e impotencia, de muchas de las partes nvolucradas, no sólo de las empresas. Es necesario aclarar que estos han sido el producto de muchas décadas de debilidad institucional en los gobiernos centrales y locales, una sociedad civil poca o mal organizada y un clima de negocios poco favorable para la inversión o la producción. Ante esta situación las empresas tienen menos estímulos para ser responsables y algunas se aprovechan.

Teniendo en cuenta que la responsabilidad empresarial es responsabilidad de todos, para promover la adopción de prácticas responsables hay que actuar en múltiples frentes, no solo en las empresas, como creen muchos. Es evidente que la participación de las empresas es condición necesaria pero no resulta suficiente. Si sus prácticas están basadas solamente en la voluntad propia, puede que no sean sostenibles, que sufran ante condiciones adversas. Es necesaria la participación de todas las partes interesadas.

A continuación analizamos los diferentes frentes en los que haya que actuar:

A. Desarrollo de las partes interesadas

Las partes interesadas tienen un papel determinante en la adopción de prácticas responsables, pero el nivel de desarrollo de estos grupos que forman las partes interesadas (o stakeholders) es relativamente incipiente en los países de América Latina aunque es cierto que existen diferencias entre ellas y entre los diferentes países.

En una encuesta entre empresas de todos los tamaños, en más de 5.000 empresas en ocho países de América Latina, solo el 20% de las grandes empresas reportaron presiones de clientes financiadores o instituciones de la sociedad civil (15% en las medianas y 10% en las pequeñas).

Si las leyes y regulaciones son deficientes y/o las instituciones de supervisión de su aplicación son débiles, en este caso las empresas tendrán menos incentivos para ser responsables. El Estado tiene la responsabilidad en cuatro grandes frentes y si no ejerce éstas funciones de forma efectiva, las empresas no tendrán el marco conducente para poder llevar a cabo sus actividades productivas con responsabilidad social y ambiental. Para propiciar el comportamiento empresarial responsable el Estado debe ejercer como:

Dentro de la sociedad civil podemos mencionar un grupo específico como son los consumidores. Si los consumidores no disponen de información sobre las prácticas responsables, o aun teniéndola, no la utilizan en sus decisiones de compra (lo cual es muy probable), la empresa verá pocas recompensas o castigos a sus prácticas responsables por lo que éstas se pueden resentir en el mediano y largo plazo. El consumidor, que es potencialmente el principal actor, carece de información. La gran mayoría responde en encuestas que compraría productos responsables, pero ¿cómo saber si los productos y servicios fueron fabricados o prestados de forma responsable?

Si los medios de comunicación se preocupan poco de informar sobre las prácticas irresponsables de las empresas y sólo informan favorablemente a cambio de ingresos por publicidad, no serán un factor de creación de opinión, ni de educación, ni de presión hacia la empresa. En una encuesta llevada a cabo en España en 2009 se reveló que solo el 15 por ciento de los periodistas entrevistados consideró que el medio para el que trabajan trata las noticias sobre RSE bien o correctamente y un 74 por ciento relacionó a la RSE con altruismo. Es de suponer que si se llevara a cabo una encuesta semejante en América Latina los resultados no serían mejores. El advenimiento de las redes sociales ofrece un gran potencial para la diseminación de información, tanto para bien como para mal. Un video colgado en YouTube puede diseminar ampliamente información sobre una empresa y también puede destruir su reputación. Las redes sociales, como un jugador que se ha incorporado recientemente, también deben ser responsables.

Si los mercados financieros no incorporan los riesgos de las prácticas irresponsables en sus decisiones de crédito y de inversión y no recompensan a las empresas responsables con mejores precios, estas tendrán pocos incentivos.

B. Políticas y regulaciones públicas

Como se enumeró anteriormente, el Estado tiene cuatro papeles que jugar en la responsabilidad y todos tienen que ver directa o indirectamente con la promoción y adopción de prácticas responsables en las empresas.

En su papel como regulador y representante de la sociedad, debe velar por el bienestar de la sociedad, a través de las regulaciones e instituciones. Debe promover regulaciones del comportamiento empresarial, tanto desde el poder ejecutivo como en el legislativo. Estas regulaciones deben cubrir los aspectos que la sociedad del país y su modelo socioeconómico consideren como los mínimos no negociables para las empresas. Está claro que las regulaciones varían con las circunstancias y las experiencias que se viven en cada país y en diferentes momentos y, en general, en los países en desarrollo se van fortaleciendo con la experiencia. Pero no todo son regulaciones que deban ser percibidos como algo negativos. El Estado también debe preocuparse de diseñar regulaciones proactivas, como podría ser el establecimiento de normas de eficiencia eléctrica o de consumo de agua.

Lo que es cierto es que las regulaciones deben tratar de lograr el justo balance entre la necesaria libertad empresarial para ejercer sus actividades y los requerimientos de una sociedad moderna. Se debe dejar espacio para la innovación empresarial y para asumir riesgos que no atenten contra el bien común. Y lo más importante es que deben ser compatibles con las instituciones de seguimiento y control del Estado. De poco sirve tener regulaciones que no pueden ser controladas porque las instituciones son deficientes. Se pueden convertir en un estímulo a la corrupción.

El Estado, como agente económico, puede dar el ejemplo en sus actuaciones siendo responsable en sus propias contrataciones y compras, comprando con eficiencia y efectividad. También puede impulsar las prácticas responsables de las empresas utilizando entre sus criterios de selección para sus adquisiciones, criterios de responsabilidad social y ambiental. Aunque estos criterios deberían aplicarse en todos los casos, hay que reconocer que tienen costos de transacción y que debe haber un balance. Se pueden utilizar, por ejemplo, para la adquisición de maquinaria de construcción, pero no para compras descentralizadas de lápices.

El Estado también debe actuar como promotor de prácticas responsables en el resto de las instituciones, sobre todo en las instituciones públicas. Pero también puede crear instituciones o programas destinados a la promoción en la empresa privada, sobre todo para el apoyo de empresas en situación de desventaja relativa como las pequeñas y microempresas. Es el Estado el que puede desarrollar programas de información, diseminación y educación en prácticas responsables. En algunos casos especiales el Estado puede subsidiar la adopción de estas prácticas, cuando su rentabilidad social lo justifique, como podría ser el caso de programas de eficiencia energética (desgravación más acelerada de las inversiones, por ejemplo, en motores industriales o en medios de trasporte privado más eficientes) o el caso de contrataciones de personal en sectores desfavorecidos (por ejemplo, cubriendo parte de las contribuciones empresariales a la seguridad social de jóvenes, personas con discapacidad o poblaciones indígenas). En este caso se pueden tener políticas restrictivas, no sólo expansivas, como sería el caso de poner mayores tasas gravámenes a actividades contaminantes.

Estas políticas de promoción, que requieren recursos fiscales, deben manejarse con cuidado dado el gran número de necesidades sociales que deben ser cubiertas con estos recursos. Adicionalmente, si las instituciones encargadas de su gestión son débiles, pueden introducir fuentes de corrupción e ineficiencia en el uso de los recursos. Como todo subsidio, se presta a manipulaciones y no todos los países pueden tener políticas fiscales efectivas y eficientes de promoción de prácticas responsables.

Y por último, el Estado es garante de la justicia social y una de sus principales funciones es promover la justicia y la equidad. De allí que en las actividades ya descritas, deberá considerar su impacto  sobre la sociedad y promover prácticas responsables en las empresas que incentive o estimule. Por ejemplo, en cuanto al empleo de personas con discapacidad, el Estado debe en primer lugar asegurar que las personas con discapacidad pueden acceder a su puesto de trabajo legislando que todos los edificios públicos o lugares de trabajo no tengan barreras arquitectónicas. Otro ejemplo es el apoyo a la organización y el reconocimiento de la labor de las personas que se dedican a actividades informales en la cadena de reciclaje de plásticos, papel, cartón, vidrio, etc. En muchas ciudades de Latinoamérica son miles de personas y en algunos países como Brasil se comienza a reconocer su labor social y ambiental y se está regulando de forma proactiva para conseguir ciertos comportamientos responsables hasta ahora impensables. Por ejemplo, las comercializadoras y embotelladoras de bebidas refrescantes en envases de PET deben asegurar el reciclaje de un porcentaje de su facturación a través de un sistema de compra de unos bonos de reciclado.

C. Información

La preparación y diseminación de reportes, aunque todavía no son muchas empresas que lo hacen, pueden contribuir a estimular la competencia por reportar, que debería contribuir a su vez a una competencia por hacer el bien, no sólo hacerlo público. La responsabilidad de difundir noticias tanto sobre prácticas responsables como irresponsables con el fin de ser un verdadero instrumento para promover el buen comportamiento empresarial.

Si bien estas comunicaciones pueden promover prácticas responsables, no son sólo responsabilidad de las empresas. Las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, los organismos multilaterales, las asociaciones empresariales, y en especial los centros de enseñanza, también pueden contribuir en ésta tarea de promoción y difusión de las prácticas empresariales responsables.

D. Educación

En encuesta tras encuesta sobre los obstáculos que enfrentan las empresas para adoptar prácticas responsables siempre existen dos elementos constantes: la falta de recursos y el desconocimiento sobre la RSE y los beneficios que puede suponer para las empresas. El primer caso es muchas veces derivado del segundo, ya que no al entender de qué se trata, al no entender bien que aquello es una manera de gestionar el negocio y desconocer los beneficios que puede conllevar, piensan que las prácticas responsables son un gasto, muchas veces equiparado a filantropía o, en el mejor de los casos, a inversión social.

La conclusión es que todas las partes involucradas necesitan más o menos educación en el tema, pero en particular las mismas empresas. No se trata de educación formal, se trata más de entrenamiento y capacitación. En este sentido, las actividades de los gobiernos pueden ayudar a través de instituciones públicas que ofrezcan servicios de entrenamiento y consultoría a bajo costo a las pequeñas empresas. Las grandes empresas pueden contribuir capacitando a las más pequeñas a través de la cadena de valor. Las asociaciones empresariales pueden actuar como intermediarios y servir de foro para que las grandes (voluntariado ejecutivo) apoyen a las pequeñas ya sea a través de asesoría, o cursos cortos.

En el caso de las PyME´s, lo que les hace falta es conocer ejemplos y casos de empresas semejantes con las que se puedan sentir identificadas. Las empresas de mayor tamaño pueden necesitar un entrenamiento más formal o consultoría especializada en el desarrollo de sistemas de información para capturar y medir los costos y beneficios más formalmente, para comunicar convenientemente y diseñar sistemas de incentivos para estimular a sus empleados y sistemas gerenciales para establecer controles internos, entre otros.

En general el tipo de entrenamiento requerido por las empresas no es de tipo general si no muy específico a cada empresa, departamento y puesto. Ello no quiere decir que las escuelas de negocio no tengan un papel, todo lo contrario. Las escuelas de negocios tienen la responsabilidad de mostrarle a sus alumnos, muchos de ellos futuros dirigentes, que la maximización de la rentabilidad a corto plazo no lo es todo, deben desarrollar en sus alumnos una visión de más largo plazo, donde la sostenibilidad financiera sea mostrada como condición necesaria pero no suficiente, mostrando que la sostenibilidad social y ambiental respaldan la sostenibilidad financiera en el largo plazo. Adicionalmente es en estas escuelas donde se puede desarrollar la visión estratégica en la alta gerencia, en particular a través de los cursos cortos de desarrollo gerencial. Estas mismas escuelas y las universidades, en sus cursos de pregrado, deberían desarrollar, en horarios convenientes, cursos cortos, con ejemplos, casos, discusión interactiva, con participación de empresas que han vivido la experiencia.

E. Normas y guías

Como complementos a la educación y para facilitar la implementación de prácticas responsables, se producen normas, guías y otras publicaciones. En esta sección solamente se quiere enfatizar algunas ideas sobre la utilidad de éstas normas y guías en la promoción e implementación de las prácticas responsables.

Una norma que hay que destacar es la ISO 26000, producida por la International Standards Organization en un proceso de redacción de varios años y que incluyó representantes de gobiernos, de ONG´s y de consultores, con la participación de algunas empresas. El producto, en parte por el proceso consensual de elaboración, es una extensa guía de aplicación para todo tipo de instituciones, no sólo para empresas, de allí que deba ser muy general. Supuestamente es eso, una guía, que a pesar de llamarse norma no pretende ser certificable como las demás normas emitidas por ISO, pero el riesgo de que alguien pretenda certificar es casi inevitable. La decisión de no ser una norma certificable fue el dictamen que emitió un Grupo de Trabajo formado en ISO que consideró que la RSE es lo suficientemente complejo y abarca demasiadas áreas para poder ser susceptible de certificación, pero sí recomendó su elaboración como guía. Puede ser un instrumento útil sin duda, el problema se puede plantear cuando instituciones, especialmente empresas de consultoría, ofrezcan servicios de certificación voluntaria del cumplimiento de la guía. En ese momento lo que podría ser útil puede convertirse en un proceso de tratar de lograr el cumplimiento con la norma que ha sido diseñada para no ser certificable, independientemente de la relevancia que ello tengo para la empresa. Puede llegar a ser contraproducente para las prácticas responsables cuando las empresas vean que las acciones no les revierten resultados más allá de capacidad de reportar que cumplieron con la norma ISO 26000.

Estas normas o guías tienen grandes ventajas en el sentido de que presentan un inventario de prácticas y/o sistemas de responsabilidad que pueden ser sumamente valiosas para guiar la elaboración e implementación de una estrategia de responsabilidad empresarial, para guiar la acción de la sociedad civil, para lograr cambios incrementales en prácticas específicas. El proceso de preparación, generando y diseminando información, educando, buscando consensos, entre otros aspectos, es muy positivo para la promoción de la responsabilidad empresarial. Sin embargo, el producto, como toda herramienta, puede ser usada bien o mal y es necesario ser conscientes de los costos y riesgos.

¿Qué hay de malo en que haya normas certificables de responsabilidad? ¿Se puede normar el comportamiento responsable? ¿Qué consecuencias tiene para la empresa la existencia de estas normativas? Empecemos por recordar que las prácticas responsables de las empresas abarcan un espectro sumamente amplio, desde normas laborales y ambientales, respeto a derechos humanos, donaciones estratégicas, pasando por mejoras en la calidad de vida de la comunidad, hasta contribuciones a la mejora de la gobernanza pública. Cierto es que algunas de estas actividades pueden ser reguladas, de hecho muchas están legisladas y reguladas en ciertos aspectos, aunque en muchas ocasiones no supervisadas como sería deseable. En otros casos las actividades responsables son guiadas por acuerdos internacionales, algunos obligatorios y otros voluntarios. Otras, son mejores prácticas acordadas formal o informalmente a nivel de grupo industrial o sectorial, pero muchas son prácticas voluntarias de las empresas, adaptadas al entorno y a las circunstancias en que operan. También existen guías para la preparación de información financiera (GRI) o normas de revisión de esa información (AA1000AS), cuya legitimidad se la da la aceptación más o menos  universal. El problema son las guías y normas que pretenden abarcar un gran espectro, las que pretenden cubrir la “RSE” en general.

F. Incentivos

Básicamente todo lo que antecede está supeditado a la existencia de incentivos positivos o negativos, explícitos o implícitos, para el comportamiento de las personas que son las que están detrás de todas las empresas y de todas las partes interesadas. En algunos casos el incentivo puede surgir del propio individuo, su integridad, su ética, que lo lleva al comportamiento responsable. Éste es el principal incentivo. Sin embargo, esta convicción interna estará sometida a presiones y estímulos que pueden ir en sentido contrario.

En el caso de las empresas, muchas veces se hacen los esfuerzos para establecer códigos de conducta, campañas de educación, normas y procedimientos pero se ignoran o no se les da la debida importancia a los incentivos. Hay que recordar que las prácticas responsables no se implementan en el papel, se implementan en la práctica, en el taller, en la oficina, en la calle, y aun cuando la empresa tenga políticas sobre prácticas laborales y códigos de conducta, aun cuando el presidente anuncie que la empresa debe implementar sólo prácticas responsables, el supervisor del taller responderá a los incentivos positivos o negativos que reciba. Si su bonificación o promoción están sujetas al volumen de producción, muy posiblemente estire las normas al límite, o las incumpla si se puede salir con la suya, con tal de lograr sus objetivos, sobre todo si estos son, por ejemplo, volumen de producción que es objetivamente medible (muy posiblemente el resto de impactos sea de difícil o costosa medición). Si el oficial de préstamos tiene su bonificación en función del volumen de préstamos, muy posiblemente no se preocupe de si el cliente necesita el préstamo o si lo puede repagar. Si la empresa y el banco quieren que las prácticas responsables, establecidas en el papel, se implementen deberá hacer el sistema de incentivos y penalizaciones compatible con ese objetivo. Deberá incluir en la evaluación del supervisor la satisfacción laboral, los accidentes y el absentismo laboral, por ejemplo, o el banco deberá incluir una evaluación de la satisfacción del cliente y de calidad de la cartera del oficial de préstamos.

Obviamente que esto es mucho más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Para ello, las empresas deben tener un sistema de información relativamente desarrollado y tener la voluntad y capacidad de usarlo en las evaluaciones y los sistemas de recompensa. Hay empresas que tienen todo esto en funcionamiento pero a la hora de evaluar el desempeño no le dan tanta importancia porque algunos de los impactos no son tan objetivos y medibles como otros.

Lo mismo sucede con los reguladores públicos e instituciones de supervisión y control de la actividad empresarial. Si el personal no tiene los incentivos correctos será difícil que cumplan con su deber. Muchas veces estas instituciones no tienen los recursos suficientes para cumplir su función principal así que difícilmente tienen recursos para tener un sistema de evaluación o de incentivos. En algunas ocasiones lo que puede llegar a ocurrir es que los incentivos son perversos y acaban teniendo un efecto no deseado. Éste es el caso cuando los funcionarios son evaluados por el número de sanciones o de problemas que detectan. Ello, sumado a los generalmente menores sueldos que los del sector privado que supervisan, puede terminar siendo un incentivo para prácticas poco recomendables. Los incentivos de estas instituciones deberían estar ligados a las mejoras que logran en el comportamiento de las empresas.


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