Costa Rica: Planificación de Proyectos y el Reto en Infraestructura

Costa Rica enfrenta el reto de poner al día su infraestructura económica y social.  Se deben invertir $2.500 millones anuales en infraestructura de transporte según el Plan Nacional de Transportes 2011-2035, el AYA estima requerimientos de inversión por $1.800 millones (2011, Rendición de Cuentas 2011), el MEP requiere al menos $1.000 millones (2011, Proyecto de Ley Expediente 18.258) y la Caja Costarricense del Seguro Social enfrenta un programa de desarrollo de infraestructura cercano a los $800 millones (2011, Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión Infraestructuras y Tecnologías 2012-2016).  En este sentido, junto a la ejecución de una política nacional de Alianzas Público Privadas (APP) y el establecimiento de un adecuado marco regulatorio, es necesario que el país adopte un esquema que considere el ciclo de vida de proyecto.  Veamos los factores determinantes para lograrlo.

Planificación de Largo Plazo. Costa Rica requiere una planificación de largo plazo, que optimice el uso de la capacidad actual, permita la selección de proyectos como parte de un sistema integrado, contemple las necesidades futuras de mantenimiento y sobre todo elimine el modelo donde cada obra es un simple esfuerzo aislado –y a veces un capricho- de la  administración de turno. Este tipo de planificación permite priorizar y licitar los proyectos con el tiempo adecuado (sea esquema tradicional o APP) y promueve el uso eficiente de los recursos públicos al evitar la ejecución de proyectos que de manera agregada posean una capacidad significativamente mayor (o menor) a la demanda proyectada y por ende invertir más (o menos) recursos de lo necesario. Asimismo, la planificación de largo plazo envía una clara señal de compromiso por parte del Estado y a su vez permite que la rendición de cuentas de las autoridades de turno se realice con base en el avance en la ejecución de los programas de largo plazo.

Asignación de Riesgos. Otro elemento medular consiste en el análisis y asignación de riesgos, pues la posibilidad (o no) de repartir los mismos entre el sector público y privado es clave para determinar si el proyecto amerita ser ejecutado mediante un esquema APP o si por el contrario es mejor que sea desarrollado enteramente por parte del Estado. Los principales riesgos son: a) Riesgo de construcción: errores de diseño e incrementos en el costo de la obra por atrasos y/o aumento en el precio de los insumos; b) Riesgo de operación: interrupción del servicio e incremento en el costo de mantenimiento; c) Riesgo de demanda: la demanda observada por el servicio es menor a la proyectada; d) Riesgo tarifario: ajustes insuficientes en tarifas; e) Desastres naturales: requerimientos adicionales de inversión para reconstruir infraestructura impactada por un evento natural; f) Riesgo político: cambio en legislación, marco regulatorio o nacionalización del activo en el caso de los proyectos con participación privada; g) Riesgo legal: atrasos o cancelación del proyecto por la no obtención de permisos y/o atrasos en procesos judiciales; h) Riesgo ambiental: daños al patrimonio natural y i) Riesgo de Financiamiento: tardanza o imposibilidad de concretar el cierre del financiamiento, así como los posibles cambios en tasas de interés y tipo de cambio una vez definida la estructura financiera.  Es importante tener en cuenta que el Estado asume todos los riesgos en caso de desarrollar el proyecto por su cuenta, mientras que en los proyectos APP es posible transferir gran parte de los riesgos al operador privado.

Financiamiento. En lo referente al financiamiento, típicamente la estructura de los proyectos incorpora un componente de capital y un componente de deuda.  El capital (o equity) puede provenir de una donación internacional, de recursos propios del Estado o de inversionistas privados. En el caso de la deuda, las formas básicas de financiamiento son: a) Deuda con carga al presupuesto nacional, b) Deuda con base en los flujos del proyecto (Project finance) y c) Deuda corporativa con carga al operador privado.  En los proyectos con cargo al presupuesto nacional la financiación depende básicamente de la calidad crediticia del Estado. Por su parte, en los esquemas donde el proyecto o el operador privado responden por el pago de obligaciones, el apetito de inversionistas y entidades bancarias vendrá determinado, entre otros elementos, por el historial del operador, el marco regulatorio, la generación de flujos de efectivo, la asignación de riesgos y el uso de mecanismos de mitigación como lo son las garantías crediticias, garantías otorgadas por las agencias de crédito a la exportación (ECAs), coberturas de riesgo político o  garantías estatales como por ejemplo los ingresos mínimos garantizados. En Costa Rica ir más allá del típico financiamiento con cargo al presupuesto nacional, permitiría efectuar un uso eficiente de los recursos públicos y a su vez potenciar el desarrollo del mercado financiero.

Estrategia de Comunicación. Por último,  es necesario que durante todas las etapas del proyecto se brinde la adecuada atención a mantener una comunicación directa y transparente con los diversos sectores involucrados, pues un proyecto aún siendo la mejor solución a las necesidades de la población y habiéndose estructurado bajo los más altos rigores técnicos, puede estar destinado al fracaso debido al desconocimiento popular y la ventaja que la desinformación constituye para quienes adversan un proyecto por simples intereses particulares, políticos o ideológicos.

Sin duda alguna, brindar una solución seria y sostenible a la crisis de infraestructura que atraviesa el país, requiere de la participación de profesionales de diversas disciplinas, de reformas institucionales profundas y sobre de aceptar el hecho de que para contar con infraestructura de primer orden es necesario, además de realizar un esfuerzo económico, el implantar sistemas de dirección orientados a todos el ciclo de vida de los proyectos.

 


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