Legislación del sector ambiental; ¿chapuza o negocio? Y porqué es importante una buena legislación

En los últimos años la factura de la luz se ha convertido en un problema para miles de familias españolas, que a parte de tener que hacer frente a los problemas derivados de una crisis económica y laboral han visto como las facturas de la electricidad de sus hogares subía mes a mes.

Hoy en día es fácil leer en los periódicos noticias acerca del sector eléctrico y por tanto el ciudadano de a pie es consciente de muchas cosas, como que España goza de un red eléctrica extraordinaria, posee además un mercado eléctrico (OMIE) libre donde distintas compañías eléctricas compran y venden energía, garantizándose así la competencia entre ellas para ofrecer la energía a los ciudadanos, esta competencia se traduce en una competencia de precios que garantizan que el ciudadano pueda elegir contratar su electricidad con la compañía que más le convenga. Por otra parte el precio del petróleo, gas y otras materias primas ha descendido respecto años anteriores, las tecnologías renovables cada vez son más eficientes; hemos leído noticias de como España batía récords en cuanto a generación eólica cubriendo buena parte de la demanda eléctrica nacional. A parte de la energía eólica el nivel de generación eléctrica a partir de renovables en España ha aumentado mucho en los últimos años , esto supone un descenso de la dependencia energética que teníamos internacionalmente, ya que nosotros mismos somos capaces de aprovechar nuestros recursos para generar energía eléctrica, y esto lleva asociado un descenso de gasto ya que las importaciones de materias primas para generar electricidad disminuyen considerablemente, ¿Cómo puede ser que ante esta situación los ciudadanos españoles paguemos cada día más por nuestra electricidad?

Todo comienza con La ley del Sector eléctrico de 1997; la Ley 54/1997; que establecía  las bases del sistema eléctrico, esta ley supone una revolución, un cambio radical respecto a los cambios regulatorios de 1954, 1984 o 1994. Gracias a esta ley entraba en funcionamiento el Mercado Eléctrico español, liberalizando así el suministro eléctrico siguiendo las exigencias de la Directiva 96/92/CE. Esta ley 54/1997 abre una nueva puerta a la comercialización de la energía, generando una nueva actividad de suministro liberalizado con libre contratación y libre fijación de precios.  La idea fundamental de la Ley pasa por desestatalizar el sistema; para crear un nuevo sistema en el que las empresas recuperen el protagonismo dando a los demandantes la posibilidad de elegir libremente su suministrador. Para ello se recrea el mercado, pero el sector eléctrico no se desregulariza, ya que por diversos motivos el sector eléctrico siempre estará regulado; restricciones técnicas de la Red, carácter del suministro eléctrico como servicio esencial para los ciudadanos y de importancia estratégica para el país, etc… Es en esta regulación por parte del gobierno donde comienza parte del problema. Esta ley también fomentara el comienzo de otro de las causas del aumento progresivo de la factura de la luz, la ley 54/1997 fomentaba la producción en régimen especial (cogeneración y renovables) a través de la preferencia en el despacho y la percepción de una prima.

Corría finales del año 1999, España se preparaba para afrontar unas elecciones en Marzo del 2000, los sondeos auguraban que el gobierno repetiría legislatura, la entrada del país en la moneda única se acercaba, y el Partido Popular prometía continuar los avances conseguidos hasta ahora transformando los avances económicos en mas inversión en educación, infraestructuras, nuevas tecnologías, cultura y medioambiente. El 30 de diciembre de 1999 se aprueba el Real Decreto 2066/1999 en el cual se establece la tarifa eléctrica para el año 2000, las tarifas aprobadas no incluían todos los costes que las compañías eléctricas aseguraban tener. Con esto aquel gobierno que aprobó el Real Decreto 2066/1999 comenzó el problema del déficit de tarifa, según se dijo su objetivo inicial era mantener bajos los precios de la electricidad y así evitar efectos negativos en la inflación, aunque también hay quien dice que subir la tarifa de la luz antes de unas elecciones es como dispararse en un pie antes de una carrera, pero lo cierto es que fuera por a o por b el Partido Popular gano las elecciones con mayoría absoluta y pudo seguir gobernando otros cuatro años más y seguir desarrollando sus políticas .

Pero como consecuencia de ese RD 2066/199 en el año 2000 por primera vez España se crea una deuda con las compañías eléctricas de 250 millones de euros, el próximo año no sólo no se consigue devolver esa deuda si no que se genera una deuda de otros 80 millones. Con el 2002 llega a España la moneda única de la Unión Europea el euro, el redondeo de la peseta al euro aumenta el precio de los bienes básicos casi en un 10%. Ese mismo año Rodrigo Rato; muy en el candelero ahora por sus acusaciones de fraude fiscal, blanqueamiento de dinero etc.; era entonces ministro de Economía, y dio luz verde a una medida coyuntural que se terminara transformando en estructural, era el Real Decreto 1432/2002 en el cual se establece una regla por la cual la tarifa eléctrica nunca puede subir más que el IPC. El resultado es que para 2002 se suman a la deuda a las compañías eléctricas 1.149 millones de euros. Pero lo peor estaba por venir, tras dos años sin acumular más deuda y un cambio de gobierno en 2004 , llega el 2005 y el precio del petróleo se dispara  y pasa de 30 a 90 dólares, esto hacia que el coste de generación de electricidad subiera un 300%, mientras que el precio de la luz solo subió un 2%; como el IPC; lo que se traduce en una suma al déficit de 3830 millones más, durante los próximos dos años; 2006 y 2007; se sigue sumando más deuda al déficit, aunque se consigue que cada año se sume menos, se sigue sumando. Es con la llegada del 2008 y la llegada de la crisis económica cuando la deuda ya termina por escaparse del todo del control del gobierno y alcanza cotas altísimas.

Con la idea de atacar este déficit de tarifa el gobierno crea el Fondo de Titulización (FADE) al que las empresas eléctricas pueden traspasar el déficit pendiente, esto es aprobado en el Real Decreto 6/2009, FADE crea en 2010 un programa de emisión de bonos que convierte la deuda eléctrica en títulos de deuda, que se pueden comprar y vender en el mercado financiero, de esta manera se paga a las compañías eléctricas la deuda acumulada, que se reconvierte en una nueva deuda colocada a inversores. Para que estos bonos resulten atractivos para los inversores cuentan con un aval del Estado de 26.000 millones de euros, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, esto se traduce en una inversión muy buena para el inversor que consigue intereses altos a pocos años (han rondado del 5 al 6% a 5 años), el contratiempo de estos bonos es que tienen un importe mínimo a contratar muy alto y el porcentaje destinado a inversores minoristas es muy pequeño, por lo que el ciudadano de a pie se ve incapaz de comprar este tipo de bonos, en cambio si tiene que afrontar con el pago de sus impuestos la rentabilidad a los inversores de los bonos.

Como ya se ha mencionado otra parte del problema son las subvenciones del gobierno a las compañías que generan electricidad a partir de energías renovables, el Plan de Fomento de las Energías Renovables (2000-2010) quería que a partir de 2010 el 30% de la generación de energía eléctrica en España fuera a partir de fuentes de energía renovable, el problema fue que se quiso correr demasiado y se destinaron grandes sumas de dinero en forma de subvenciones los primeros años, cuando las tecnologías aun no eran maduras del todo, por lo que su eficiencia no era la mejor. Ya desde la Ley 54/1997 se fomenta la producción en régimen especial, pero con el tiempo las primas van a ir aumentando, por ejemplo el Real Decreto 661/2007 primaba tanto la generación de energía eléctrica de régimen especial como que se instauraran nuevas centrales de régimen especial, asegurando hasta cierto punto la rentabilidad de las inversiones en nuevas centrales. Estas primas y ayudas no se van a ver interrumpidas hasta que se aprueba el Real Decreto 1/2012. Pero hasta entonces las primas a las renovables van a ir aumentando año a año, e incluso seguirán aumentando tras 2012.

El Sector Eléctrico, calificado como servicio de interés económico general necesita un regulación que aporte estabilidad y resuelva las dificultades que se han presentado en el sector, como hemos podido ver existían dos problemas fundamentales, el déficit de tarifa y una regulación retributiva desigual de las instalaciones de producción de energía eléctrica derivada de la utilización de las nuevas tecnologías; energías renovables, cogeneración y residuos. Para dar solución a estos problemas surge la Ley 24/2013 que aborda la problemática existente en el sector eléctrico español introduciendo medidas que garanticen la sostenibilidad económica y financiera del sector eléctrico. Se crea un plan de sostenibilidad que quiere generar un paralelismo entre costes e ingresos que evite que se vuelva a producir un nuevo déficit. La ley diferencia entre distintos tipos de coste, los peajes que son los pagos destinados a cubrir los costes de las redes de transporte y distribución  y los cargos son los pagos destinados a cubrir otros costes de las actividades del sistema. Con la nueva ley desaparece el régimen especial que hasta ahora estaba vigente, si bien se prevé adoptar las medidas necesarias para que todas las instalaciones puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado. Con carácter excepcional la Ley prevé el establecimiento de nuevos regímenes específicos para las energías renovables, cogeneración y residuos para cumplir requisitos energéticos a nivel comunitario, para reducir costes energéticos o la dependencia energética del exterior. Otro dato importante de la Ley es que introduce un periodo regulatorio de seis años para la retribución de las actividades que requieran una regulación específica.  Asimismo la Ley incluye otra serie de novedades de menor importancia pero de notable trascendencia como son la garantía de suministro eléctrico, el autoconsumo de energía, actividades en territorios no peninsulares, competencia efectiva e integración de los mercados europeos.

La ley mejora la anterior, pero como en todas las leyes que se han aprobado sería necesario retocar algunos aspectos para que estos se adapten mejor a la realidad o eliminar posibles lagunas que se produzcan, la ley aun es relativamente joven por lo que es pronto para saber si los pasos que se han dado son los correctos y son suficientes, aunque parece que aún quedan cosas por pulir, de momento ya se han tenido que dar algunos retoques, retoques  que se llevan a cabo a partir de Reales Decretos como el 413/2014 que desarrolla la metodología retributiva y el 900/2015 que regula el autoconsumo, este último ha sido muy polémico ya que se propagó la idea de que el gobierno iba a cobrar a todos los que tuvieran instalaciones de autoconsumo, con el respectivo enfado por parte de la población, es cierto que a la gran mayoría si se les cobraría, pero no se cobrará nada a todos aquellos que no se conecten a la red, por eso creo que también es importante por parte de los gobiernos intentar dar a conocer mejor todo este tipo de leyes y Reales Decretos ya que afectan de manera muy directa a todos los ciudadanos.

Como he mencionado con anterioridad la regulación del sector eléctrico es fundamental, por eso es muy importante la creación de una exquisita legislación al respecto para evitar que se puedan volver a producir problemas como los que hemos vivido, la idea de que al sector lo regule el gobierno no es mala, siempre y cuando el gobierno lo regule pensando en los beneficios del país y los ciudadanos y no buscando el beneficio para las grandes empresas y para ellos mismos; un dato importante para entender esto es la idea de las puertas giratorias, por las que algunos políticos al acabar su vida política pasan a formar parte de las altas esferas de grandes compañías y es muy importante resaltar que es en el sector de la electricidad donde más casos se dan por lo que es algo que hay que vigilar, ya que si estos políticos entran en las grandes compañías por hacerles favores es muy probable que esos favores a las grandes compañías se traduzcan en inconvenientes para los ciudadanos.

Por lo tanto, si el gobierno hace bien su trabajo no creo que sea necesario la creación de algún órgano que regule el sector eléctrico, pero si los gobiernos siguen utilizando el sector eléctrico para su propio beneficio la situación cambia y si que habría que buscar un órgano que lo regule de manera independiente, porque como ya hemos visto una mala legislación se puede transformar en sobrecostes y mal aprovechamiento de los recursos de uno de los sectores más importantes para un país, si no el más importante, por lo necesario del sector  para el crecimiento y desarrollo del país.

Jorge Delgado Moreno.

No hay comentarios / 15 Nov 2015 por jdelgadomoreno
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