NO BASTA CON CUMPLIR LA LEGISLACION AMBIENTAL

Cualquier actividad humana que provoque alguna alteración del entorno, conlleve  o no una vulneración de la legislación ambiental,  va a implicar un incremento del pasivo económico con el consiguiente riesgo  de tener que responsabilizarse por ello. Por otra parte cada vez es  más habitual  que los perjudicados o acreedores de ese pasivo lo pretendan hacer efectivo   y en consecuencia el causante del daño tenga que hacer frente a esa responsabilidad.

Toda actividad humana tiene un impacto sobre el medio en que se lleva a cabo  que cuando afecta a recursos renovables y no sobrepasa su tasa natural de renovación en general y a lo largo de la historia no ha merecido reproche ni exigencia de responsabilidad alguna, al contrario, emisiones y vertidos eran en muchas ocasiones consideramos como síntomas de progreso.

Sin embargo en la actualidad la magnitud alcanzada por la acción del ser humano y el aumento de la concienciación de la sociedad hace que cualquier beneficio que se obtenga se haga a costa de generar deseconomías que afectan   tanto a la sociedad en general como a colectivos e individuos concretos que no están dispuestos a consentir ningún lucro a su costa.

Por esta razón cada vez que alguien se proponga emprender cualquier empresa debería ser muy consciente de que no le basta con cumplir las normas ambientales, el derecho positivo que contempla la protección de los recursos naturales, sino que con independencia de lo que los textos legales establezcan, debe ser muy consciente de que además de con la ley se debe ser respetuoso con lo que dicta el sentido común, los principios inspiradores de la protección ambiental o el Derecho natural del que todos dimanan porque cumplamos o no las normas alguien puede exigirnos la reparación de los desmanes a costa de los cuales nos hemos enriquecido.

Y lo que es aplicable a las personas y a las empresas también va a serlo a las administraciones  públicas y a los estados que cada vez van a tener más difícil hacer dumping ambiental porque ni se lo van a admitir sus ciudadanos ni tampoco la comunidad internacional. No es admisible que la aparente competitividad de algunas naciones se fundamente en el envenenamiento de del medio natural o la explotación de sus “súbditos”.

Hasta ahora ha sido más barato incumplir porque los desmanes de unos pocos se diluían entre millones de afectados con poca o ninguna capacidad de intervención, pero hoy gracias a la revolución de las telecomunicaciones  no es tanto el peso de la ley, que también, como la respuesta que dé la sociedad civil en forma de boicot, reputación o incluso de catalizadora para que intervenga el estado la que puede sancionar de forma más rotunda incluso las acciones irrespetuosas con nuestro entorno, nuestra seguridad o nuestra salud.

 

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