La publicidad de las cuentas anuales de las empresas en República Dominicana

El tema de publicidad de cuentas de las empresas en la República Dominicana es algo que ha recibido mucha atención en los últimos diez años, mayormente enfocado en la transparencia que deben ofrecer las instituciones públicas en cuanto al manejo de los dineros del estado.

Se han promulgado varias leyes referentes a la rendición de cuentas por parte de las empresas (Ley 19-00 sobre Mercado de Valores, Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, Ley 200-04 sobre el Libre Acceso a la Información Pública, etc.), aplicables tanto para empresas privadas como a públicas, según el tipo y condición de la empresa ésta se regirá por una ley u otra.

Las istiruciones con registro en la Superintendencia de Valores (SIV) deberán poner a disposición de los socios, de forma periódica, la información relevante de la empresa. Un ejemplo de esta práctica es la que lleva a cabo Cervecería Nacional Dominicana (CND) que en la sección “Relaciones con Inversionistas”, de su portal web, publica sus reportes financieros como cumplimiento de los reglamentos establecidos por la Ley de Mercado de Valores 19-00 por ser una empresa con registro en la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

Informes financieros de CND, disponibles en su portal:

http://www.cnd.com.do/home.php/esp/inversionistas/documentos/12

Las entidades bancarias (el Banco Central, los Bancos Múltiples y Entidades de crédito) deben seguir los lineamientos del Código Monetario y Financiero, a éstas les corresponde hacer  pública la información de sus estados financieros, ya sea a través de un medio escrito de circulación nacional, o bien a través de su portal web. Un ejemplo de este ejercicio lo demuestran el Banco Central Dominicano y la entidad comercial Banco Popular que anualmente publican su Balance General y Estado de Resultados en sus páginas web.

En la sección de transparencia en el portal del Banco Central de la República Dominicana se tiene acceso, entre otras cosas, a los informes de balances financieros y resultados presupuestarios de dicha entidad:

http://www.bancentral.gov.do/transparencia.asp

http://www.bancentral.gov.do/acercabc.asp?a=Balance_General

http://www.bancentral.gov.do/transparencia/pdfDocs/ejecucionPresupuestaria.pdf

De forma similar lo hace el Banco Popular el cual publica anualmente su Balance General y Estado de Resultados en su página web:

http://www.popularenlinea.com.do/app/do/estados_financ.aspx

 

Ley de Libre Acceso a la   Información.

Esta ley fue promulgada el 28 de julio de 2004 y su reglamento el 25 de febrero de 2005. A partir de esta fecha es cuando se inicia su aplicación. Su objetivo es garantizar el derecho de toda persona a solicitar y recibir información efectiva, veraz y oportuna sobre todos los actos y actividades de los organismos y entidades centralizados, descentralizados y autónomos, incluyendo los poderes Legislativo y Judicial, y a los órganos e instituciones  privadas que reciben recursos provenientes del Presupuesto General del Estado.

Los medios y formas para acceder o solicitar la información sobre las cuentas a cualquier entidad pública variarán según los procedimientos particulares de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) de esa institución. Algunos ejemplos que se pueden citar son:

1. En el caso de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) el ciudadano tiene las siguientes opciones para solicitar información pública de esta institución:

a) Solicitud electrónica, por e-mail o por el formulario de solicitud de esta página Web.

b)  Solicitudes escritas.

c) Vía telefónica.

http://www.sipen.gov.do/trans_06oai.aspx

2. Por su lado, la superintendencia de Valores (SIV) tiene disponible la información de sus estados financieros en su sitio web, accediendo a través de la sección de “Transparencia”.

http://www.siv.gov.do/app/do_2011/trans_presupuesto.aspx?id=140&s=635

De cualquier forma la ley  estipula un plazo no mayor de 15 días para que las instituciones entreguen la información requerida por los ciudadanos. Este plazo podrá prorrogarse en forma excepcional por diez días, en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir los datos solicitados. Hay precedentes de instituciones obligadas mediante sentencia a entregar información.

 


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