Evaluación de Políticas Públicas

El último número de la Revista Temas para el debate (número 192, Noviembre de 2010) se dedica al análisis de la evaluación de políticas públicas. En las páginas centrales de la publicación, colaboran importantes expertos en la materia. Se plantea la evaluación de las políticas públicas como un instrumento de control y valoración que contribuye a aumentar la transparencia de las instituciones y de las Administraciones Públicas. En una época de cuestionamiento de la labor de los funcionarios, su excesivo número y coste, considero que es bueno preguntarse por esta actividad fundamental de evaluación de las políticas. Como indica el Profesor Miguel Beltrán, deben evaluarse los aspectos que tienen que ver con la eficacia de la acción pública, estimando si se ha logrado el objetivo pretendido; con la eficiencia, si se ha hecho a un costo adecuado, y con la calidad demandada por parte de los ciudadanos. ¿Está aplicando la Administración Pública española estos criterios?, ¿Se evalúa correctamente la actividad de nuestra Administración? .

Uno de los artículos que se incluye en el monográfico de la mencionada revista está escrito por Mª Luisa Carcedo, Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). Con el título “La institucionalización de la evaluación en España, la Sra. Carcedo señala que, en nuestro país, esta Agencia pretende impulsar desde las instituciones el desarrollo de la función evaluadora. En el contexto actual de crisis económica, la evaluación de las políticas públicas resulta absolutamente necesaria para actuar con eficacia, eficiencia y calidad de servicios. El proceso de institucionalización de la evaluación de las políticas es relativamente reciente. La AEVAL  se crea por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Su nacimiento se explica por el propósito del Gobierno de poner la Administración al servicio de los ciudadanos, haciéndola más transparente. Desde luego, las bases están puestas, la filosofía también, se trata, obviamente, de generar una nueva cultura de trabajo. Como dice otro de los colaboradores de la publicación, José Luis Osuna, ”la cultura de la evaluación es positiva porque ayuda a caminar hacia un modelo de Estado más eficiente y transparente”. Considero que en tiempos de tanta critica a la función pública, es un hecho a tener en cuenta los esfuerzos de la Administración para lograr la calidad de los servicios públicos, el papel fundamental que tienen los funcionarios para alcanzar una administración moderna y una gestión pública eficiente. Cabe preguntarse, eso sí, si se está consiguiendo o todavía queda trecho. !Esa es la cuestión¡

Enviar comentario / 02 nov 2010 por Jose Antonio Diaz
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La Administración Pública y la Sociedad de la Información

En el último informe de la compañía Telefónica sobre la Sociedad de la Información en España, 2009, se incluye un apartado sobre la Administración Pública y la Sociedad de la Información. También hay un artículo del Profesor de la Universidad Carlos III, José Vida Fernández, que plantea algunas cuestiones relacionadas con el futuro de la Administración Pública. Reproduzco un extracto de dicho artículo por su interés.

 “El futuro de las Administraciones Públicas depende, sin duda, de la evolución de la administración electrónica. En este sentido, la configuración actual de la administración electrónica dispuesta por la Ley 11/2007 sirve de base para reflexionar sobre algunas preguntas en torno a este futuro.

 ¿Cuándo estará plenamente disponible la administración electrónica?

 Teniendo en cuenta el estado actual del desarrollo de la Ley 11/2007, su plena aplicación exige todavía algunos años. Así será a pesar de los plazos previstos en la Ley 11/2007 y en las Directivas comunitarias, dada la imposibilidad material de cumplir con su contenido. Sin duda, a nivel estatal y de la mayoría de las Comunidades Autónomas la implantación de la administración electrónica se culminará a lo largo de 2011. Sin embargo, la situación de las Administraciones locales hace presagiar que en éstas el proceso se prolongará durante más tiempo.

 ¿Desaparecerá la administración tradicional para imponerse el monopolio de la administración electrónica?

 En primer lugar, debe recordarse que la administración electrónica no es sino una nueva forma de actuar de las Administraciones existentes que tenderá a desaparecer las formas de administración tradicionales. Sin duda este será el resultado final, pero en ningún caso será forzado ya que el acceso a través de medios electrónicos se ha configurado como derecho y, por ahora, sólo pueden imponerse a sujetos muy concretos (empresas, registradores) en el cumplimiento de trámites específicos. Por lo tanto, al mantenerse la posibilidad de optar por una tramitación tradicional o electrónica, se conservarán las formas ordinarias de administración, aunque es previsible que, a medio plazo, se multipliquen los trámites en los que las empresas y los ciudadanos deban realizar necesariamente por medios electrónicos. El incremento del uso voluntario de la administración electrónica terminará por desbancar a los medios tradicionales que se mantendrán de forma residual.

 ¿Se adaptará la administración electrónica a la constante evolución de los medios electrónicos que emplea?

 Aunque presenta algunas rigideces puntuales, el actual marco normativo es lo suficientemente flexible para permitir una adaptación a las novedades que vayan presentándose. Los nuevos fenómenos –como el enfoque colaborativo propio de la Web 2.0, las miniaplicaciones (gadgets) y otros– serán cada vez más rápidamente asumidos por las Administraciones Públicas. E incluso podría darse la inversión del fenómeno que las Administraciones Públicas desarrolle nuevas soluciones que posteriormente se generalicen y sean adoptadas por los ciudadanos y empresas en sus relaciones privadas.

¿Se mantendrán los actuales niveles de exigencia a los ciudadanos para el uso de la administración electrónica?

 Los ciudadanos no tienen precisamente fácil el uso de la administración electrónica lo que constituye una barrera para su generalización. Los actuales niveles de exigencia para la identificación y autenticación de los ciudadanos les disuaden de emplear estos medios: deben acceder mediante registros electrónicos concretos y a través de un formulario, y sus comunicaciones las reciben en una dirección de correo electrónico específica que prácticamente nadie solicita. Sin perjuicio de la seguridad e integridad de las comunicaciones, estos requisitos tenderán flexibilizarse para adecuarse a la situación actual en la que se impera un principio de buena fe (nadie acredita su identidad al presentar o firmar un documento), sin perjuicio de los mecanismos destinados a depurar los casos patológicos.”

 Hasta aquí el extracto del artículo. El informe de Telefónica es prolijo en datos sobre los indicadores de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de las Administraciones españolas. Es un estudio que se viene realizando desde hace años y que nos permite conocer el punto en el que nos encontramos en la modernización de las mismas, y el cambio que se puede producir en procesos y contenidos de trabajo. Recomiendo también analizar la evolución de la sociedad de la información en nuestro país.

2 comentarios / 18 jun 2010 por Jose Antonio Diaz
Futuro de la Administración /

Políticas de promoción del uso de Internet: los CAPI

     La Comunidad de Madrid ha decidido dejar de apoyar a los Centros de Acceso Público a Internet (CAPI), ¿la razón? Madrid es la región española líder en tecnologías de la información y comunicación. Esto es cierto, pero estamos muy lejos todavía de alcanzar una situación óptima en cuanto al uso social de las TIC, sobre todo si queremos una sociedad del conocimiento incluyente, en la que se tengan en cuenta tanto las necesidades de las empresas como de la ciudadanía. Como ha dicho Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión responsable de la Agenda Digital europea «Debemos situar los intereses de los ciudadanos y las empresas europeos entre las prioridades de la revolución digital y, de esta manera, maximizar el potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para incrementar la creación de empleo, la sostenibilidad y la inclusión social».

 Con estas palabras se presentaba esta Agenda Digital europea hace unos días (19/05/2010). Su aplicación pretende contribuir significativamente al crecimiento económico  de la UE y distribuir los beneficios de la era digital entre todos los sectores de la sociedad. Según se afirma en los documentos distribuidos por la UE, la mitad del aumento de la productividad registrado en los últimos quince años ha sido ya promovido por las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y es probable que esa tendencia se acelere. La Agenda fija siete campos de actuación prioritarios: creación de un mercado único digital, mejora de la interoperabilidad, incremento de la confianza en Internet y de la seguridad en línea, fuerte aceleración del acceso a Internet, aumento de la inversión en investigación y desarrollo, fomento de la alfabetización y la capacitación digitales y de la inclusión, y aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los retos que afronta actualmente la sociedad, como el cambio climático o el envejecimiento de la población. Ejemplos de beneficios derivados de esta iniciativa son la mayor facilidad de los pagos y la facturación electrónicos, el rápido despliegue de la telemedicina y la iluminación de bajo consumo energético. Para esos siete sectores, la Agenda Digital prevé unas cien medidas de apoyo, treinta y una de las cuales de carácter legislativo. La Agenda Digital es la primera de siete iniciativas emblemáticas al amparo de la Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrado.

 Los países que, efectivamente, tienen el liderazgo en esa sociedad del conocimiento, en cuanto a usuarios de Internet, están por encima del 80 por ciento, casi llegando al 90 por ciento (Suecia, 88%, Holanda, 87%; Finlandia, 83%).

 Comparando estos datos con España (INE 2009), tenemos que el 54% de los hogares españoles tiene acceso a la Red (8,3 millones de viviendas), y el 59,8% de la población ha utilizado Internet en los 3 últimos meses. La Comunidad autónoma con mayor porcentaje de viviendas con acceso a Internet es Madrid (64,3%).

 En lo relativo a usuarios, España (60%) está al nivel de Letonia (61%), República Checa (58%), Hungría y Eslovenia (56%). Madrid, La Comunidad efectivamente con mejores indicadores, y forzando las comparaciones de ámbitos diferentes, está al mismo nivel de Bélgica (69%), Francia (68%) y Estonia (66%). Muy lejos de los países de referencia en la sociedad del conocimiento, antes mencionados.

 No obstante, si bien la media de la Comunidad de Madrid es 67,8%, hay colectivos que están muy lejos de ese porcentaje:

• Solamente el 38,5% de las personas entre 55 a 64 años han utilizado Internet; y entre 65 y 74 años, el porcentaje desciende hasta el 17,5%
• Y esto es especialmente grave en el caso de las mujeres, ya que solamente el 33,5% de las mujeres de 55 a 64 años son usuarias de Internet, y entre las mayores de 65 años (hasta los 74) el porcentaje es de un escasísimo 8,5%
• También entre las personas que tienen estudios primarios hay porcentajes bajísimos, el 17,3%. Lo mismo entre aquellas que se dedican las labores del hogar (14,3%), muy lejos de lo que usted ha descrito como necesidades cubiertas.

 Estos datos describen una comunidad fragmentada, con una brecha digital profunda: de género (las mujeres están discriminadas), generacional (los mayores de 55 años también lo están), y  por el nivel de estudios y profesión. Esos son los perjudicados de la ausencia de una política adecuada de fomento de las TIC. A pesar de esa realidad, el Gobierno Regional de Madrid deja de apoyar los CAPI.

 Lo más significativo de los países con indicadores de penetración casi universales es que, en contra de la política de eliminación de los CAPI, sí promueven centros comunitarios de conexión a Internet: llámense Telecottage o Telecentre, con funciones, como:

 

• Formación
• Comunicación,
• Fomento de la democracia o participación ciudadana
• Y  teleworking, fomento del trabajo a distancia

 ¿Y en Madrid, no son necesarios?

Enviar comentario / 04 jun 2010 por Jose Antonio Diaz
Centros de Acceso Público a Internet (CAPI) /

¿Hay demasiados funcionarios en España?

Esta es una cuestión importante que convendría debatir. En las últimas semanas han aparecido noticias sobre el tema en los medios de comunicación. Por ejemplo, el suplemento Mercado de El Mundo, del domingo 11 de abril de 2010, abría con el siguiente titular: “La factura récord de los funcionarios”, y, a continuación, añadía: “El coste del empleo público se ha duplicado en una década. En 2009, su masa salarial subió un 5,6%, hasta 125.000 millones. Mientras, las nóminas del sector privado caían un 5.4%”.

Las recetas de algunas personas para salir de la actual crisis parece que incluye una política restrictiva hacia el empleo público. De hecho, la misma noticia, haciéndose eco de la opinión de expertos, señala que “el plan de austeridad del Gobierno para situar el déficit en 2013 en tasas del 3% no logrará su objetivo a menos que se congelen o se bajen los sueldos públicos, no se produzcan nuevas contrataciones o se modifique el actual estatus de empleo vitalicio”. Surgen muchas cuestiones: ¿Es posible bajar el sueldo de los funcionarios? ¿Se puede congelar la contratación de funcionarios? e, incluso, ¿puede darse un estatus de funcionario sin garantía de continuidad?, Bueno, esas son las cuestiones planteadas. Desde luego, lo de bajar el sueldo es una decisión inédita y que sin duda provocaría un grave conflicto social, no lo es la congelación de sueldos. De hecho, se hizo con el Gobierno del Presidente Aznar, pero el actual Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero no lo contempla  ¡por ahora¡ La congelación de las plantillas de funcionarios tiene algunas dificultades: hay nuevos servicios, como la creación de hospitales o escuelas, que requieren trabajadores y trabajadoras; incrementar algunos servicios, como los de seguridad, o renovar plantillas. Tenemos un sector público con algún síntoma de envejecimiento: alrededor del 15% de los funcionarios tiene más de 55 años.  Por lo tanto, la política de personal de las Administraciones Públicas no se puede hacer con trazos gruesos, sino teniendo muy en cuenta la calidad de los servicios públicos y las crecientes necesidades de una ciudadanía cada día más exigente. Crear una Administración Pública moderna y eficiente es una exigencia ineludible, debe cambiarse la idea que asimila al funcionario con burocracia, gasto e ineficiencia. Cualquier país moderno y avanzado, lo es precisamente por su Administración Pública, porque coadyuve ésta a crear una sociedad de bienestar social y progreso económico, un sistema con una innovación sostenible.

3 comentarios / 23 abr 2010 por Jose Antonio Diaz
función pública /

Administración Electrónica ¿Para qué o Cómo?

Desde el pasado enero, todos tenemos el derecho a acceder a las Administraciones Públicas vía telemática. Así lo establece la Ley 11/2007 de acceso electrónico a los servicios públicos, y traza el camino hacia la Administración Electrónica. Es de suponer que la accesibilidad electrónica a los servicios públicos debe facilitarnos los trámites: ¿será posible prescindir de tanto papeleo, tanta ventanilla, tanta dilación en la gestión administrativa? Tengo dudas de que hábitos, inercias y cierta cultura tradicional se cambie por Ley, tampoco en la Administración Pública; pero tengo la certeza de que ese es el camino por el hay que transitar.

Los datos que proporciona el Gobierno son significativos, alguno muy optimista:

• Se pueden realizar 3.500 trámites Administrativos
• Más de 15 millones de españoles cuentan con el DNI electrónico
• La nueva Administración permitirá ahorrar más de 3.000 millones de euros anuales

¿Qué habría que cambiar para que la Administración electrónica fuera una realidad?

Primero, hay que solucionar la “brecha digital”: solamente el 54% de los hogares españoles tiene acceso a la Red (8,3 millones de viviendas). En lo relativo a usuarios de Internet, España (60%) está al nivel de Letonia (61%), República Checa (58%), Hungría y Eslovenia (56%). Muy lejos de los países de referencia en la sociedad del conocimiento: Suecia (88%); Holanda (87%) o Finlandia (83%).

Pero, incluso en Madrid, que es  la Comunidad con mejores indicadores de la Sociedad de la Información (o del Conocimiento) el problema lo tienen determinados colectivos sociales. Si bien los usuarios de Internet en la Comunidad de Madrid alcanza el 67,8% de la población, hay colectivos que están muy lejos de ese porcentaje:

• Solamente el 38,5% de las personas entre 55 a 64 años han utilizado Internet; y entre 65 y 74 años, el porcentaje desciende hasta el 17,5% (más del 60% y del 80% respectivamente no son usuarios).
• Y esto es especialmente grave en el caso de las mujeres, ya que solamente el 33,5% de las mujeres de 55 a 64 años son usuarias de Internet, y entre las mayores de 65 años (hasta los 74) el porcentaje es de un escasísimo 8,5%.
• También entre las personas que tienen estudios primarios hay porcentajes bajísimos, el 17,3%. Lo mismo entre aquellas que se dedican las labores del hogar (14,3%).

Segundo, cambiar la cultura de la Administración Pública, y especialmente las capacidades de los trabajadores de las Administraciones: nuevas cualificaciones, nuevos roles y diferente actitud hacia el ciudadano, pues de lo contrario podrían desaparecer las ventanillas, en los mostradores, pero permanecer en las mentalidades. Por otra parte, posiblemente, deba cambiar la propia organización de la Administración: con frecuencia se habla de la importancia del Software, también del hardware. Pero nadie se acuerda del Orgware. Tenemos los programas, tenemos las herramientas, pero ¿tenemos la organización adecuada?. Corremos el peligro de hacer las mismas cosas, de la misma forma, pero a través de medios más sofisticados; y esa no es la solución, ni puede ser el futuro. Se precisa un cambio cualitativo, una nueva organización del trabajo en la Administración Pública. Las nuevas tecnologías son una oportunidad, y permiten una organización más eficiente… y más amigable, !por favor¡ (José Antonio Díaz)

2 comentarios / 06 abr 2010 por Jose Antonio Diaz
administración electrónica /

La nueva Ley de la Ciencia o ¿cómo invertir mejor en I+D?

El Gobierno ha aprobado (Consejo de Ministros 12/03/2010) el anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que, tras su trámite y aprobación definitiva, vendrá a sustituir a la que está en vigor desde 1986 y debe ser una pieza clave en :

1. La consolidación de la ciencia e investigación española
2. En el desarrollo de una economía sostenible en nuestro país.
3. Y en el cambio de modelo productivo.

 

El anteproyecto propone sustituir las becas de los investigadores por contratos, con todas las prestaciones sociales.

Para los doctores, la Ley propone un procedimiento de acceso al empleo público que les procure una carrera estable y predecible.

¿Lo ven así los Agentes sociales?

La verdad es que FETE UGT ha manifestado sus reservas, y considera que el anteproyecto entra como “un elefante en una cacharrería” y se dedica a modificar de un plumazo el marco legislativo de las universidades. Y hace algunas preguntas interesantes: ¿Es consciente el Ministerio de Educación de esta ingerencia en su campo de acción?. ¿Ha sido consultado?. ¿Está de acuerdo? ¿Tenemos que pensar que el Ministro Gabilondo quiere esto para la universidad pública?  ¿Qué opina la CRUE de esta Ley?

CCOO plantea también la cuestión del Ministerio de Educación, y señala que introduce por la puerta de atrás una sustancial reforma de las principales reglas en materia de personal docente e investigador.

Un elemento clave del Anteproyecto es la creación de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de unificar la gestión de los recursos públicos que ahora se destinan a I+D+i en distintos organismos. (“Disposición adicional decimosegunda. Autorización legal para la creación de la Agencia Estatal de Investigación.”).  El Anteproyecto plantea una reorganización de los actuales Organismos Públicos de Investigación a través de la creación de nuevas Agencias Estatales con el objetivo de mejorar su eficacia y coordinación e, igualmente, implantar mecanismos de rendición de cuentas e incrementar la cooperación entre éstos y otros agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Para conocer todos los contenidos del Anteproyecto, consúltalo aquí.

En mi opinión, el cambio propuesto por el anteproyecto va por el buen camino. La Agencia Estatal para la ciencia puede convertirse en un instrumento de coordinación de los diversos actores del Sistema Español de Ciencia, y, desde luego, debe mejorar la propia gestión de dicho sistema, en cuanto a recursos humanos, financieros y de procedimiento administrativo.

 Ahora empieza el debate, y no solo el debate parlamentario. Es importante contrastar las propuestas del Ministerio de Ciencia con otros Ministerios, de forma destacada con el de Educación, donde están buena parte de los investigadores españoles; también el de Industria, con actuaciones en el campo de desarrollo tecnológico y de innovación; pero también con las universidades, sindicatos, empresarios, asociaciones de investigadores, etc.

Son muchos los temas que se plantean sobre cómo gestionar el sistema de ciencia español. La Anteproyecto de Ley plantea un cambio sustancial sobre la naturaleza de los centros de la I+D, su modo de gestión y autonomía, y la definición de la carrera de los investigadores. Conviene fomentar un debate que clarifique posiciones e ideas, pues de ello depende la mejora del marco en el que debe desarrollarse una actividad fundamental para nuestro futuro.

Enviar comentario / 26 mar 2010 por Jose Antonio Diaz
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