Buzz y el tribunal constitucional alemán

Francis Pisani contaba ayer en “La precipitación de Google Buzz” cómo la cuestión de fondo en el lanzamiento malogrado de la nueva herramienta de Google (que pone al descubierto, sin tapujos ni recortes, a todos nuestros contactos y a todos los mensajes que intercambiemos) es la privacidad o, más bien, la falta de privacidad, la exposición pública y sin cortapisas de nuestra intimidad. En el debate consiguiente el Consejero Delegado de la firma norteamericana, Eric Schmidt, parecía tenerlo claro:  “si hay algo que no desee que alguien conozca, para empezar, no debería hacerlo”.

No parece que la comprensión norteamericana del derecho inviolable a la intimidad sea compartida por la Unión Europea o, al menos, por uno de sus países principales: el Tribunal Constitucional Alemán viene de condenar el almacenamiento indiscriminado de datos personales de los usuarios de internet sin motivo justificado, ni siquiera los seis meses que antes se consideraban preceptivos, lo que ha dado la razón al Partido Pirata alemán, que venía reclamando hace tiempo lo que los circunspectos jueces del constitucional han reconocido: que el acopio indiferenciado de datos privados (no de las IPs, que son dinámicas, y que sí pueden recogerse porque no delatan tendencias ni propensiones) puede socavar gravemente la confianza de los ciudadanos en los medios de información digital al sentir un difuso sentimiento de amenaza o vigilancia permanente.

La reponsabilidad de que estas medidas se cumplan, según el Constitucional, recaen en las operadoras telefónicas -inspeccionadas por las autoridades públicas-, que si bien deben correr con los costes que de eso se deriven también se benefician con creces del tráfico digital. Al mismo tiempo, el Parlamento alemán publica una encuesta entre los miembros de sus diferentes partidos como fundamento común de una política consensuada sobre el papel del Estado en la sociedad digital: su función, se dice en el documento, debe ser la de “garantizar el funcionamiento y la integridad (de Internet) como bien común”, ni más ni menos. Cada partido insiste en un aspecto concreto de esa comunalidad (la CDU gobernante en que Internet es un espacio sujeto a derecho; la FDP en garantizar la privacidad; los Verdes en el uso de estándares abiertos y software libre), pero todos comprenden que Internet es el procomún moderno por antonomasia.

La computación en nube, herramientas como Buzz y otras muchas, se sitúan en un limbo legal que atenta contra garantías fundamentales del Estado de derecho. ¿Cuál es nuestra política en este sentido?

No hay comentarios / 05 Mar 2010 por Joaquín Rodríguez López
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